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El ministro del Interior, Sabas Pretelt, defiende a capa y espada la tarea de reinserción que está haciendo la oficina bajo su mando. No obstante que el número de desmovilizados rebasó todos los cálculos económicos que tenían en el Ministerio

Justicia y paz

La manzana de la discordia

La reinserción tiene enfrentados a Luis Carlos Restrepo y Sabas Pretelt. Mientras ellos pelean, los problemas de los desmovilizados se convierten en una bomba de tiempo.

8 de abril de 2006

El jefe paramilitar 'Ernesto Báez' anunció hace tres semanas que muchos desmovilizados se están rearmando. El Alcalde de Pasto ha dicho públicamente que no tiene idea quiénes son ni dónde están y que ve con preocupación cómo aumenta la criminalidad en esa ciudad. El Alcalde de Buenaventura dice que se la pasa de oficina en oficina tratando de resolver los líos que tiene con los desmovilizados que se han instalado en ese puerto. En un pueblo en Antioquia hicieron masivas manifestaciones para evitar que llegaran ex combatientes a vivir allí. Crece la alarma con noticias como la de dos desmovilizados que habrían matado a un periodista en Córdoba o la de un plan pistola en Antioquia para matar a los ex paramilitares.

Pero, mientras crece la preocupación, en el gobierno están peleando. La discordia está casada desde el año pasado entre el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, y el ministro del Interior, Sabas Pretelt. Ambos habían tenido ya su rifirrafe a raíz de la Ley de Justicia y Paz, en febrero de 2005, cuando el ministro presentó un proyecto contrario al que defendía Restrepo. En esa ocasión, el Comisionado renunció y ambos funcionarios se liaron en una disputa pública. El segundo round fue en agosto, cuando en un debate en el Congreso Restrepo dijo que: "No podemos seguir maquillando la realidad, no podemos seguir respondiendo a quienes nos dicen que el programa de reinserción no está funcionando simplemente con respuestas globales y genéricas. Creo que es el momento de una decisión urgente y profunda", dijo. Entonces, Pretelt cerró filas para defender la oficina de reinserción, que depende del Ministerio del Interior, y a su director, Juan David Ángel, quien era el blanco de las críticas.

Aunque el debate no volvió a salir a la luz pública, en el alto gobierno hay una agria disputa por este tema, y una soterrada guerra fría que aún está lejos de terminar. En este enfrentamiento hay celos institucionales, algunas diferencias de concepto y mucho de vanidad.

Los celos institucionales, que no son nuevos, se han exacerbado más de la cuenta en los últimos meses. Uno de los floreros de Llorente son los proyectos productivos de los desmovilizados de las AUC, cuyo diseño y monitoreo dependen de Juan B. Pérez, quien trabaja directamente con Luis Carlos Restrepo. Estos proyectos son la columna vertebral de la reinserción en regiones como Córdoba, Urabá y Antioquia. Y nadie se explica por qué se mantienen bajo la tutela de Restrepo cuando deberían estar dependiendo del Ministerio del Interior.

Similar situación ocurrió con un fondo de paz asignado a la Oficina del Alto Comisionado, cuyos recursos fueron usados sobre todo para financiar la etapa de concentración y entrega de armas. Ese fondo tiene la ventaja de que se puede gastar sin los requisitos de la Ley 80, lo que significa que se puede usar rápido y sin mayores trámites. El uso de este fondo se convirtió en un problema permanente entre las oficinas, al punto que resultó preferible acabar con él.

Otra situación que ha generado tensiones entre Restrepo y Pretelt es la lista de los desmovilizados. Mientras el Comisionado se enorgullece de haber desmovilizado a 28.000 paramilitares, Pretelt no entiende cómo en un año la cifra se disparó, con las consecuencias obvias que esto tiene para un proceso de reinserción que se había planeado para 20.000 hombres.

Como si fuera poco, una vez acabada la etapa de desarme, Pretelt parece estar 'completando' la tarea de la negociación, en conversaciones con los jefes paramilitares, por orden directa del Presidente. La semana anterior anunció que los jefes paramilitares se habían comprometido a entregar varios miles de hectáreas de tierra, y se supo que en sus conversaciones con los jefes paras se ha hablado del pago de penas, de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, y hasta de extradición.

Al tema de los celos institucionales hay que sumarle el de las diferencias de conceptos. Mientras Luis Carlos Restrepo ha defendido la idea de crear un alto comisionado para la reinserción, el Ministro ha defendido a capa y espada la oficina bajo su dependencia que dirige Juan David Ángel. En este terreno ambos tienen algo de razón. Restrepo piensa que hay que subirle el perfil al tema, lo cual comparten muchos en el gobierno. El vicepresidente Francisco Santos, por ejemplo, ha planteado la necesidad de crear un ministerio para el posconflicto que maneje no sólo reinserción, sino reparación y reconciliación. Otros funcionarios consideran que por lo menos se debía crear un viceministro, pues el nivel actual de la oficina de Ángel es demasiado operativo y precario para dirigir un programa de alto impacto en el país. En la otra orilla de este debate está Pretelt, que considera que la oficina viene cumpliendo bien su tarea y que gran parte del éxito de la reinserción depende de lo que hagan los municipios y los departamentos.

En el gobierno no hay claridad sobre qué hacer, y eso tiene consecuencias graves. Esta imagen de 'despelote' ha generado temores en algunos organismos internacionales que están dispuestos a colaborar, pero no ven claro cuál es el plan de largo plazo del gobierno. "Estamos trabajando con la metodología de ensayo y error", dijo Pretelt hace dos semanas. Una frase que dejó con zozobra a la comunidad internacional.

Muchos expertos han advertido que el desarme no es el fin, sino el principio de las dificultades que debe afrontar un país. Que el llamado posconflicto puede dar al traste con un intento de cesar la violencia, si se hace mal. Y el riesgo de hacerlo mal es tan alto, que ningún país del mundo se puede tomar como ejemplo de cómo hacerlo.

Si la reinserción falla, muchos ex combatientes se vinculan a redes criminales, y se pierde una oportunidad única para cerrar el ciclo de violencia. El riesgo es demasiado alto. Y ni las vanidades de poder de dos altos funcionarios, ni la campaña reeleccionista pueden frenar un debate urgente. Hay suficiente evidencia de que se necesita mucho más esfuerzo en reinserción y que estos meses son cruciales para resolver los problemas que saltan por todos los flancos.

Ojalá el país no repita la historia del pueblo donde alguien se levantó con el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Al final, todos estaban tan convencidos de que una desgracia estaba cerca, que quemaron el pueblo. Y sobre las cenizas, se ratificaron en que sus presentimientos eran ciertos, y que algo terrible acababa de pasarles.