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| 6/2/2015 7:00:00 PM

La otra condena a Guillermo León Valencia Cossio

La Corte Suprema condenó al exdirector de Fiscalías de Medellín por dejar engavetada una denuncia contra el narcotraficante Juan Carlos Abadía, ‘Chupeta’.

En agosto del 2008 la desaparecida revista Cambio reveló decenas de grabaciones que comprometían al entonces director de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, con un sector de la mafia. En las grabaciones, Valencia se comprometió a hacer gestiones para sacar de la lista de ‘narcos’ a John Freddy Manco Torres, conocido también como el ‘Indio’.

Así se hizo y Valencia recibió a cambio regalos y aplausos de amigos y empresarios de Antioquia con quienes el ‘Indio’ guardaba relación. Luego de esa revelación comenzó la tragedia para el exfiscal y su familia. Valencia fue condenado a 15 años de prisión y comenzó a pagar su condena en la cárcel La Picota en Bogotá. Luego fue trasladado a una cárcel en la capital antioqueña.

Ahora Valencia Cossio recibe una nueva condena por parte de la Corte Suprema, esta vez relacionada con los delitos de prevaricato por omisión y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Deberá pagar otros seis años y cuatro meses de prisión.

Tal como ocurrió con el ‘Indio’, Valencia recibió en su despacho denuncias contra un grupo denominado ‘Gente de bien’, que realizaba actividades ilegales para el narcotraficante Juan Carlos Abadía, ‘Chupeta’.

Sin embargo, el funcionario ocultó está información con el único fin de que dichas denuncias no fueran investigadas. Valencia Cossio aseguró en un principio que había hecho el trámite ante el despacho del entonces fiscal general, Mario Iguarán. Pero pronto se dieron cuenta en Bogotá de que nada de esto había ocurrido.

Para la Corte, el exfuncionario actuó de manera dolosa puesto que, a sabiendas de que estaba incurriendo en una conducta punible, usó su cargo para evitar que se investigara una estructura delincuencial con mucho arraigo en Antioquia.

Igualmente la Corte hizo un llamado de atención debido a que este tipo de conductas afecta la administración de justicia y la fe de las personas en sus funcionarios públicos.
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