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| 7/22/2006 12:00:00 AM

La mirada de la muerte

En las últimas 10 semanas se han encontrado nueve fosas comunes con más de 80 cadáveres. Esto es sólo el comienzo de lo que puede ser el peor capítulo de la historia de la violencia en Colombia.

Los gritos de súplica terminaron por enloquecerla. Una campesina que vivía reposadamente en una finca del alto de San Jorge, zona rural de Dibulla, en La Guajira, no soportó más los lamentos de quienes imploraban clemencia antes de recibir un tiro de gracia en la cabeza. La historia se repitió por lo menos 100 veces. El tormento comenzaba cuando por el camino se veía despuntar 'la última lágrima', una Toyota blanca, de estacas, en la que llegaban amarrados de pies y manos los condenados a muerte. En poco tiempo, los rastrojos de San Jorge se convirtieron en un cementerio clandestino.

La masacre empezó hace seis años, cuando un frente paramilitar del Bloque Norte se instaló a escasos 500 metros de la estación de Policía de Mingueo, un pueblo al borde de carretera entre Riohacha y Santa Marta. Lo primero que hicieron los paras fue desaparecer al dueño de la finca Torcoroma, un predio de 700 hectáreas ubicado en una colina desde la cual se controlan estratégicamente la troncal de la Costa y el camino a la Sierra Nevada, donde están los cultivos de coca. Se apoderaron de la casa del mayoral y la convirtieron en el cuartel general de 'Ramiro', lugarteniente del jefe paramilitar 'Jorge 40' en la zona.

Una de sus primeras víctimas fue Domingo Antonio Vuelvas Vega, un hombre de escasos 30 años que iba para su rancho con su esposa y sus tres niños cuando los paramilitares se lo llevaron. El cuerpo de Vuelvas, convertido en huesos, fue el primero que la Fiscalía halló a finales de junio, cuando se iniciaron las excavaciones en la finca Torcoroma. Se supo que era él porque en un bolsillo del pantalón aún tenía un escarpín del bebé que llevaba en sus brazos el último día que se le vio con vida.

La Fiscalía encontró las osamentas de 33 personas más. La mayoría de los cuales tenían prendas y objetos que han sido claves para su identificación. Se encontró, por ejemplo, el cuerpo de un hombre que portaba un carné que lo identifica como Miguel Ángel Larios, de nacionalidad hondureña y oficio cocinero. Otro esqueleto tenía aún intacta en uno de sus dedos, una argolla de matrimonio. Indicio de que seguramente tiene dolientes que todavía lo esperan.

Pero así como todavía hay muchos cuerpos sin nombre, hay muchos nombres sin cuerpo. Como el indígena Eleuterio Jarariyú, quien fue retenido por los paras un día que viajaba en su bicicleta. Según dicen los vecinos, porque se negó a venderles gallinas. De Eleuterio no se sabe nada, pero la bicicleta fue exhibida por los paramilitares como botín por más de un año en el propio Mingueo, para mortificación de sus familiares y amigos.

Esta es apenas una de las muchas historias de espanto que han empezado a emerger de las tierras donde estuvieron, y aún están, las autodefensas. En los últimos tres meses, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha encontrado 89 cuerpos enterrados en diferentes regiones (ver mapa). Fosas comunes donde los muertos se cuentan por decenas, casi siempre en lugares en los que los grupos armados tenían sus campamentos.

En Putumayo, a escasos 600 metros de San Miguel, se encontraron 12 cuerpos en un potrero donde integrantes del Bloque Libertadores del Putumayo -del jefe paramilitar ¿Macaco'- estuvieron asentados, bajo la mirada indolente de la Policía y el Ejército. Las exhumaciones continúan, pues los habitantes de la región hablan de que allí hay por lo menos 300 cadáveres. En Magdalena, van 27 cuerpos hallados y la búsqueda sigue. Se habla de centenas de muertos. En Cundinamarca se han encontrado cinco personas enterradas, tres de las cuales habían sido secuestradas por las Farc. A estos hallazgos se pueden sumar los 34 que a principios de este año se hallaron en el Catatumbo, y los 90 que en 2005 se sacaron de San Onofre, Sucre.

Una lista interminable

Lo aterrador es que menos de la mitad de las personas que han logrado ser identificadas habían sido denunciadas como desaparecidas. Lo cual quiere decir que las cifras de desaparición forzada que hay en el país, ya de por sí pavorosas, son mucho mayores de lo que se piensa.

Desde el principio de este año, los organismos humanitarios habían encendido las alarmas sobre el tema. La ONU dijo que conocía 1.054 casos. La Cruz Roja Internacional informó que en 2005 le habían sido reportados 317 episodios de desaparición. Para la asociación de familiares de detenidos y desaparecidos, entre 2000 y 2004 fueron recibidas 7.300 denuncias de desaparición. Y el gobierno ni siquiera tiene una estadística, pues desde hace años unifica las cifras de desaparición con las de secuestro, con lo que ha logrado hacer invisible el fenómeno. Por eso hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cuál es el número de desaparecidos que hay en el país, ni quiénes son. Judicialmente, la desaparición forzada se considera un crimen de Estado. En países como Argentina, Perú y Guatemala, fueron miembros del gobierno quienes la cometieron. En Colombia, además de los casos que han sido cometidos por agentes del Estado, una enorme cantidad de desapariciones han sido cometidas por paramilitares y guerrilleros.

