La orden de la Corte Constitucional a Petro

Un año después de que 160 familias fueron desalojadas de un predio en el sur de Bogotá en la Hacienda Molinos, barrio Marruecos, estas podrán dormir tranquilas. Tras el estudio de varias tutelas, la Corte Constitucional ordenó al alcalde Gustavo Petro que haga respetar el debido proceso y el derecho a una vivienda digna para estas personas. El fallo le impone al alcalde tomar decisiones inmediatas.

En el inciso noveno de la decisión, la Corte le ordenó al alcalde o a la persona que actúe en su nombre usar recursos del Distrito para la construcción de viviendas de interés social dentro de los seis meses siguientes a la notificación de este fallo. Asegura también que es un deber de la Administración que “asigne y reubique en sendos predios en similar sitio, terreno y área a los desalojados”, dice el texto.

Pero el fallo no queda allí. El alto Tribunal también ordenó al mandatario cancelar, tras un proceso de conciliación con los afectados, una compensación económica que se deriva de los bienes muebles y enseres que perdieron en el proceso de desalojo, ocurrido a mediados de enero del 2012. Como se sabe, las precarias casas fueron tumbadas con maquinaria pesada.

Incluso, Petro está obligado como primera autoridad de la ciudad a mantener suspendida durante seis meses más, a partir de la notificación de la presente sentencia, la medida de lanzamiento que había sido interrumpida en enero 19 del 2012 por decisión de la misma Corte.  

Para que se cumplan las anteriores órdenes también el Distrito tendrá en menos de cinco días hábiles que verificar con exactitud el censo de las familias afectadas con los desalojos y las demoliciones que ordenó la Inspección 18 “E”, Distrital de policía de la localidad Rafael Uribe Uribe.  

Los secretarios distritales de Ambiente y de Integración Social de Bogotá tendrán, junto a la Alcaldía de la localidad Rafael Uribe Uribe, que adelantar campañas y actividades de educación ambiental. La alta corte quiere evitar el vertimiento de aguas residuales y el lanzamiento de residuos sólidos en el cauce de la quebrada Chiguaza y su entorno. Incluso se insta a la Alcaldía a construir de manera pronta el parque longitudinal sobre esta zona.

Así las cosas, aunque el alcalde no fue quien tomó la decisión del desalojo, sí está obligado a entregar soluciones a estas personas que se apropiaron de un predio tras ser engañadas con títulos falsos que compraron a inescrupulosos.