Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1997/03/03 00:00

LA OTRA CERTIFICACION

La otra certificación Los derechos humanos se han convertido en un factor fundamental para evaluar la colaboración económica internacional.

LA OTRA CERTIFICACION

El informe que presentó la nueva Secretaria de Estado de la administración Clinton, Madeleine Albright, al Congreso de Estados Unidos, cambió para siempre la valoración del tema de derechos humanos en Colombia. Fue inusitado el despliegue que tuvieron en los medios de comunicación del país todas y cada una de las críticas al gobierno del presidente Samper contenidas en el documento. Por primera vez los colombianos entendieron que los derechos humanos no se reducen a las muertes o desapariciones propiciadas por grupos paramilitares, guerrilleros o fuerzas de seguridad del Estado. Los derechos humanos contemplan temas tan diversos como la reforma constitucional que cursa en el Congreso, la nueva ley de televisión, la justicia penal militar y hasta la justicia sin rostro.Pero la verdadera importancia de este informe no radica en las opiniones del Departamento de Estado sobre lo que pasa en Colombia, sino en las consecuencias que esas opiniones tendrán para el país. Por lo que sucedió la semana pasada, Colombia se encuentra a un paso de perder los 40 millones de dólares de ayuda que la administración Clinton otorgó para la lucha contra el narcotráfico durante el año 1997.Según la ley de presupuesto aprobada el año pasado en el Congreso de Estados Unidos, "ninguno de los fondos destinados a ayuda antinarcóticos puede entregársele a unidad alguna de fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado tiene evidencia que le permita creer que dicha fuerza ha cometido graves violaciones a los derechos humanos". Todo parece indicar que Colombia perderá, por cuenta de este informe, buena parte de la colaboración antinarcóticos de Estados Unidos este año. El diagnóstico de la señora Albright no puede ser más claro: "Las Fuerzas Militares y la Policía cometieron numerosos y graves abusos a los derechos humanos". Este tipo de hechos, por supuesto, no es nuevo en Colombia, y no parece justo que por un problema que viene de tantos años atrás el país resulte castigado de un momento a otro. Lo que pasa es que el texto de la ley de presupuesto plantea una condición: que se prohíba la ayuda a menos que el secretario de Estado determine y reporte al Congreso que el gobierno de ese país está tomando los pasos necesarios para evitar las violaciones.En este sentido, el gobierno de Ernesto Samper no tendría ningún problema en cuanto a muertes, torturas y desapariciones forzadas. Nadie ha podido demostrarle a éste, ni a ningún otro gobierno, que tales violaciones se cometan por su voluntad o que no sean castigadas. El problema en este caso son las violaciones contra la libertad de prensa. El informe de la señora Albright es muy claro en denunciar los esfuerzos del gobierno Samper por aplicar censura a los noticieros de televisión que criticaron su gobierno.¿Que hay detrás?Aunque a primera vista pareciera que el duro informe de la señora Albright es un episodio más en el ya conocido deterioro en las relaciones con Estados Unidos, todo parece indicar que hay razones de fondo que son más importantes. La victoria de Clinton en las pasadas elecciones cambió el ambiente político de Estados Unidos. Los republicanos, que son mayoría en el Congreso, parecen haber perdido buena parte del control que ejercían sobre el presidente. Como Clinton ya no tiene que preocuparse por su reelección ha iniciado _con los cambios en su gabinete un rediseño de las prioridades de su gobierno para acercarlo más al modelo demócrata tradicional. En ese modelo el tema de los derechos humanos salta a primer plano.Pero, además, hay un actor desconocido en todo este proceso, cuya influencia ha sido clave en desatar este episodio. Se trata de Amnistía Internacional. Fue un agente que hace lobby para esa organización el que logró introducir el 'mico' en la ley de presupuesto de Estados Unidos, que hoy tiene la cooperación antinarcóticos al borde del desplome. También tuvo enorme influencia en la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado el 'Human Rights Report', de Amnistía Internacional, sobre la situación de Colombia en materia de derechos humanos. John Shattug, funcionario que redactó el documento presentado al Congreso, utilizó buena parte de los argumentos y las estadísticas del informe anual de esa organización no gubernamental.Esto significa que el gobierno de Estados Unidos se está acercando ideológicamente a la Unión Europea por su preocupación por los derechos humanos, y eso podría tener serias consecuencias para Colombia. El episodio de las declaraciones del embajador italiano en Bogotá la semana pasada sobre la muerte del estudiante Giacomo Turra, coincidió con el informe norteamericano. Aunque un tanto exótica, la amenaza del diplomático sobre una iniciativa italiana en el seno de la Unión Europea para decretar sanciones a Colombia si no se condena a los policías involucrados en el episodio, muestra la sensibilidad que hay en el viejo continente en materia de derechos humanos.Es antipático tener a gobiernos extranjeros discutiendo situaciones de política interna del país. Sin embargo, la tendencia mundial es que si se quiere tener una economía abierta y negociar libremente los productos colombianos con el resto del mundo, hay que pagar un precio. Y cada vez más el precio es el de respetar ciertos criterios que la comunidad internacional considera indispensables, como son los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y el respeto a la democracia. En al menos dos de ellos Colombia no es precisamente un buen ejemplo.

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