La caja de Pandora de fosas aparentemente ilimitadas se abrió apenas hace tres meses, cuando la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía decidió crear un equipo de trabajo con la Dijín, el DAS y el CTI para ir a las cárceles y recoger testimonios de los por lo menos 1.800 presos -guerrilleros y paramilitares- que aspiran a acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Hasta el momento sólo se han recogido testimonios en cuatro reclusiones de alta seguridad: La Modelo, La Picota, Cómbita y La Dorada. Cien presos han ofrecido identificar fosas, de los cuales 15 ya lo han hecho. Mientras se aclara si estos presos tendrán o no los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, por esta colaboración efectiva ganan un descuento en su tiempo de pena por la justicia ordinaria, tal como lo contempla el código penal. La cifra de presos que quieren dar información crece cada día, por eso la expectativa es que en las próximas semanas se hagan nuevas exhumaciones en Córdoba, Arauca y Santander. "No vamos a parar. Iremos a todos los lugares que sean señalados, aunque no tengamos suficientes recursos", dice Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

Algunos desmovilizados también han empezado a señalar fosas para hacer descansar sus conciencias. En varios casos, les han contado sus pecados a los sacerdotes católicos, para que sean ellos quienes den la información a la justicia. En otros, la propia comunidad ha denunciado los cementerios. Siempre y cuando sientan el respaldo de la Fuerza Pública y la Policía en el nivel local. En San Onofre, fue la llegada del coronel de la infantería de marina Rafael Colón, quien demostró que no sólo no acolitaba los crímenes del jefe paramilitar de Sucre, Rodrigo 'Cadena', sino que lo persiguió incansablemente. En La Guajira ocurrió algo similar. Con la desmovilización de los paramilitares fue enviada a la zona el batallón Guajiros, que en poco tiempo se ganó la confianza de la población. Especialmente, desde el primero de junio, cuando los soldados dieron captura a un grupo de 16 'nuevos' paramilitares (de los cuales seis eran desmovilizados), armados con fusiles, uniformes y un lanzacohetes. Esta captura hizo que los pobladores vieran un Ejército de su lado, y no del lado de las autodefensas. Y facilitó su decisión de contarles a las autoridades sobre las posibles fosas en ese sector. En este macabro tema hay una regla de oro: apenas comienzan las excavaciones, se incrementan las denuncias. Las comunidades empiezan a colaborar y por eso cuando los fiscales van preparados a sacar uno o dos cuerpos, terminan exhumando docenas.

Una tarea dispendiosa? Las tumbas, aunque han sido cubiertas con tierra y tienen vegetación encima, se pueden identificar fácilmente. Con el tiempo, la tierra va cediendo y deja marcadas las líneas de la fosa. Si alguien se para sobre ella, la tierra se siente blanda. Entonces, los investigadores clavan una vara y la sacan. Con este método se pueden encontrar fosas con más de 30 años. Basta con excavar 20 ó 30 centímetros para encontrar los primeros huesos. Después de sacar toda la osamenta, se hace la necropsia y empieza lo más importante: la identificación de las víctimas.

Aunque en las series de televisión como CSI este parece un proceso fácil, en la realidad está lleno de dificultades. La clásica identificación por carta dental es poco eficaz en las zonas rurales donde ni siquiera hay dentistas. Por eso la antropología forense es el recurso más utilizado: determinar la edad, el sexo, la raza y la estatura. Si la persona lleva prendas que ayuden a la identificación, todo se hace más rápido. Incluso señales como una fractura pueden ser clave. En Putumayo, por ejemplo, una mujer que tenía siete meses de embarazo fue encontrada en una fosa junto a su padre. Los huesos de su hijo, que no alcanzó a nacer, hacen presumir que se trata de la misma persona que todos en San Miguel dieron por desaparecida, luego de que los paramilitares del frente Libertadores del Putumayo la acusaron de comprar remesas para la guerrilla.

Expertos también le dan un valor enorme al trabajo que se hace con las comunidades. En el caso de Putumayo, dos semanas antes de que llegara la Fiscalía a hacer las exhumaciones, las autoridades reunieron a la gente de veredas y corregimientos para contarles lo que se haría. Para cuando empezó la búsqueda de las fosas, ya 50 personas se habían acercado a dar la descripción de sus familiares. Gracias a estos registros, las 12 osamentas halladas ya están plenamente identificadas.

