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| 2/24/2007 12:00:00 AM

La masacre

Si la Fiscalía demuestra que un grupo de militares participó en la masacre de San José de Apartadó, el gobierno tendrá que enfrentar el caso más grave de violación de derechos humanos. El Ejército acusa a las Farc, y en el Congreso de Estados Unidos peligran los fondos del Plan Colombia.

Hace dos años una masacre estremeció a Colombia. Dos familias que hacían parte de la comunidad de paz de San José de Apartadó fueron cruelmente asesinadas. Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza fueron muertos a machetazos. Al lado de sus cadáveres, yacía el de Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado. Los cadáveres quedaron tendidos al lado de un río en la vereda Mulatos, expuestos a los animales de carroña. Mientras tanto, en una vereda contigua, La Resbalosa, otra familia era aniquilada. Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 añitos, así como Alejandro Pérez, jornalero de la finca, fueron asesinados. Los criminales los enterraron a todos en una fosa común, después de haber mutilado sus extremidades.

La matanza ocurrió a pocos kilómetros del lugar donde estaban las tropas del Ejército que habían llegado hasta allí para proteger a la población civil. Las mismas que ahora son sospechosas del horrendo crimen.

Desde cuando ocurrieron los hechos, el 21 de febrero de 2005, tanto la comunidad de paz como sus mentores más reconocidos: la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, acusaron a miembros de la Brigada XVII del Ejército como autores de la masacre. Muchos de ellos creían que estas muertes eran una retaliación de los militares porque una semana atrás las Farc le habían dado un durísimo golpe al Ejército en Mutatá. Como si fuera poco, el Bloque Bananero de las autodefensas se había desmovilizado hacía tres meses, y todo indicaba que las Farc intentarían una ofensiva para recuperar la región. Las cordilleras que rodean este corregimiento son un corredor de la guerrilla y una zona de retaguardia. Muchos en esta comunidad interpretaron la masacre como un aviso a la insurgencia. El aviso de que sus acciones de guerra les serían cobradas a los civiles de San José, muchos de los cuales son familiares de guerrilleros.

Las Fuerzas Militares desde un primer momento culparon a las Farc, apoyadas no sólo en la evidencia de que también había presencia de los guerrilleros en la zona, sino en los testimonios de desertores de ese grupo.

Después de la masacre, la investigación parecía estar en un punto muerto, muy a pesar de la enorme presión internacional que había sobre la Fiscalía para que presentara resultados. Los organismos de derechos humanos no cesaron de preguntar durante este tiempo qué avances había. En particular la Corte Interamericana que le había ordenado al Estado colombiano medidas especiales de protección para esta comunidad. El tema de esta masacre también ha estado en primera línea en la agenda del Departamento de Estado de Estados Unidos, y ha sido preocupación constante de congresistas demócratas. Especialmente de Patrick Leahy, quien preside el comité de apropiaciones del Senado, y uno de los que promovió el año pasado que se congelaran los dineros del Plan Colombia hasta que se aclarara esta masacre.

Pero la gente de San José de Apartadó se negaba a hablar con la Fiscalía. Una larga historia de impunidad les había roto la confianza en la justicia y prefirieron guardar silencio. La investigación parecía estar en un callejón sin salida, hasta que, hace pocos meses, se obtuvieron nuevas pruebas. El fiscal del caso logró establecer que el Ejército estaba mucho más cerca del sitio de la masacre de lo que se había dicho inicialmente. Se hicieron inspecciones en el lugar de los hechos y se consiguió, por fin, que algunos miembros de esa comunidad rompieran su silencio. Con base en estos indicios, la Fiscalía llamó a indagatoria a dos oficiales, nueve suboficiales y 58 soldados "por su presunta autoría en los delitos de homicidio en persona protegida y terrorismo".

Los militares pertenecen todos a la compañía Alacrán, del Batallón de Contraguerrilla 33 Cacique Lutaima. Esta decisión significa que los fiscales se han inclinado hacia la tesis que durante estos meses ha sostenido la comunidad de paz: que los responsables de estas muertes podrían estar en las filas del Ejército. Si bien los investigadores escucharán el testimonio de todos los militares que estuvieron allí, no necesariamente todos terminarán involucrados penalmente. De hecho, la Fiscalía tampoco ha descartado otras hipótesis, ni ha cerrado la posibilidad de que las Farc también hubieran actuado, pues para todos es claro que esta guerrilla estaba en la zona.

