"LA NACIONALIZACION SE HABIA HECHO DESDE 1983"

No deja de resultar sorprendente encontrarse con un Jaime Michelsen de camisa arremangada, tan lejano de aquel hombre adusto enfundado siempre en un oscuro traje de paño, que durante años despachó en las oficinas del Banco de Colombia en Bogotá. Se inicia un diálogo informal sobre la situación en Colombia, mientras conduce un Charade gris oscuro hacia su apartamento en un piso alto de un edificio de la urbanización Obarrio, el segundo sector residencial de categoría en Ciudad de Panamá después del lujoso Paitilla. En el apartamento de dos alcobas la decoración está dominada por los colores claros que iluminan aún más la sala-comedor con vista a Paitilla y, más al fondo, al mar. El mismo sirve las coca-colas -dietética para él- y se muestra muy parco al hablar sobre sus actividades en Panamá. "Estoy encargado de 5 asesorías a empresas financieras y de servicios. Aquí en Panamá todo está por hacer y en esa medida es interesante".
Sobre Colombia demuestra una gran lucidez y un alto grado de información. Como en sus épocas de presidente del Banco de Colombia, se sabe desde lo importante hasta el último chisme. "Cada tres días me llegan los periódicos y semanalmente leo las revistas que me manda mi hijo Pablo". Pero aparte de ello, recibe un buen número de llamadas diarias de amigos en Bogotá y otras ciudades del país que lo mantienen al tanto del acontecer nacional. Sin embargo, toda esa claridad y objetividad que revela en diferentes terrenos de la actualidad colombiana, se pierde instantáneamente cuando toca el tema de Belisario Betancur. Nada le concede, nada le reconoce.
Sobre su vida en Panamá considera que "es mucho más informal y si no fuera por lo de Camila mucho más tranquila". El tema del secuestro de su hija aparece constantemente como "algo que ha afectado muchísimo la vida de la familia. Todo transcurre alrededor de una persona que no está".
SEMANA: Hace un año y medio que usted no le otorga un reportaje a la prensa. ¿Por qué aceptó esta vez romper su silencio?
JAIME MICHELSEN URIBE: Por los acontecimientos de la semana pasada. La nacionalización del Grupo Grancolombiano justifica pronunciamientos públicos por parte mía. Durante todo este proceso he contado con la fortuna de tener muy buenos representantes en Colombia, entre los cuales mi representante natural ha sido mi hijo Pablo.
S.: Precisamente su hijo Pablo dijó públicamente que la nacionalización del Banco de Colombia y de otras tres entidades del Crupo constituye "la consumación de un atropello". ¿Quiere esto decir que ustedes consideran que el gobierno podría haber evitado llegar a este punto?
J.M.: Lo que pasa es que quien lo convirtió en inevitable fue precisamente el mismo gobierno. De hecho, la nacionalización del Grupo se produjo el 31 de diciembre del 83, y no la semana pasada.
S.: Sin embargo el gobierno sostiene que el proceso que hizo inevitable lo sucedido se generó antes de la intervención en diciembre del 83.
J.M.: El gobierno dice muchas cosas y yo creo que hay que remitirse a los hechos y a las cifras.
S.: Está bien remitámonos a las cifras. El gobierno dice que la nacionalización era inevitable porque el Grupo debe 60 mil millones de pesos y no tiene cómo pagarlos.
J.M.: Si eso es cierto, probablemente no había otra alternativa. Lo que hay que preguntarse entonces es cómo se llegó a esa cifra exorbitante y de quién es la responsabilidad.
S.:¿A cuánto ascendian las deudas en el momento de la intervención?
J.M.: En mi opinión, este punto ha sido tratado en forma simplista. Según el balance consolidado del Grupo que veo en sus manos, elaborado para la administración fiduciaria por la firma independiente de auditores Price Water House, a diciembre 31 del 83 las deudas de las compañías del Grupo para con el Banco de Colombia valían 12 mil 300 millones de pesos, más 148.5 millones de dólares, lo cual, al cambio de la época, daba un gran total de aproximadamente 25 mil millones de pesos. Hay que distinguir. De esto, algo más de la mitad correspondía al endeudamiento normal operativo de las compañías. Entonces, lo que podría considerarse como deuda problema serían unos 12 mil millones de pesos. Esta parte se habría podido cubrir mediante daciones en pago de unos pocos de los bienes rentables del Grupo, como se lo propusimos al gobierno durante todo el segundo semestre de 1983. Hay también deudas de compañías del Grupo para con las otras compañías financieras del mismo Grupo Granfinanciera y Pronta, pero la gran mayoría de ellas eran de la operación normal de las compañías y por tanto no constituian problema.
S.: El superintendente bancario Germán Tabares sostiene que a medida que la nueva administración fue revisando la contabilidad encontró que esas cifras no correspondían a la realidad.
