La obsesión del canje

El 20 de febrero de 2002 las conversaciones de paz entre Andrés Pastrana y las Farc se rompieron definitivamente. La toma de un avión de Aires que despegaba de Neiva por parte de este grupo guerrillero con el fin de secuestrar al senador Gechem Turbay fue la gota que rebosó la paciencia del gobierno. Este secuestro hacía parte de una serie de plagios de personalidades políticas que, para esa fecha, ya incluía ex gobernadores, parlamentarios y ex ministros. Otro rapto le había costado la vida a Consuelo La Cacica Araújo Noguera, asesinada por la guerrilla cuando se intentaba su rescate.

Apenas cuatro días después de la ruptura del diálogo, secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Después vinieron el secuestro masivo de 12 diputados de la Asamblea del Valle (en un sofisticado operativo a plena luz del día en el corazón de Cali), el plagio del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de su consejero de paz, Gilberto Echeverry, cometido -qué ironía- en plena 'Marcha de la no violencia', y el secuestro del presidente del Celam, monseñor Jorge Jiménez, por fortuna rescatado pocos días después en una acción de la Fuerza Pública.

Frente a las comprensibles presiones de los familiares de las víctimas, el nuevo gobierno pareció asumir una posición mucho más firme que el anterior frente a la posibilidad de un intercambio entre secuestrados y guerrilleros detenidos. El presidente Alvaro Uribe afirmó que cualquier conversación al respecto debía estar supeditada a un cese al fuego y el vicepresidente Francisco Santos sostuvo que "lo único que puede haber es un canje enmarcado en un proceso de paz que esté avanzando". Fernando Londoño, ministro del Interior, resaltó que "cambiar personas intachables por los más atroces bandidos que purgan sus penas en las cárceles colombianas es imposible".

La posición original del gobierno, sin embargo, no pareció desalentar a quienes sugerían diferentes maneras para buscar un nuevo intercambio, incluyendo algunos congresistas que buscaban la liberación de sus colegas. El ex presidente López Michelsen propuso un "convenio especial del Derecho Internacional Humanitario (DIH)" para un "canje de civiles contra civiles" porque, según su curiosa interpretación, ese carácter tendrían los guerrilleros capturados. Un grupo de intelectuales le manifestaron su apoyo y algunas ONG se pronunciaron por la libertad de todos quienes "por razones políticas han sido secuestrados por la guerrilla o encarcelados por el Estado, en el caso de los guerrilleros". El presidente de la Cámara, William Vélez, sugirió que el trueque, por una sola vez, sería la "cuota inicial para un proceso de negociación serio".

La presión quebró la posición unificada del gobierno. El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que no se descartaba una "acción humanitaria" inmediata para liberar a los secuestrados. Después el Presidente sostuvo que los buenos oficios de Naciones Unidas eran la vía para tener "un acuerdo humanitario" para liberarlos. Ya retirada la condición de un cese al fuego previo, el ministro Londoño afirmó que se superaría el "imposible ético" de un intercambio bajo las condiciones de que todos los secuestrados fueran liberados y que los guerrilleros que se pusieran en libertad "no se quedaran aquí, poniendo en peligro a la población colombiana, sino que irán a un país amigo que los custodie y no les permita el regreso". Sin embargo, unos días después, según informes de prensa, el gobierno le proponía a las Farc "un diálogo directo y sin condiciones" en Venezuela sobre el tema. Mientras que el gobierno parece ceder en todas sus posiciones, las Farc han endurecido la suya sosteniendo que para cualquier diálogo resulta indispensable la desmilitarización de Caquetá y Putumayo, que es necesaria una ley de canje permanente y que, en todo caso, de un posible intercambio quedarían excluidos los civiles secuestrados por razones económicas.

Si bien el historial de secuestros de las Farc es casi tan viejo como ellas, hasta hace muy poco tiempo los plagios sólo tenían motivaciones económicas. Incluso durante muchos años las Farc liberaron sin condiciones a los soldados y policías que retenían. La situación cambió durante el gobierno Samper cuando en 1997, urgido por mostrar cualquier tipo de acercamiento con la guerrilla, aceptó despejar una zona del territorio nacional para la entrega por las Farc de 60 uniformados. Ahí se abrió una ventana.

La apertura de las puertas vino durante la administración Pastrana que, con el pretexto de un 'intercambio humanitario', canjeó 13 guerrilleros que se encontraban detenidos por 42 soldados y policías secuestrados. Aunque estaban supuestamente enfermos, a los pocos días los subversivos liberados entraban de nuevo en combate. No fueron escuchadas las pocas voces que resaltaron que con el intercambio se fomentaría la comisión de más secuestros, porque las Farc confirmarían que podían obtener beneficios con ellos. Los hechos han demostrado que tenían razón.

Como está la cosa, las Farc continuarán secuestrando personalidades políticas. Las ventajas que obtienen son muchas. Por un lado, propician el desgaste del Estado, que debe enfrentar una fuerte presión de los familiares de los civiles secuestrados. Por el otro, la liberación de los guerrilleros detenidos envía mensajes muy importantes hacia los combatientes: no sólo quedan de hecho impunes los crímenes de los excarcelados, sino que sus compañeros entienden que sus actos violentos, pasados y futuros, pueden quedar sin castigo aun en el caso hipotético de que fueran capturados. Sabrán que, tarde o temprano, obtendrán su libertad por vía de una 'acción de fuerza' que obligue a un nuevo intercambio. Que se sostenga que el intercambio es "por una sola vez" no convence a nadie. Las Farc saben que, como con el 'despeje', si se repiten las condiciones se repiten las 'soluciones'. De hecho, por eso buscan una ley permanente de canje que, además, les dé condición de prisioneros de guerra a sus capturados. Finalmente es cierto que la no aplicación del ordenamiento penal interno del Estado a los subversivos capturados es un paso definitivo en la búsqueda del estatus de 'comunidad beligerante', una condición que los pone en un plano de igualdad con el Estado, al cual disputan la legitimidad para gobernar.

Los problemas con el 'intercambio' van mucho más allá: ¿qué dirán las víctimas de los criminales que obtendrán su libertad? ¿Qué incentivo tendrán los miembros de la Fuerza Pública para capturar guerrilleros? ¿Cómo garantizar que los guerrilleros que se suelten no engrosen de nuevo las filas subversivas? Si se liberaran hoy todos los guerrilleros encarcelados, las Farc incrementarían casi en un 40 por ciento su pie de fuerza, y contarían con los mandos que necesitan para crecer mucho más. La hipótesis de que fueran recluidos en campos especiales en el extranjero no será aceptada por las Farc porque en ese escenario les conviene más mantenerlos en Colombia.

Hay que hacer una precisión final: dígase lo que se diga, la privación de la libertad de soldados, policías y civiles por parte de las Farc para intercambiarlos por guerrilleros detenidos constituye una toma de rehenes en el DIH, una conducta considerada como crimen de guerra. La liberación de guerrilleros detenidos a cambio de la de los rehenes no es 'intercambio humanitario' sino una cesión al chantaje. Ya lo dijo Georges Cominos, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja: "En Colombia existe, desgraciadamente, la tendencia a instrumentalizar el derecho humanitario", agregó que "la toma de rehenes es claramente violatoria del DIH" y sostuvo que "un intercambio de prisioneros o secuestrados para nosotros no es un acuerdo humanitario, es un acuerdo político entre las partes en conflicto". Nadie parece querer oírlo.