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| 10/13/2003 12:00:00 AM

La metamorfosis

El dilema del gobierno con la ley de alternatividad penal es que los narcos se camuflen como paramilitares para lavar sus bienes y su pasado. Esto complicaría cualquier negociación

El martes pasado el presidente Alvaro Uribe invitó a los senadores de la comisión primera a desayunar en el Palacio de Nariño. El objetivo de la reunión era escuchar sus dudas respecto del proyecto de ley de penas alternativas para guerrilleros y paramilitares que habiendo cometido delitos atroces opten por desmovilizarse. Uribe le pidió a cada congresista que expresara su posición respecto a la iniciativa y, sin darse cuenta, abrió la caja de Pandora.

El senador Antonio Navarro propuso congelar el proyecto hasta que madurara más el proceso con los paramilitares, de tal forma que la solución jurídica viniera por añadidura en cambio de arrancar las negociaciones por el perdón. El presidente del Congreso, Germán Vargas Lleras, ripostó. Dijo que, al contrario, la comisión debería discutir el proyecto. Uribe terció insistiendo en que el gobierno necesitaba el instrumento jurídico para avanzar en la desmovilización individual y colectiva de los hombres armados.

Después el representante del Polo Democrático, Carlos Gaviria, planteó la paradoja de que mientras delincuentes comunes purgarían largas penas por robar carros los beneficiarios de esta ley no pagarían ni un día de cárcel por sus masacres, torturas y secuestros. Uribe los desconcertó a todos con su respuesta: admitió que era cierto que había una desproporción entre unas penas y otras y propuso que si el Congreso consideraba que debería excarcelar a los demás delincuentes discutiera una iniciativa en ese sentido. Fue tan sorprendente la propuesta, viniendo de quien llegó a la Presidencia montado sobre la imagen de un hombre duro e inflexible con el crimen que los congresistas quedaron mudos. Sin embargo, Mario Uribe reaccionó y pidió no desviarse del objetivo central del debate.

El senador liberal Rodrigo Rivera pidió la palabra y preguntó qué iba a pasar con aquellos narcotraficantes que buscarían camuflarse de guerrilleros o paras para lavar su conducta y blanquear sus bienes. Y con la extradición de los cabecillas pedidos por Estados Unidos. Rivera puso el dedo en la llaga.

El Presidente fue enfático frente al primer punto y más diplomático frente al segundo. Dijo que una cosa son los paramilitares o guerrilleros que se financian con el narcotráfico y otra cosa muy distinta aquellos narcotraficantes que se escudan en cualquiera de los dos grupos para beneficiarse de la ley y lavar así sus dineros ilícitos. Explicó que la ley de suspensión de penas sólo debería cobijar a los primeros.

Frente a la extradición su posición fue mucho menos contundente. Lo que dijo Uribe fue que no estaba dispuesto a arriesgar los acuerdos internacionales de Colombia y que en esa medida consideraba que Estados Unidos tenía derecho a exigir la extradición de las personas vinculadas al narcotráfico. Fue enfático en que no iba a alterar su lucha frontal contra este flagelo, que lo había llevado no sólo a fumigar más coca que ningún gobierno anterior sino también a firmar la extradición de 96 colombianos en lo que iba de su mandato.

Pero que, en últimas, el tema de la extradición de los jefes de estos grupos se terminará resolviendo con hechos políticos y actos que demuestren la seriedad de su compromiso de insertarse a la sociedad y abandonar el narcotráfico y sus actividades delictivas. "Es decir, que la única manera es que en el tiempo le demuestren a la comunidad internacional con hechos que para permitir que el proceso avance es mejor que no soliciten la extradición", confirmó la Casa de Nariño.

Palabras más, palabras menos, Estados Unidos conservará el garrote pero Uribe eventualmente mediaría para que sólo le den en la cabeza al que se porte mal. Esta interpretación es opuesta a la que se filtró a los medios en el sentido de que los beneficios de la ley no se harían extensivos a aquellos que estaban pedidos en extradición y ante la cual reaccionaron las AUC al día siguiente en una nota editorial de su página web.

¿Que está en juego?

Aunque el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, salió de la reunión satisfecho por la discusión franca, abierta y a fondo que se había hecho, la percepción de la mayoría de congresistas es que el Presidente tenía bastante afán de sacar adelante este instrumento jurídico y de que había cierta improvisación respecto a la política de desmovilización de guerrilleros y de paras y frente a la negociación con estos últimos. Todos rescataron, sin embargo, el interés que demostró el Presidente de que la ley no vaya a ser aprobada por unas mayorías precarias en el Congreso para que cuente con una mayor legitimidad tanto nacional como internacional.

"Fue tan importante que incluso permitió una siguiente reunión del gobierno con los ponentes para mirar asuntos más puntuales", dijo Restrepo. Tanto el Comisionado como el viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, se reunieron el miércoles con cuatro de los seis ponentes para explorar ajustes al proyecto. La idea es que éste además incorpore las sugerencias que han hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la embajada de Estados Unidos.

Porque como dijo el senador Rivera en la reunión, lo difícil no es que el Congreso apruebe un proyecto que sea laxo con los violentos, eso ya lo ha hecho en el pasado muchas veces. "El dique de contención es la opinión pública y sobre todo la internacional", dijo el senador a SEMANA.

En este sentido el gobierno tiene dos desafíos. El primero es convencer a Europa de que el juicio que se les hará en Colombia a los autores de delitos atroces respeta los principios universales de verdad, justicia y reparación y que no será un simulacro para evadir la justicia internacional.

