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| 8/17/2013 12:00:00 AM

La multa imposible contra la Drummond

Aunque parezca increíble, la sanción la empresa minera por el derrame de carbón en Santa Marta estaba enredada.

Todo el mundo recuerda las imágenes de una barcaza de la Drummond arrojando al mar frente a Santa Marta toneladas de carbón. También se puede traer a la mente al presidente Juan Manuel Santos indignado anunciando la suspensión de la operación de cargue de la segunda empresa carbonera de Colombia “simple y llanamente para sentar un precedente”, y al ministerio de Ambiente y a la Fiscalía prometiendo investigación profunda y sanciones ejemplares. Lo que pocos sabían es que a punta de acciones jurídicas la prometida sanción contra esa multinacional minera estaba embolatada hasta que el viernes el Consejo de Estado le dio vía libre a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para imponer la sanción contra la empresa carbonera.

Drummond había elevado una consulta al Consejo de Estado para establecer si la competencia de juzgar el derrame de carbón la tenían las entidades ambientales. Según la empresa, no era la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, sino la Dimar la competente para revisar el caso. El Consejo de Estado aseguró que ambos organismos podían castigar el derrame de carbón al mar, pues mientras DIMAR sanciona la violación de normas que regulan las actividades marítimas, a la ANLA le corresponde la investigación por violación de normas legales o administrativas en materia ambiental.

Esa decisión era clave. Si el Consejo de Estado fallaba a favor de Drummond, la responsabilidad de la carbonera sería menor pues las multas en esa entidad son de máximo 1.000 salarios mínimos, su prioridad no es evaluar daños al ecosistema y una de los puntos clave de la acusación, que es no haber avisado a las autoridades ambientales, no existiría. Pero más allá de eso, quitarle la competencia a la ANLA sobre este tema generaría un precedente desfavorable para la protección de Colombia de sus recursos 
marítimos.

Pero esta no es la única pelea que tiene Drummond por cuenta del derrame. La empresa interpuso una tutela pues considera que Luz Elena Sarmiento, directora de la ANLA y el Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, prejuzgaron contra ellos cuando en varias entrevistas a medios de comunicación calificaron de muy grave el vertimiento de carbón.

Ambos funcionarios dijeron en su momento que las sanciones podrían ser ejemplarizantes. El juez de primera instancia rechazó esa pretensión. Además, entre los ecologistas había empezado a correr el rumor de que la sanción a la Drummond no solo era inminente, sino que iba a convertirse en un hito. Se decía que esta sería la multa más alta impuesta por una infracción ambiental y que podría llegar a los 10  millones de dólares.

¿Por qué juzgan a Drummond?

Por el derrame de carbón, la empresa podría enfrentar tres condenas distintas. Todas buscan establecer qué responsabilidad tuvo Drummond y qué daño causó el vertimiento al mar de entre 300 y 500 toneladas de carbón. Hay dos procesos administrativos, el de la ANLA y la DIMAR, y una investigación preliminar que adelanta la Fiscalía por contaminación, un delito que hoy es castigado severamente (hasta 6 años de prisión y hasta 25.000 salarios mínimos de multa).

Los hechos son conocidos. Drummond transporta el carbón en barcazas desde un puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta, hasta unos buques ubicados a ocho kilómetros de la playa.  Según relató  la empresa, a las 6:00 de la mañana del 13 de enero, se reportó que la barcaza ts-115 estaba “semisumergida y en situación de emergencia”. Luego de intentar sacarla a flote sin éxito, los operarios vaciaron parte de su contenido al mar. Posteriormente, la compañía reportó el incidente a la capitanía de puerto, pero no a las autoridades ambientales. Aunque la empresa sostuvo que se trató de "un accidente industrial”, el caso tomó relevancia luego de que el periodista Alejandro Arias lo denunció. En ese momento, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspendió temporalmente el cargue de carbón de Drummond.

Este tema no es de poca monta en un país que se precia de ser uno de los más biodiversos del mundo y que no ha superado el debate de cómo salvaguardar su riqueza natural frente a la explotación minera. La industria extractiva siempre ha prometido que puede cumplir con los más altos estándares ambientales y el gobierno que una de sus prioridades será hacerlos respetar. De la efectividad con que actúe la justicia en el proceso contra la carbonera y de las sanciones que se impongan – si se demuestra su responsabilidad- depende que lo sucedido se convierta en un precedente para la protección del ambiente.
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