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| 7/8/2017 10:15:00 PM

La Oficina de Envigado sigue abierta

En la captura de Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín, la Fiscalía demostró que no tiene pruebas contundentes para acusarlo, pero él tampoco las ha expuesto para ratificar su inocencia. Lo que sí está claro es el poder que aún mantiene la antigua Oficina de Envigado.

La Oficina de Envigado es la estructura criminal más extraña que ha crecido y perdurado en la historia reciente del país. A pesar de su largo historial, las autoridades de Medellín suelen molestarse cuando alguien la menciona e incluso dicen que no existe, que se acabó con la muerte de Pablo Escobar o con la extradición de Don Berna. Sin embargo, la captura esta semana del secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas, dejó en claro que la Oficina sigue despachando y que sus tentáculos se extenderían no solo a los organismos de seguridad, la Fiscalía o la Justicia, sino al centro administrativo de La Alpujarra.

La detención de Villegas, quien ha sido uno de los alfiles del alcalde Federico Gutiérrez, tiene conmocionados y sorprendidos a los paisas, en especial a quienes lo conocen como un empresario que se ha jugado su vida y prestigio por mejorar la convivencia en la ciudad. La Fiscalía lo acusa de fomentar y promover supuestamente a ese grupo delincuencial. Conocido aparentemente con el alias del Ingeniero, según la Fiscalía Villegas tenía contacto permanente con Julio Perdomo, un hombre de vieja data de la Oficina que por muchos años controló una zona de la ciudad. Para comunicarse entre los dos usaban un mensajero: Mariano Zea Ospina, un contratista de la secretaría que también ha trabajado en las administraciones de Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria. Mariano Zea, según las autoridades, llevaba razones en las que Villegas advertía sobre actuaciones contra miembros de la Oficina, hacía reclamos, pedía favores o recibía información clave.

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Según la Fiscalía, la relación entre Villegas y Perdomo fue tal que el funcionario le advirtió con varias semanas de anticipación que la Fiscalía estaba preparando una orden de captura en su contra, la misma que se concretó en abril. También, el organismo menciona la captura de tres fleteros que en enero atracaron a una mujer en la autopista Norte de Medellín. En su momento, la denuncia salió en las redes sociales con un video en el que se mostraba el atraco. Entonces Federico Gutiérrez saltó al ruedo y dijo que él se apersonaba de la búsqueda con el apoyo de Villegas y de la Policía Metropolitana.

Los fleteros cayeron en tiempo récord, pero, según la Fiscalía, la captura no fue tal porque Villegas les habría pedido ayuda a Julio Perdomo y Édinson Rodolfo Rojas, alias Pichi, otro miembro de la Oficina preso desde 2013, quienes presionaron a los atracadores para entregarse. Además, cuando un combo de la comuna uno de Medellín extorsionó al conductor de un camión de la empresa Surtialimentos, propiedad de Villegas, este no hizo la denuncia, sino que le pidió a Perdomo intervenir para que no ‘vacunaran’ a sus trabajadores.

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Pero algo distinto piensa Villegas frente a las acusaciones de la Fiscalía, que a decir verdad aún no las ha sustentado con contundencia. Según el exfuncionario, todos sus contactos con delincuentes de la Oficina se deben a su trabajo como secretario y al proceso de sometimiento que estaba ayudando a consolidar en la ciudad. Trabajo plenamente documentado que estará en el corazón de su defensa, así como la mala hora por la que está pasando.

La Fiscalía también acusa a Villegas de adelantar un proceso para someter a la Justicia a una parte de la Oficina, sin permiso del gobierno y en beneficio de esa organización criminal. Sin embargo, según Villegas, hizo esa aproximación amparado en las normas que facilitaron los acuerdos con las Farc en La Habana y con conocimiento del gobierno. Por eso, muchos no entienden por qué la Fiscalía considera que eso sea un delito. Sin embargo, en las pruebas en su contra sí se ve que Villegas, por ejemplo, presionaba para que las organizaciones entregaran criminales, porque esto ayudaría a darle credibilidad al proceso.

