La muerte que enloda al Ejército en una mina ilegal en Caquetá

“Ahí vienen, ¡corran!”, esas fueron las palabras que alertaron a cerca de 30 mineros en Araracuara (Caquetá) cuando la Policía judicial y el Ejército aparecieron inesperadamente mientras ellos ejercían la minería ilegal a orillas del río Caquetá, que divide este departamento de Amazonas.

Algunos corrieron, otros salieron en sus botes, mientras Arcenio Cupitre, su mujer y otro minero huyeron en una lancha rápida. Aunque los tres últimos pensaron que se salvarían de las Fuerzas Armadas ese 17 de junio de 2015, un anillo de seguridad del Ejército apareció del otro lado del río, en Puerto Santander (Amazonas), y la situación se tornó aún peor.

Como si fueran guerrilleros con los que se encuentran en la selva, los uniformados empezaron a disparar, así contó a Semana.com Arcenio Cupitre. “Ellos (los militares) nunca nos dijeron que paráramos ni nada. Sino que así, con malas palabras, nos gritaban ‘quietos’, y de una echando tiro. Nosotros pensamos que era por asustarnos y por eso seguimos”.

Eran casi las 9:00 a. m. y las ráfagas no paraban. Se agacharon y condujeron sin un rumbo fijo. Aunque intentaron escapar de los disparos, el minero Yulian Estiven Monge fue víctima de un impacto mortal.

“Íbamos los tres, el finado estaba con un celular llamando para pedir ayuda, mientras alzaba la otra mano pidiendo que no dispararan. De un momento a otro dijo: ‘Pare, pare, mijito, que me jodieron’, y yo le dije ‘tírese ahí’. Cuando él se miró estaba destrozado debajo del brazo”, narró Cupitre.   

Mientras esto ocurría, la Policía encontró en el lugar donde extraían oro elementos básicos para ejercer la minería, como mercurio y seis dragas, así como municiones, un revólver, una pistola y una escopeta. La operación era conjunta. Policía, Ejército y Fiscalía estaban unidos para combatir la minería ilegal, tal como lo ha ordenado el presidente Juan Manuel Santos desde el inicio de su mandato y como lo confirmó en julio de este año al anunciar que habrá un decreto presidencial y un proyecto de ley que contempla la creación de brigadas especiales de Policía y Ejército para luchar contra la minería ilegal, así como planes de incautación de insumos usados para esta actividad ilícita y un aumento de penas por delitos relacionados.
 
“El fiscal 76 de la Unidad de Protección de Medio Ambiente ordenó allanamiento a unas balsas que realizaban la minería ilegal sobre el río Caquetá”, dijo el coronel José Luis Martínez Suárez, comandante de la Brigada 26, que opera en Amazonas. Así fue como arrancó la operación.

En contraste con lo dicho por Arcenio Cuprite, el oficial salió en defensa de sus hombres. Según él, los militares del Batallón de Selva No. 50 que trabajaron en la misión “recibieron disparos desde la lancha rápida y por eso respondieron con fuego”.

Muerte en el río

Mientras Yulian agonizaba por el impacto de bala que recibió, Cupitre seguía conduciendo la lancha. El camino parecía no tener fin. Las ráfagas seguían una tras otra. Erika Giliana Prado y su esposo Arcenio también fueron heridos, ella en la cabeza y él en un brazo.

Aunque el desespero los invadía, hacia el mediodía lograron llegar hasta zona habitada de Puerto Santander, donde entregaron el cuerpo a la comunidad y abandonaron la lancha, para ese momento ya Yulian Stiven estaba muerto. Sus amigos y familiares en tierra lo llevaron hasta el puesto de salud y le cambiaron de ropa. El Ejército también llegó a la zona y la comunidad empezó, entre sollozos, a reclamarles. “Matando a los civiles, hijueputas. ¿Ustedes no tienen mamás, no tienen hijos?”, gritaban.

La verdad sobre cómo murió Yulian Stiven se debate entre los argumentos de los mineros y los de las autoridades, y es difícil dibujar la verdadera escena.

En la comunidad hay un aire de indignación. Para ellos esto es un caso de “falso positivo”, pues el Ejército emitió, dos días después de la operación, un supuesto comunicado en el que aseguraban que Yulian Stiven Monge era aliado de un jefe de finanzas del frente 63 de las FARC, que para las autoridades sería Arcenio Cupitre, alias el 'Loco'. “Que según informaciones no quiso ser atendido para evitar su captura”, reza el documento citado por el diario Amazonas al Día.

