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| 3/25/1996 12:00:00 AM

LA MUERTE DE LA PENA

LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE SAMPER DE IMPLANTAR LA PENA DE MUERTE MAS QUE UN FRACASO FUE UN OSO QUE EVIDENCIO EL PROBLEMA DE LA INGOBERNABILIDAD.

LA MUERTE DE LA PENA LA MUERTE DE LA PENA
Cuando el presidente Ernesto Samper bajó a su despacho el miércoles 21, alrededor de las 9:30 de la mañana, a nadie le extrañó verlo llegar con algunos papeles recién impresos en la mano. Quienes estaban presentes imaginaron que, como es su costumbre, el Presidente había revisado la noche anterior el proyecto de discurso que sus asesores le habían preparado para el Te Deum por los secuestrados que ese día se ofrecería en la Plaza Santander de Villavicencio, y temprano en la mañana le había añadido su toque personal.Sin embargo lo que sus colaboradores no sabían era que el primer mandatario había decidido la noche anterior cambiar totalmente el texto que le habían sugerido y lanzarse al agua con una propuesta que le había estado rondando la cabeza desde mucho tiempo atrás pero que finalmente nunca se había atrevido a soltar: la implantación de la pena de muerte para delitos atroces como el secuestro, las masacres y los asesinatos de personas indefensas.Esta iniciativa acabó siendo el primer gran error que el Presidente cometedesde la confesión de Fernando Botero. A punta de poner la cara ante la opinión pública y de un manejo acertado de los medios de comunicación, Ernesto Samper había logrado salir a medias del hueco en donde se encontraba hace un mes. La propuesta de la pena de muerte fue un revés en todo este proceso. Normalmente hubiera sido tildada de cortina de humo para distraer la atención del país del proceso 8.000, pero resultó siendo peor que eso, pues pocos sectores le atribuyeron importancia, credibilidad o viabilidad. El problema de la pena de muerte, según los expertos consultados por SEMANA, es que tal y como lo manifestó el propio fiscal Alfonso Valdivieso, es una solución simplista que dista mucho de resolver el problema de la criminalidad en el país. Según lo estableció el mismo estudio realizado por el gobierno cuando la propuesta de la cadena perpetua, apenas uno de cada 100 delitos cometidos en Colombia llega a la condena. Esto quiere decir que el problema de la ineficacia de la justicia no depende de la rigurosidad de la pena, sino de la incapacidad del Estado para descubrir, investigar, acusar y juzgar a los delincuentes.Más allá del debate filosófico, la reinstauración de la pena de muerte en Colombia no es un asunto de poca monta. Hacerlo requeriría primero que todo de una reforma constitucional que necesitaría ser aprobada por la mayoría del Congreso en dos períodos ordinarios consecutivos. Si hubiera acuerdo para su aprobación, lo cual resulta poco probable como lo han demostrado los sondeos de opinión realizados en estos días por los medios, la reforma podría salir este año. Pero más grave que la falta de importancia que tuvo la propuesta en Colombia fue la trascendencia que recibió en el frente internacional. En el ámbito mundial una propuesta de un Presidente se toma en serio y en este caso, de volverse realidad, la nueva política iría en contravía de múltiples tratados internacionales suscritos por el país, así como de su politica en materia de derechos humanos, campo en el cual el país apenas estaba empezando a levantar cabeza. Para comenzar, Colombia tendría que denunciar ante la OEA el Pacto de San José y ante las Naciones Unidas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales es signataria desde comienzos de los años 70, y que prohíben expresamente la pena capital. Tomar una decisión semejante en momentos en que la credibilidad de Colombia está siendo cuestionada mundialmente sería como echar un fósforo en un barril de pólvora. En el medio internacional no honrar los acuerdos ratificados mediante tratados es una decisión que no se puede tomar impunemente. En este momento apartarse de los acuerdos más importantes sobre derechos humanos para instaurar la pena de muerte, así otros países lo hayan hecho sin mayores consecuencias, sería aumentar aún más el escepticismo que tiene la comunidad internacional sobre la solidez política de Colombia y mantener al país en la mira de las organizaciones defensoras de los derechos humanos ante las cuales, Colombia goza de la peor imagen.Pero tal vez lo que más daño le hizo al Presidente fue la reacción de varios de sus ministros. El anuncio de Samper tomó por sorpresa no sólo a la opinión sino también a sus más cercanos colaboradores. Tanto el ministro del Interior, Horacio Serpa, como la ministra de Educación, María Emma Mejía, confesaron ante los medios no solo que no conocían la propuesta sino además que personalmente no la compartían. Otro tanto sucedió con el canciller Rodrigo Pardo y con el ministro de Justicia, Carlos Medellín, quienes muy sutilmente se declararon filosóficamente en contra de la iniciativa y partidarios del debate. Esa misma posición fue la del propio zar antisecuestros, Alberto Villamizar, quien a pesar de viajar con el Presidente sólo se enteró de la iniciativa unos minutos antes del discurso .El único apoyo que pareció tener la propuesta dentro del gobierno fue el del ministro de Hacienda Guillermo Perry quien, consultado sobre el tema, manifestó que no opinaba pues esto no tenía ninguna incidencia sobre el manejo de la hacienda pública. Que una propuesta de un Presidente sea rechazada por cuatro de sus ministros en menos de 24 horas es un espectáculo poco común en un régimen presidencialista como el colombiano. La palabra del primer mandatario no había podido quedar más desvalorizada. Si a esto se suma que cuando propuso la consulta popular tanto el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, como el ministro de Justicia, Carlos Medellín, dejaron claro que 'no le jalaban', la sensación que queda es la de un Presidente desautorizado públicamente por sus colaboradores. Esto hubiera sido impensable en cualquier otro momento del país y es el más claro ejemplo de ingobernabilidad que haya visto hasta la fecha la opinión pública. Quienes conocen al Presidente han insistido en que la iniciativa surgió de la más íntima convicción del primer mandatario. Lo cierto del episodio es que, aún siendo así, una propuesta que en otras circunstancias habría dado lugar por lo menos a una amplia controversia, nació prácticamente muerta.

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