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LA OPERACION SIERRA CARLOS

Juán Claudio Morales y otros colombianos son investigados por lavado de dólares en Venezuela

29 de noviembre de 1993

EN UNA DE LAS MAS GRANdes operaciones contra el lavado de dinero en la frontera colombovenezolana -la Operación Sierra Carlos- una juez de Venezuela vinculó la semana pasada a 20 personas, de las cuales varias son colombianas. La mayoría re sultaron ser comerciantes del área cuyos nombres suenan familiares en Cúcuta. Pero en la lista de investigados aparece un nombre conocido a nivel nacional tanto en círculos sociales como económicos: el de Juán Claudio Morales.
Este ex corredor de bolsa ha sido considerado como uno de los mayores cambistas del país. En esa condición había tenido problemas con las autoridades que, sin embargo, estuvieron cir cunscritos al control de cambios y cuyas consecuencias no iban más allá de una multa. El "Gordo" Morales, como lo llaman sus amigos, se la pasaba pleiteando con la Superintendencia de Control de Cambios.
En algunos casos sus roces con las autoridades tuvieron implicaciones profesionales, como la salida de la bolsa, o incluso sociales, como la expulsión del Jockey Club de Bogotá. No obstante, Morales, un cachaco de buena familia a quien todo el mundo le atribuye un carácter desabrochado, una mente ágil y un gran sentido del humor, ha continuado siendo un personaje apreciado socialmente. Al fín y al cabo, en un país donde todo el mundo compraba dólares negros, las infracciones cambiarias eran percibidas con cierta benevolencia. Su tenacidad, tanto jurídica como social desembocó en que le interpuso una acción de tutela al Jockey Club por expulsarlo y logró que el Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca le revocara una multa de 36 millones de pesos que se le había impuesto por supuestos manejos irregulares de divisas en la controvertida venta del Banco Comercial Antioqueño.
Ahora Morales aparece enredado en un lío de mayores dimensiones. Los cargos en su contra en Venezuela ya no son simples infracciones administrativas de compraventa de dólares, sino de lavado de los mismos. Según la juez venezolana Mildred Camero, Morales, junto con otras 20 personas, un banco colombiano y varios venezolanos, están bajo investigación por lavado de cerca de 200 millones de dólares. La juez solicitó a la Interpol y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la búsqueda de Morales por su presunta vinculación con el caso. Al mismo tiempo pidió colaboración a la DEA para que investigue las conexiones de la banda bajo la suposición de que operaba al servicio de los carteles de Cali y Pereira .
Un día después de que se conoció la apertura de la investigación judicial, los abogados de Morales aseguraron que su cliente no ha realizado desde hace muchos años negocios en Venezuela y que, por tanto, mal podrían vincularlo.
Sin embargo, no descartaron la posibilidad de que la juez hubiera citado a Morales para que explicara su participación en algunas operaciones comerciales que datan de hace ocho años. Morales dijo que en esa época realizó algunos negocios con Sinforoso Caballero, presidente del Grupo Empresarial de la Frontera, quien hoy se encuentra detenido por lavado de dó1ares. Esta aclaración, publicada por el diario El Tiempo, llegó a conocimiento de la juez. Interrogada por periodistas colombianos, la doctora Camero manifestó que los cargos contra Morales por "legitimación de dineros", expresión venezolana para el lavado de dólares, son contundentes y que de lo contrario no le hubiera solicitado a la Interpol que lo detuviera.
La juez agregó que inicialmente había recibido la información de que Morales era el presidente de la Bolsa de Valores de Bogotá, pero que, a través de anales diplomáticos, le habían rectificado esta información. Agregó que no descartaba la posibilidad de estudiar, si el caso lo amerita, una solicitud de extradición. Esto último no podría llegar a concretarse porque la nueva Constitución colombiana lo prohibe en forma expresa.
A pesar de la vehemencia de la juez venezolana, la responsabilidad de Morales no está probada. La investigación apenas comienza y la experiencia en este tipo de operaciones demuestra que con frecuencia se empieza con una gran lista de sospechosos y se termina con una corta de condenados. En la misma situación de Morales se encuentra el Banco Tequendama cuyo presidente, Héctor Muñoz, no sólo manifiesta su inocencia sino que ha solicitado que se haga una investigación a fondo para aclarar todo.