"La muerte nos persigue, pero somos más rápidos"

El miércoles 17 de noviembre era un raro día de paz en Toribío, un pueblo de 30.000 personas en el nororiente del Cauca. La mayoría, indígenas paeces. En el parque estaba Andrea, de cinco años, dando un paseo con su mamá. "El parque estaba lleno de gente", contó después Andrés Castro, su papá. De repente se vino un tiroteo tremendo. Un guerrillero le disparó a un policía y lo mató, y en la balacera cayó otro guerrillero. Una bala de fusil le atravesó la pierna derecha a Andrea. Sobrevivió de milagro.

Teresa Arcila, una anciana que tiene cuatro hijos y siete nietos, ya está acostumbrada a las arremetidas de las Farc. Van 129 asaltos al pueblo, que han dejado 40 heridos, en los tres años que van del gobierno del alcalde Carlos Banguero. Ella, burlona, dice ahora: "La muerte nos persigue, pero nosotros somos más rápidos".

Hay casas con túneles para refugiarse de las bombas, y otras tienen trincheras para protegerlas de las ráfagas de munición y granadas. La Alcaldía tiene registros de 600 ataques guerrilleros desde el 13 de enero de 1983, un promedio de casi dos al mes durante 27 años.

El inspector Maximiliano Noscué, quien atiende querellas o levantamientos de cadáveres, les enseña a los jóvenes a protegerse del conflicto. "Les pedimos que no usen prendas verde olivo o negras, para que no los confundan con un hombre armado", dijo a SEMANA.

En los colegios tienen vallas que advierten que esos son lugares neutrales y deben ser respetados. Durante los ataques se convierten en trincheras no solo de estudiantes, sino de cuanto poblador civil pueda refugiarse allí. "Conocemos de memoria el plan de evacuación y qué hacer durante los enfrentamientos", dijo Rosita Gómez, coordinadora del único colegio de bachillerato.

La fuerza pública no llega aquí por tierra, sino por aire. Los policías se atrincheran en un búnker de cemento y acero de donde poco salen. Y si lo hacen, van con casco y chaleco antibalas, nunca repiten ruta para ir a comer o a la casa y caminan pegados a las paredes de las casas para evitar ser blanco de francotiradores. "Prestar servicio aquí es como un canazo de seis meses en el infierno", dijo, sincero, un policía.

Tantas precauciones no son exageración. "En las noches es prohibido encender un celular o cigarrillo porque esa lucecita nos convierte en blanco", explicó el capitán Franklin Olivos, comandante de la amilanada estación policial.

Este pueblo de Toribío, junto con los de Caloto, Corinto y Jambaló, ha sido desde 2008 escenario principal de batalla de la Seguridad Democrática, y las Fuerzas Armadas tienen allí batallones móviles, unidades blindadas y fuerzas especiales. Pero también las Farc quieren cuidar su control sobre la coca y el negocio lucrativo de sacarla por el Pacífico. El coronel Carlos Rodríguez, comandante de Policía del departamento, calcula que hay 800 hectáreas sembradas con hoja de coca en esas montañas, y cuenta que ya han incautado 60 toneladas de marihuana.  

En los últimos meses han sido menos las agresiones a Toribío. Según el alcalde Banguero, este año que ya termina van ocho ataques, mientras que el año pasado fueron 45 y en 2008, 76. Sin embargo, la gente de ese sufrido pueblo aún no está protegida, y a pesar de todo el empeño que el gobierno le ha puesto en derrotar a las Farc, no lo consigue.

La tragedia es que allí, como en Afganistán, es difícil que el Ejército proteja a una población que percibe hostil y plagada de enemigos. Y la población solo quiere ponerle fin a esta guerra que deja niñas inválidas y no permite que los viejos se gocen su vejez.