Aunque normalmente se piensa en la Corte Penal Internacional como el 'coco' que podría venir y llevarse a Castaño y a Mancuso a responder por una masacre o al 'Mono Jojoy' por sus miles de secuestros, lo cierto es que esta Corte sólo tiene jurisdicción sobre los delitos atroces cometidos después de julio de 2002 que no sean debidamente juzgados en el país. Representan en cambio un mayor riesgo para el futuro jurídico de estos líderes guerrilleros o paramilitares las cortes españolas, belgas y francesas que, cobijadas bajo la llamada 'jurisdicción universal' para delitos graves, podrían juzgar a cualquiera de los jefes de las Farc, el ELN o los paramilitares. Bajo esta doctrina, según la cual los delitos de lesa humanidad pueden ser castigados en cualquier lugar del mundo, el juez español Baltasar Garzón extraditó con éxito a Ricardo Miguel Cavallo, el ex militar argentino acusado de cometer crímenes de lesa humanidad hace más de una década. Más recientemente un juez belga ordenó la captura de unos industriales de Ruanda que financiaron a los tutsis para masacrar hutus en Africa. Y hace dos meses el Parlamento belga tuvo que flexibilizar la ley de jurisdicción universal sobre delitos atroces para que el primer ministro israelí, Ariel Sharon, pudiera viajar a Europa. Un juez belga le había abierto un dossier por la masacre de Sabra y Shatila cometida hace más de 20 años cuando comandaba el ejército de su país.

El segundo desafío, y el más importante, es convencer a Estados Unidos de que esta ley no se usará como compuerta para una gigantesca operación de lavado de dinero de narcotráfico. No será fácil.

Las AUC han ido vendiendo frentes a narcotraficantes que por varios millones de dólares adquieren grupos de combatientes entrenados y armados, la franquicia paramilitar y el derecho a explotar la coca y las rutas de tráfico de la droga en una región determinada. "Los presentan como los nuevos comandantes de la zona y eso les da el derecho para delinquir allí", dice un conocedor del tema.

Según información de la Fiscalía, los mellizos Víctor Manuel y Miguel Angel Mejía, con orden de captura por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, le pagaron a la Auc dos millones de dólares para operar un frente paramilitar en Arauca.

Y en Tumaco, según información de la Armada Nacional, Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano', condenado por narcotráfico en 2000, asumió como comandante paramilitar del Bloque Libertadores del Sur que opera en Tumaco. 'Sevillano', que coordinaba las mulas del cartel del norte del Valle, pagó a las AUC varios millones de dólares por el control de la ruta de narcotráfico entre Buenaventura y Tumaco y por la franquicia para.

Por último, es vox populi en los Llanos, y ha sido denunciado en los medios, que las AUC vendieron la comandancia del Bloque Centauros que opera en el Meta, Vichada y Casanare por más de cinco millones de dólares, y por más del doble vendieron la comandancia del Guaviare.

Esta 'venta' de franquicias existe desde hace más de cinco años. Mancuso ha explicado que la gente de las zonas en conflicto busca a la comandancia de las Auc para que les ayuden a montar autodefensas y que ellos los asesoran y los capacitan.

El riesgo es que esta ley incentive aún más esta práctica. La norma propuesta por el gobierno concede el beneficio de la suspensión de la pena de cárcel para los autores de los delitos atroces que se desmovilicen individual o colectivamente y manifiesten una intención seria de propender por la paz de Colombia pero no exige la desaparición del grupo armado y ni siquiera que esté inmerso en un proceso de paz.

Esto hace factible que aquellos paramilitares que se arrepientan o que quieran una jubilación anticipada para disfrutar de sus bienes en paz vendan antes sus frentes a narcos dispuestos a pagarles las millonarias sumas que exigen por figurar como comandantes en una zona. Cuando estos nuevos paramilitares se cansen y consideren que ya le sacaron las suficientes utilidades a su 'franquicia', no sólo con la coca sino también con el robo de combustible y la extorsión en la región, revenden el frente y se acogen a los beneficios de la ley. Entran así a la vida civil sin pagar un día de cárcel y todos contentos.

El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, admite que distinguir los narcos camuflados de autodefensas será un punto álgido. "En todo caso es una decisión política del Presidente decidir a quién beneficiará con la ley", dice el Comisionado. Un miembro de la comisión exploratoria con los paras dice que si se dio esta 'metamorfosis' de narcos a paras fue hace ya rato. El ve una intención genuina en los que firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito de dejar atrás sus actividades delictivas y apoyar las futuras acciones del gobierno contra el narcotráfico, uno de los compromisos consignados en el documento que dio inicio al proceso con las AUC.

Ojalá que así sea. Porque es claro que son muchos los beneficios que traería al país incentivar la dejación de armas por parte de cabecillas de las guerrillas que se reinserten con todo su frente, como lo pretende el gobierno con esta ley, y aún más desmovilizar a los 20.000 paramilitares que existen hoy. El interés de los comandantes que están en conversaciones con el gobierno parece sincero y por eso es tan importante que desde el comienzo el gobierno ofrezca los incentivos correctos que conduzcan a la paz. Uribe no puede arriesgarse a que esta ley se convierta en su 'zona de distensión' al convertir los generosos beneficios que ofrece desde el principio en el eje del debate sobre la negociación con los paras so pena de caguanizar este proceso.

Ya el país sufrió una decepción grande con las negociaciones del presidente Andrés Pastrana con las Farc. Los colombianos no merecen que se les vuelvan a esfumar sus esperanzas de paz.
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