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| 1/11/2014 7:40:00 PM

La nueva jugada en La Haya

Colombia, en una muy pensada movida jurídica, no presentó el recurso de revisión contra el fallo que le quitó un pedazo de mar.

Frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en noviembre de 2012 le quitó de un tajo a Colombia 75.000 kilómetros de mar, el país podía interponer dos recursos: el de revisión y el de interpretación.

El más importante es el de revisión porque es el que daría lugar a una eventual modificación del fallo. Sin embargo, el primer plazo para presentar este recurso ya se venció (en diciembre de 2013) y Colombia decidió no interponerlo.

En la práctica, es una señal concreta de parte del gobierno de Colombia de que acata el fallo. Así el agente de Colombia ante la Corte de La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, en declaraciones de radio quiera dar a entender que aún siguen evaluando qué recursos o instrumentos pueden interponer contra el fallo. “El país puede tener la seguridad que detrás de esto están las mejores mentes del derecho internacional y no se va a dejar camino sin explorar”, dijo.

Eso no necesariamente es malo. Es evidente que el gobierno sigue con una estrategia similar a la que le ha resultado favorable en el manejo de esta papa caliente: por un lado, en los hechos mantiene una línea sobria de respeto por las normas internacionales y sigue al pie de la letra lo que los juristas recomiendan, y por el otro lado, en el discurso se sostiene en que seguirá defendiendo y así mantiene aceitado el espíritu patriotero de la opinión pública.

La estrategia, desde el punto de vista político, le ha salido bien al gobierno. El tema del fallo de La Haya, que en un primer momento se convirtió en una hecatombe para Juan Manuel Santos y le costó en buena medida la caída de hasta 70 puntos en las encuestas, en los últimos sondeos parece haber dejado de ser una amenaza tan grande.

Ahora, en cuanto a si la decisión fue correcta en términos jurídicos hay varios hechos que le dan la razón al equipo colombiano.

Colombia no tenía posibilidades de ganar. Al menos así lo dijeron siete abogados distintos, entre ellos tres equipos de expertos en derecho internacional de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. “Al unísono dijeron que no interpusiéramos el recurso de revisión”, precisó Arrieta.

La carta que tenía Colombia para presentar, que era un memorando firmado entre el gobierno de Nicaragua y una firma de Hong Kong para la construcción del canal, podía no ser considerado un hecho nuevo. Y en caso de que se considerara nuevo, el canal como está planteado hasta ahora no afecta el trazado que hizo la Corte, porque utilizará el mar territorial que le corresponde a Nicaragua incluso antes del fallo.

En el extraño evento de que se hubiera presentado el recurso y la Corte le hubiera dado la razón a Colombia (lo cual no ha sucedido con ninguno de los países que han pedido revisión), eso no se iba a traducir automáticamente en que le devuelven mar. En el mejor de los casos, se harían ajustes al trazado.

¿Por qué no se interpuso el recurso y se dejó que la Corte decidiera si le daba o no la razón a Colombia, como lo han pedido algunos columnistas y políticos? Porque Colombia tenía poco o nada que ganar y mucho que perder.

Primero, porque el gran argumento del gobierno de Colombia, con el cual logró aplacar los ánimos de la opinión, ha sido que no puede aplicar el fallo hasta tanto no se celebre un tratado. “Si el gobierno sostiene que la Constitución exige un tratado negociado de manera soberana, ¿por qué le pide dos meses después a la CIJ que fije los límites con Nicaragua?”, escribió el abogado Manuel José Cepeda.

En segundo lugar, si Colombia reabre el tema (la cosa juzgada) le serviría en bandeja de plata a Nicaragua la posibilidad de insistir en extender su plataforma continental a 350 millas. Los nicas lo pidieron así en el proceso que ganaron, pero la Corte solo les dio 200 millas. El año pasado, por eso, interpusieron otra demanda.

Y en tercer lugar, se corría el riesgo de que la Corte le exigiera a Colombia cumplir el fallo antes para poder comenzar a hacer la revisión. Eso sacaría al gobierno Santos del confortable estado en que se encuentra de “se acata pero no se aplica”.
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