Sin embargo, la cantidad de fosas que están apareciendo supera la capacidad del gobierno para hacerle frente al tema. En este momento no hay suficientes recursos humanos ni económicos para excavar en todos los sitios donde, se presume, hay personas enterradas. En las diferentes entidades del Estado hay apenas 15 antropólogos forenses. Los cuerpos ya no caben en los depósitos de la Fiscalía. De los 90 cuerpos de restos óseos hallados en San Onofre hace dos años, menos de 20 ha logrado ser identificados. Estos restos están almacenados en la Fiscalía de Barranquilla, y ocupan tanto lugar, que las osamentas que acaban de ser exhumadas en La Guajira, que debían llevarse a la capital del Atlántico porque allí están los recursos para hacer las pruebas de ADN, tuvieron que quedarse en la morgue de Riohacha. Hasta ahora la labor de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía es apoyada por recursos de cooperación española. Pero si se quiere continuar con éxito, se requieren 3.000 millones de pesos al año.

Si bien se ha logrado identificar varios cuerpos con los estudios de antropólogos forenses, las pruebas de ADN son necesarias para establecer sin ninguna duda la identidad de la víctima. Pero estas pruebas son dispendiosas y costosas. "Hacerle un estudio genético a sólo uno de los cuerpos, y a sus posibles familiares, cuesta 1.500.000 pesos", dice Máximo Alberto Duque, director de Medicina Legal. Con la dificultad adicional de que los familiares suelen estar atemorizados o lejos del sitio donde se encuentra el cuerpo. Por eso se está trabajando en una sofisticada base de datos genética, de carácter nacional, que combine la información de ADN de los cuerpos que han sido encontrados con la de los familiares de los desaparecidos. Adicionalmente, en octubre comenzará a funcionar el 'Registro único de personas desaparecidas' en Medicina Legal, que servirá para depurar las cifras existentes. Encontrar a los familiares de cada uno de los muertos tomará años, quizá décadas, y en muchos casos será prácticamente imposible. Pero hay que hacerlo cueste lo que cueste. Por razones humanitarias, y para sanar las heridas que ha dejado el conflicto, como lo han hecho todos los países que han intentado superar la guerra.

Según Kathryne Bomberger, de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, en Bosnia Herzegovina se hicieron más de 80.000 pruebas de ADN en las regiones donde el genocidio serbio fue más crítico. Gracias a ello, pudieron identificar 10.000 cuerpos. Sin esta labor humanitaria, que fue apoyada decididamente por la comunidad internacional, pueblos como Bosnia, Kosovo y Montenegro no hubieran podido seguir adelante.

Verdad, justicia y reparación

Si en sólo tres meses han sido exhumados 89 cuerpos, habiendo recibido testimonio apenas de 15 personas en las cárceles, lo que ocurrirá cuando empiece a aplicarse la Ley de Justicia y Paz puede ser de dimensiones inimaginables. Más aun después del fallo de la Corte Constitucional que obliga a los paramilitares a revelar el paradero de los desaparecidos. Si no lo hacen, podrían perder todos los beneficios que les otorga la Ley.

Las fosas que se están encontrando serán pruebas que los fiscales usarán en los juicios contra los jefes paramilitares que dominaban los territorios donde éstas se encuentran. Eso explica que muchos hayan empezado a removerlas. Lo que judicial y moralmente equivale a matar dos veces.

Los estudios forenses permiten establecer detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte. En Putumayo, casi todos los cuerpos estaban mutilados. La hipótesis de los investigadores es que los cadáveres eran mutilados para hacer un hueco más pequeño. Al enterrarlas con prendas, se demostraría que los paramilitares nunca imaginaron que su poder se agotaría.

En el mundo entero la desaparición significa un duelo perpetuo, al tiempo que todas las culturas tienen rituales de sepultura sobre los que se ha construido la identidad de las naciones. Por eso exhumar, ponerle nombre y rostro a los cuerpos hallados, no tiene sólo un contenido judicial. El valor humanitario de la búsqueda de los desaparecidos es incalculable. "Una madre, a pesar de las evidencias de que su hijo está muerto, siempre sueña que volverá a ver su hijo vivo. El duelo sólo es posible cuando tengan la confirmación absoluta de que su hijo murió, pueda darle sepultura y sepa que no está perdido en la selva", dice Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

No se trata sólo de abrir huecos. Este es un primer paso para conocer la verdad sobre la tragedia que ha vivido Colombia en los últimos años. Y debería ser también una manera de garantizar que no se repita. Porque si algo lamentan muchos en Mingueo, La Guajira, es no haber hablado antes. Cuando 'la última lágrima' aparecía en el horizonte, y todos veían pasar en ella a las víctimas, humilladas. Lamentan también la indolencia de las autoridades, por no decir, la complicidad. Los miembros del Ejército, la Policía y las autoridades civiles que permitieron que esto pasara ante sus ojos, deberían sentir vergüenza al ver en lo que se convirtieron las poblaciones que estaban en la obligación de proteger: en cementerios poblados de desaparecidos y tristes esqueletos.

El país está sembrado de muertos anónimos. Hallarlos, darles un nombre, y una sepultura es quizá la única manera de que recobran la dignidad y evitar que esto nunca más vuelva a pasar. Y que esta sea, finalmente, la última lágrima de las víctimas.
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