J.M.: Mediante esa afirmación indefinida el gobierno quiere eludir la responsabilidad de que el fideicomiso no haya tomado las medidas más elementales para evitar el desbordamiento de las deudas. Además, omite distinguir las deudas que son de la operación normal de las compañías de aquellas que no lo son. ¿Qué tan lejos estaban esas cifras de las reales? La única supuesta irregularidad contable que el Superintendente bancario ha denunciado ante la justicia penal es la omisión de las provisiones sobre 2.500 millones de pesos en deudas de dudoso recaudo.
S.: ¿Y acaso esa irregularidad le parece con todo respeto despreciable?
J.M.: Lo que en realidad no es despreciable es que el actual gobierno haya recibido el sistema bancario con 15 mil millones de pesos en deudas de dudoso recaudo y lo vaya a entregar con no menos de 150 mil millones.
S.: Doctor Michelsen, ésta es una discusión técnica que puede volverse interminable. El hecho es que la justificación del gobierno para hacer lo que hizo es que usted estaba violando una serie de normas legales y que además el Grupo se iba a quebrar...
J.M.: Vamos por partes, en lo que se refiere a la violación de normas quisiera ser categórico en que todas las acusaciones de que he sido objeto empezaron a ser puestas en conocimiento de la justicia desde hace seis años y aún no se ha producido ningún fallo en mi contra. En cuanto a lo segundo, usted sabe que yo no acepto que el Grupo Grancolombiano se fuera a quebrar. Pero era inevitable que atravesara problemas financieros.
S.: ¿Por qué?
J.M.: Para comenzar, porque todo el sistema socioeconómico estaba atravesando problemas. Nuestra economía perdió credibilidad hasta el punto de que pasaron tres años sin que ningún banco extranjero le confiara recursos al país. En donde más se tenía que reflejar esto era en el sector financiero. Por ejemplo, acabo de mencionar las cifras sobre dudoso recaudo. En este orden de ideas, nosotros fuimos objeto de un tratamiento discriminatorio.
S.: ¿En relación con quién?
J.M.: Casi todos nuestros competidores estaban enfrentando problemas similares. Podría citarle múltiples ejemplos, pero el más comparable con nuestra dimensión obviamente es el del Banco de Bogotá. Nosotros estamos acusados de prestarnos 25 mil millones de pesos a un grupo de más de 100 empresas, de las cuales hoy se reconoce que 80 son productivas. El Banco de Bogotá, de acuerdo a cifras oficiales, le prestó a una sola empresa no productiva, Inversiones Samper, una cifra similar, sin que hubiera sido objeto de denuncia alguna.
S.: Sobre eso se podría decir que el gobierno aprendió la lección en el caso del Banco de Bogotá y no quiso repetir el error en el Grupo Grancolombiano.
J.M.: Yo jamás hubiera querido que en el caso del Grupo Grancolombiano se socializaran pérdidas como ocurrió en el Banco de Bogotá. Me habría contentado con que el gobierno no nos hubiera ahogado mediante sus propias deudas con el Banco de Colombia.
S.: ¿Está usted acusando al gobierno de convertirse en deudor moroso premeditado?
J.M.: No es que lo esté acusando. Es un hecho que el Idema y otras entidades oficiales hoy le deben al Banco de Colombia más de 200 millones de dólares que constituyen la principal causa de pérdidas de la entidad.
S.: Eso no prueba la premeditación.
J.M.: Lo que demuestra esa premeditación es que el fideicomiso ni siquiera tuvo la elemental diligencia de presentar las demandas judiciales que le habrían permitido cobrar intereses sobre los intereses no pagados.
S.: ¿ Usted deja la impresión de que no le reconoce ningún mérito a la administración de Ignacio Copete?
J.M.: Le repito que no me cabe en la cabeza el haber dejado desbordar unas deudas habiendo contado con diversos elementos para salir adelante. Más impresionante tal vez es el resultado a la fecha de haber acogido la fórmula de vender las compañías como única salvación. En resumen, se han gastado cerca de 170 millones de pesos en el pago de los servicios al banco internacional First Boston Corporation, entidad encargada de las ventas, y hasta ahora solamente se ha vendido una empresa por valor de 200 millones.
S.: Pero al fin y al cabo logró refinanciar la deuda externa y mantuvo el crecimiento de los depósitos, lo cual indicaría que no se perdió la confianza del público.