Semana.com buscó en las páginas oficiales de la institución el comunicado y también lo solicitó a los encargados del tema, pero no apareció. Sin embargo, el coronel Martínez confirmó la existencia del comunicado y explicó que las acusaciones en contra de Cupitre se hicieron por cuenta de informes de inteligencia.

“En el río Caquetá existe una vacuna (extorsión) por parte de miembros de redes de apoyo al frente 63 de las FARC, donde cobran por producido, combustible y hasta tienen sus propias dragas. Alias el 'Loco' sería quien cobra la cuota extorsiva para esa estructura (…) Los informes de inteligencia aún son materia de investigación”, dijo.

Cupitre asegura que esto no es cierto. “A mí que me acusen por ejercer la minería ilegal, pero ni el finado ni yo somos guerrilleros”, dijo a Semana.com.

Después de abandonar la balsa y dejar en manos de la comunidad al joven muerto, Cupitre y su esposa huyeron por miedo a que Policía o Ejército los capturara por escapar mientras ejercían la minería ilegal. Días después se dieron cuenta de que habían sido asociados a las FARC.

Con el objetivo de aclarar las cosas ante la justicia, Cupitre y su mujer pidieron ayuda a la Defensoría del Pueblo para rendir un interrogatorio ante el fiscal Jairo Porras, quien coordina estas operaciones contra la minería ilegal en el río Caquetá.

“Averigüé por los antecedentes de Arcenio y descubrí que no tenía orden de captura ni problemas judiciales. Por eso se hizo la gestión para trasladarlo hasta Leticia”, contó a este portal el defensor de Amazonas, Jorge Iván Villamizar.

Gracias al acompañamiento de la Defensoría, Cupitre no fue detenido y expuso su caso y el del joven fallecido, incluso ante organismos internacionales de Derechos Humanos.

¿Guerrilleros o mineros?

Desde hace muchos años el río Caquetá ha sido una preocupación de las autoridades. Ese afluente es una gran mina aurífera a donde llegan decenas de personas  para extraer oro de manera ilegal.

Así, la Fiscalía ha liderado desde el 2012 los planes para combatir este fenómeno que está causando daños ambientales y afectando la salud de animales y humanos.

Según el fiscal Jairo Porras, desde hace tres años 29 personas han sido capturadas y 12 de ellas fueron condenadas. “Durante este tiempo hemos hecho varios operativos en la zona y es la primera vez que pasa algo así”, dijo a Semana.com.

Esta es la explicación del Ejército a la comunidad:

Pero aunque Porras es el encargado y responsable de la operación, él no es el fiscal a cargo de la investigación por la muerte de Yulian Monge. “Lo único que sé es que va a ser difícil determinar cómo murió, pues el cuerpo fue manipulado y la escena alterada”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo con las pruebas e informes que la Policía Judicial y el Ejército le han entregado al fiscal, Cupitre sí podría tener relación con esa estructura de las FARC. “Pero eso es algo que está en investigación y aún no se puede afirmar”, comentó el fiscal.

Curiosamente, el minero empezó a ser investigado y se le atribuyen delitos, justo después de ocurrido el operativo. Por ejemplo, según un informe de Policía Judicial, a Cupitre se le investiga por una infracción cometida en febrero del 2015, pero este documento sólo fue anexado al expediente del fiscal en agosto de este año. Es decir, casi dos meses después de la operación.

Llama la atención que si Arcenio Cupitre llevaba varios meses operando como supuesto extorsionista en la zona, no se le hubiera requerido antes del 17 de junio sabiendo que, según la comunidad, él se moviliza libremente por los municipios y corregimientos del sector. Además, cuando se dio el operativo no había ninguna investigación en contra de él.

“A Arcenio no se le puede detener hasta que se compruebe que todo esto es cierto”, dijo el fiscal. Por esa misma afirmación del funcionario causa extrañeza que el Ejército haya emitido un comunicado en el que se afirmaba que Cupitre era guerrillero, cuando en ese momento no se tenían suficientes elementos probatorios. “Es como si quisieran justificar, como sea, la muerte de Yulian Estiven”, manifestó el minero.

“El Ejército sabrá por qué lo hizo. Ellos tienen sus informes de inteligencia que fueron aportados a la investigación, pero que tendrán que ser corroborados por la Fiscalía”, dijo el fiscal Porras.

Mientras se espera que la justicia determine si Cupitre era ayudante o no del frente 63 de las FARC, lo cierto es que el joven fallecido al parecer no era miembro de ningún grupo armado. El caso cobra relevancia ahora cuando el Gobierno declaró una guerra frontal con la minería criminal. Muchos temen que más muertes dudosas, como esta, sigan ocurriendo bajo el argumento de acabar con este fenómeno. La Fiscalía tiene la palabra.