La intolerancia

Esta masacre es el epílogo de una larga historia de intolerancia. San José de Apartadó es un corregimiento conocido en todo Urabá por su influencia comunista. Para las Farc es un territorio estratégico que conecta Córdoba, Antioquia y Chocó, y que les permite salir tanto al mar Caribe como al océano Pacífico. Cuando el proyecto paramilitar se consolidó en Urabá, San José de Apartadó se convirtió en una isla. La manera de protegerse de la agresión paramilitar fue declararse comunidad neutral, con el apoyo de la Iglesia. Decenas de organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales comenzaron a apoyarla. La gente de San José se opuso a la presencia de Policía o Ejército en su territorio, pues, según denunciaron hasta el cansancio, éstos actuaban de la mano con las autodefensas. Tampoco pudieron evitar que las Farc siguieran allí. Esa presencia se convirtió en su peor maldición. Ni las masacres ni los asesinatos cesaron. Guerrilla y paramilitares mataron a más de 150 personas de este corregimiento en la última década.

Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que se les protegiera. Para el gobierno se convirtió en un dilema darle seguridad a una comunidad que desconfiaba profundamente de las instituciones y que quería vivir al margen del Estado. Cada operación de policía o militar terminaba en nuevos enfrentamientos judiciales entre la comunidad y el gobierno. Hasta la masacre que polarizó aun más las cosas.

De todas las violaciones a los derechos humanos que se les han atribuido a miembros del Ejército, esta es la más grave. Primero, por la magnitud del crimen. En La Resbalosa murieron tres niños, el menor de ellos de 2 años. Sus muertes fueron premeditadas y crueles. La manera como se hizo denota odio. Algo que es totalmente ajeno a un acto de guerra y que sólo se puede considerar como un crimen atroz.

En segundo lugar, el Estado colombiano tendrá que pagar muy caro por ello. Más caro que en ningún otro caso. No sólo en reparación a las víctimas, sino que tendría que pagar un alto costo político, pues tanto la comunidad de San José de Apartadó como el gobierno han hecho una intensa diplomacia en el exterior para responsabilizar de esta masacre, los unos al Ejército, y el otro a las Farc. Si la justicia demuestra que la matanza es obra de miembros del Ejército, el gobierno queda muy mal parado.

En el terreno jurídico también tendría saldo en rojo. Colombia se comprometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a darles protección especial a estas personas, justamente porque eran vulnerables. Al parecer, no sólo no logró protegerlas, sino que además, quienes tenían esa misión posiblemente actuaron como victimarios. Quizá la reacción más fuerte venga de Estados Unidos, donde la mayoría demócrata del Congreso puede castigar esta actuación reduciendo la ayuda económica del Plan Colombia o condicionándola aun más.

En tercer lugar, la legitimidad del Ejército frente a sus propios ciudadanos quedará muy maltrecha. Denuncias por ejecuciones extrajudiciales, corrupción y falsos positivos muestran que los casos aislados son más frecuentes de lo que se piensa. Y que no basta con paños de agua tibia. Se requiere una reforma de fondo que ponga los derechos humanos como columna vertebral de su actuación.

La indagatoria, así no sea todavía una acusación formal, debería generar un reflexión a fondo en las Fuerzas Armadas, más que una actitud defensiva. Los militares de la compañía Alacrán han sido vinculados no sólo por homicidio, sino por terrorismo. En este caso, terrorismo de Estado. Una de las más graves acusaciones que se pueda hacer contra un militar y contra una Nación.

Nada justifica esta masacre. Ni las suspicacias que genera la comunidad de paz entre las Fuerzas Armadas. Ni los lazos de consaguinidad que hay entre los habitantes de San José de Apartadó y muchos guerrilleros de las Farc. Ni la presencia de la insurgencia en ese territorio. Los muertos eran civiles. Y lo que es peor, tres de ellos eran niños. Por eso quienes la cometieron tendrán que pagar por ello. Sean militares o no.
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