J.M.: En cuanto a la refinanciación los acreedores internacionales del Banco de Colombia fueron puestos contra la pared, pues la única forma de lograr que el gobierno avalara las deudas era acogiendo la propuesta del fideicomiso. Además, no hay que perder de vista que en esa refinanciación y concretamente en el caso del Idema, el Banco reconoce haber perdido, por no pago de esa agencia estatal, una cantidad aproximada a 50 millones de dólares, que explica las pérdidas que el Banco enseña y que no son imputables a la administración anterior. Y sobre el crecimiento de los depósitos, no podría ser de otra forma si se tiene en cuenta que el Grupo tenía una gran imagen de solidez y que el Banco de la República nunca se negó a aportar las grandes sumas de dinero que le hicieron falta al Banco de Colombia, a Granfinanciera y a Pronta para suplir el deterioro que sufrieron durante los dos años de administración fiduciaria. El Banco por ejemplo, llegó ahora a tener 13 mil millones de pesos del Emisor para cubrir sus desencajes.
S.: Nos estamos enredando de nuevo en una discusión técnica.
Hablemos del futuro. El gobierno dice que su objetivo es sanear el Banco de Colombia para retornárselo a los particulares. ¿Existe alguna posibilidad de que usted recupere parte del Grupo Grancolombiano?
J.M.: Mis preocupaciones sobre el futuro giran no tanto alrededor de lo personal, como de lo institucional. Olvidémonos de Michelsen. A él lo único que le pasó fue que le ganaron sus enemigos. Lo importante no es lo que me sucedió a mí. Lo importante es lo que le está sucediendo al país. Con tal de brindar un espectáculo político, el gobierno echó por la borda las instituciones. Al mismo tiempo que consintió sin exigirles nada a verdaderos delincuentes, no tuvo la menor consideración para con el esfuerzo de más de 30 años generando empleo y riqueza para los colombianos. Acepto que la empresa privada debe ser debidamente vigilada, pero es altamente peligroso que en un país cuyo desarrollo ha estado basado en la iniciativa privada, ya esté bajo control del Estado más del 70% del sector financiero y más del 50% de la producción. Con la nacionalización del Grupo Grancolombiano quedan estatizadas diversas actividades que sólo en el mundo socialista están en manos del Estado. Y no me refiero al crédito, el cual al menos es un servicio público, sino a toda suerte de actividades, como la explotación de palma africana, la exhibición de cine, los laboratorios farmacéuticos, la producción de pinturas, etc. Esto es tan grave que en cualquier país serio habría sido objeto de un debate histórico.
S.: En este punto, el gobierno afirma categóricamente que las empresas industriales y comerciales del Grupo, como Simesa, Cine Colombia y Diners, quedaran controladas por usted por cuanto la participación nacionalizada en éstas es minoritaria.
J.M.: Esto es falso, pues la totalidad de las empresas están controladas directa o indirectamente por las compañías que fueron objeto de la medida.
S.: ¿No es justificable la actitud del gobierno ante la concentración de poder que usted acumuló?
J.M.: Esto puede ser objeto de opiniones políticas subjetivas, pero yo pienso que es menos grave para el país que un grupo privado controle el 18% del crédito, a que el Estado controle el 70%.
S.: Y hablando de control, ¿el Grupo Grancolombiano y el Banco de Colombia eran suyos?
J.M.: Con la creación del fideicomiso, quedó claro que todas las empresas del Grupo estaban directa o indirectamente controladas por una compañía matriz llamada Cingra S.A. Yo controlaba la mayoría de las acciones de Cingra y por lo tanto fui el que entregó en fideicomiso el control de ésta. Pero hay que tener en cuenta que en la actividad financiera todas las utilidades se reinvierten para incrementar el patrimonio de las compañías, de tal manera que nunca ascienden hasta la matriz. Además, un consorcio que llega a manejar en un país como Colombia 400 mil millones de pesos, en la práctica no es de nadie y es de todos.
S.: Pero en una controvertida entrevista para la revista Cromos usted dijo que no tenía más que para un modesto vivir en Miami.
J.M.: No llego hasta a afirmar que no tengo con qué vivir, pero hoy nadie duda que la totalidad de los bienes del Grupo Grancolombiano fueron entregados en fideicomiso.
S.: Aunque usted sugiere que nos olvidemos de Michelsen, ¿qué viene ahora para usted?
J.M.: Respecto al Grupo Grancolombiano, hemos presentado diversas demandas contra el fideicomiso y presentaremos todas las demás que sean necesarias para el restablecimiento de nuestros derechos. Pero, para serle sincero, del futuro lo único que me importa realmente es la situación que usted conoce, de mi hija Camila, ante lo cual todos los demás aspectos resultan accesorios.
S.: Yo consideraba una indiscreción tocar ese tema, pero ya que usted lo ha hecho me atrevó a preguntarle ¿qué adelantos se han logrado a ese respecto?
J.M.: Desafortunadamente ya vamos a completar cuatro meses en esta situación sin ningún progreso. Se trata de la carrera de resistencia más importante en la vida de una familia y hay que ganarla a como dé lugar.