La nueva Constitución Bolivariana

Acento social

El rasgo central es el fuerte acento social. Se afianzan los derechos sociales, se implanta la jornada laboral de seis horas, se establece la educación gratuita hasta el nivel medio diversificado, se formula el "derecho a la ciudad", que incluye vivienda y servicios. Claro está, la ejecución práctica dependerá más de la capacidad de gestión del gobierno que de las normas.

Poder Popular

Se diseña una nueva "geometría del poder" en la cual, en forma paralela con la democracia representativa, se afinca el Poder Popular en la comuna, en cuyo seno se prevén formas de autogobierno enmarcadas en la democracia directa. En desarrollo de esto, el Poder Popular, depositario de importantes competencias, "no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población" (Art. 28). La pregunta práctica es qué tanta influencia ejercerá el gobierno en el funcionamiento del Poder Popular, dada la imprecisión de sus mecanismos de toma de decisiones. Y, en segundo lugar, cuáles son los límites de las competencias del Poder Popular, ya que el nuevo artículo 34 permite que la Asamblea atribuya a éste incluso materias del orden nacional.

Por otro lado, se amplían los territorios cuya administración corresponde al Presidente, con lo cual se afecta el proceso de descentralización. La descentralización no es sólo una cuestión administrativa. Es, sobre todo, un asunto de poder.

Este freno al proceso de descentralización se manifiesta también en los campos de la educación y la salud. En la primera, la inquietud proviene de un proyecto estatizador de la educación dentro de un marco de dirigismo ideológico. El artículo 22 ordena al Estado "realizar una inversión prioritaria de acuerdo a los principios humanísticos del socialismo bolivariano". No obstante, en honor a la verdad, se deja intacta la autonomía universitaria. En cuanto a la salud, buena parte de la atención se ha concentrado en las misiones que obedecen las directrices de la Presidencia.

Medios de comunicación

Hay un mayor control a la prensa. Esto no sólo se deduce de los hechos recientes que implicaron la salida del aire de Rctv, sino de la configuración de los estados de excepción. La Constitución anterior prohibía suspender el derecho a la información al amparo de dichos estados. En la reforma esto desaparece. Ahora los estados de excepción tienen duración indefinida. Por su parte, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos prohíbe suspender o restringir el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el principio de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. La nueva Constitución permite limitarlas.

Economía: desarrollo endógeno

El proyecto apuesta por un modelo de desarrollo endógeno sustentable caracterizado por un esquema proteccionista.

El Estado puede reservarse la explotación de recursos estratégicos o la prestación de servicios públicos vitales, entre ellos, expresamente, la explotación de los hidrocarburos por razones de soberanía. Se establece también un esquema de protección al ciclo productivo de las manufacturas nacionales. Se adopta un criterio de seguridad alimentaria -ya superado en otras partes- que implica el autoabastecimiento, para lo cual el Estado puede llegar incluso a asumir la producción agrícola y pecuaria.

Termina la autonomía del Banco Central: el Presidente administra la Hacienda pública, las reservas y la política monetaria, y la banca central concurre a esos efectos dentro de un esquema de simple coordinación (Art. 48). A diferencia de la norma anterior, el Banco no limita su actividad a la defensa de la moneda sana. Como si quedaran dudas, se afirma que "el Banco Central de Venezuela es persona de derecho público, sin autonomía" y sus funciones estarán supeditadas a los objetivos superiores del Estado socialista.

Por fin, el manejo de las reservas lo hace el Banco bajo la "administración y dirección" del Presidente. Los excedentes anuales de reservas quedan en manos del Presidente para sus programas, la financiación de las misiones sociales y lo que requiera el desarrollo endógeno, humanista y socialista de la Nación. (Art. 70).

Fuerzas Armadas antiimperialistas

En el capítulo de fuerza pública hay una concepción inquietante. La Fuerza Armada Bolivariana se define como un cuerpo popular y antiimperialista, preparadao para librar una guerra popular de resistencia, al servicio del pueblo y jamás de la oligarquía, cuya tarea no se limita a la defensa sino que puede incluso emprender tareas de desarrollo económico (Art. 72). Puede ejercer funciones de policía (Art. 73).

Probablemente esto podría ser retórica, si no estuviese acompañado de dos acontecimientos paralelos: un abultado esquema de consecución de armas de combate, muchas de ellas de carácter estratégico; y una solidificación de los círculos bolivarianos, frecuentemente acusados de acumular armas, cuya presencia no se contrae al territorio nacional.

Política: reelección indefinida

Por fin, en el terreno político, además de autorizar el voto a los 16 años, aparece como elemento determinante el período de siete años y la reelección indefinida.

El hecho de la reelección es el que contiene una mayor carga política. Si bien en sí misma no es un tema constitucional ubicado en el terreno de los principios, lo cierto es que la larga permanencia de Chávez en Miraflores, que es lo que se avizora en el momento, produce un alto grado de polarización en el escenario venezolano, la cual trasciende las fronteras de ese país, dado que es incontrovertible que Chávez promueve una política continental alternativa que ha generado realinderamientos importantes en la geopolítica del continente.

Carlos Fuentes dijo que Chávez era un payaso populista. Lo de populista, seguramente. Pero su Constitución no es una payasada.