¿Cuándo empezaron estos acercamientos y qué papel desmpeñó Villegas? El año pasado la fiscal Alexandra Vélez, al frente de la Unidad de Vida, había logrado con el apoyo del entonces director de la Fiscalía de Medellín, Germán Darío Giraldo, y del entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, una negociación con Julián Andrey González, alias Barney, y con alias Pichi, capos importantes de la Oficina, quienes desde la cárcel ayudaron con la entrega de varios hombres importantes de la delincuencia en Medellín y revelaron la ubicación de una caleta con varias armas. Al brindar información estaban buscando beneficios judiciales.

Pero la labor de Vélez molestaba a alguien, por lo que la removieron de la Unidad de Vida. Después del inconveniente, Barney y Pichi quisieron seguir dando información para obtener beneficios, y a través de Julio Perdomo pudieron llegar a la Secretaría de Seguridad y a Villegas. Por esa época ya se hablaba de la intención de la llamada Oficina o, como ellos mismos se hacen llamar, la Dirección Colegiada de los Grupos Armados Urbanos al Margen de la Ley de negociar con el gobierno nacional, someterse y encontrar algunos beneficios legales.

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SEMANA reveló en marzo del año pasado dicho comunicado, que tenía una fuerte influencia de los combos del norte del Valle de Aburrá, muchos de ellos manejados por alias Tom. Este proceso contaba con el apoyo de un grupo de la sociedad civil conocido como Sinergia y de monseñor Darío de Jesús Monsalve, obispo de Cali. El mismo sacerdote tuvo una reunión con Federico Gutiérrez, quien se mostró a favor de la iniciativa siempre y cuando tuviera el apoyo de la Fiscalía.

Luego hubo una reunión en la Secretaría de Seguridad en la que participaron Gustavo Villegas, Henry Holguín –en nombre de Sinergia– y dos representantes de monseñor Monsalve: Julio Perdomo y Jorge Fernando Gaviria, hermano del senador José Obdulio. Después definieron que ni a Sinergia ni a monseñor los tendrían en cuenta en la negociación. Algunos miembros de la Oficina interpretaron eso como una preferencia por los subgrupos comandados por Douglas, Perdomo, Pichi y Barney, y contra el ala liderada por alias Tom. Es bien sabido que aunque el grupo criminal dice ser colegiado, Tom tiene el apoyo del Clan del Golfo y Douglas no.

Para contar con una plataforma y atender una posible desmovilización, la Secretaría de Seguridad tenía un contrato con su asesor Gaviria, a través del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), por 81 millones de pesos. De igual forma, el ITM firmó un contrato administrativo con la Secretaría de Seguridad por 4.228 millones para “garantizar la continuidad de los procesos de reintegración social, económica y educativa para la convivencia, la paz y la reconciliación”. Es decir, toda la plataforma para soportar una eventual desmovilización.

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Un documento elaborado por la Secretaría de Seguridad y sus asesores, que ha sido presentado como prueba por la defensa, tiene como título ‘Por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de una paz estable y duradera en los territorios’, y especifica los pasos a seguir para atender la desmovilización de organizaciones criminales entendidas. El documento fue conocido por el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, y por el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Ahora bien, un proceso de estos requiere de la aprobación y acompañamiento del gobierno nacional, algo que no ocurrió.

Hasta ahora, más allá de –supuestamente– pasar información o de cruzar de forma indebida algunas líneas, la Fiscalía no ha mostrado pruebas que revelen que Villegas haya recibido beneficios económicos por adelantar este proceso. Aunque contradictores suyos de la Oficina le dijeron a SEMANA que sin duda van a aparecer. Lo cierto es que el caso de Villegas dejó al descubierto que la Oficina está dividida y que este enfrentamiento se refleja en los organismos de seguridad, la Justicia y la Fiscalía de la ciudad. Mientras que Villegas no se acogió a ninguno de los cargos y dijo que defenderá su inocencia, es claro que ahora, más que nunca, el alcalde Gutiérrez requiere que el gobierno nacional decida si le interesa adelantar un proceso de sometimiento con la Oficina y otras organizaciones criminales o si los va a combatir. Pues eso marcará en buena medida la seguridad en el Valle de Aburrá, en especial en Medellín.

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