La otra guerra

"La paz se nos ha convertido tan sólo en el paréntesis que separa dos funerales", dijo Sabas Pretelt de la Vega al instalar el congreso anual de Fenalco en Cartagena. Tenía toda la razón. La tranquilidad en estos tiempo es tan pasajera que no se acaba de llorar a un muerto cuando ya se debe empezar a llorar el otro. Y las balas vienen de tan diferentes lados que nadie parece estar a salvo.
Si la mayoría de los muertos de hace dos semanas eran víctimas de la guerra del narcotráfico, los de la semana pasada lo fueron de la guerra de guerrillas. Un inusitado resurgimiento de acciones de las FARC, el ELN y el EPL, es decir, del pleno de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, le recordó al país que ellos también están en la guerra. Para completar el panorama de violencia, nuevas víctimas de la Unión Patriótica caían asesinadas, también como muestra inequívoca de que sus miembros no están a salvo porque la guerra contra ellos no se ha detenido.
El sábado 21 de octubre, mientras en Apartadó, Antioquia, eran asesinados Enoc Ocampo Núñez, de la UP y dirigente sindical, y Alberto López Ramos, secretario del Partido Comunista, en Mutaia, también Antioquia, una columna de 30 hombres perteneciente, según las autoridades, a las FARC, se tomaba el pueblo. Los hombres, fuertemente armados, se dirigieron a la cárcel municipal y acribillaron a dos reclusos. Luego se dirigieron al Comando de Policía y durante 20 minutos estuvieron atacándolo. Tres agentes resultaron heridos y un ciudadano muerto.
Los hechos de Apartadó produjeron un paro cívico de 24 horas y la paralización de la actividad de 22 mil trabajadores del banano. El paro se realizó en completo orden y el martes continuaron las negociaciones que se están llevando a cabo entre los sindicatos y los empresarios. Sin embargo, el asesinato de los dos dirigentes sindicales volvió a revolver el avispero de Urabá y dio pie a nuevos enfrentamientos entre trabajadores y la jefatura militar de la zona. El general Hernán José Guzmán Rodríguez, comandante de la zona bananera de Urabá, dijo el lunes a varios noticieros de televisión, en la velación de los restos de los dirigentes de izquierda, que quienes los estaban llorando "derramaban lágrimas de cocodrilo porque entre los dolientes se encontraban los asesinos". El general Guzmán explicó que los asesinatos son el producto de pugnas entre las dos corrientes que dominan el panorama sindical bananero de Urabá: las FARC y el EPL. Los dirigentes sindicales de inmediato denunciaron al jefe militar de Urabá por irrespetar su dolor y anunciaron que no existe entre ellos ninguna pelea.
Ese mismo sábado, hacia el mediodía, una columna del ELN atacó el puesto de Policía de Hacarí, Norte de Santander, mientras otra columna atacaba un helicóptero de la Fuerza Aérea. La Policía nortesantandereana se quejó de que "nadie avisó que venía un helicóptero con plata". Sin embargo, al ELN sí le habían avisado. La remesa por valor de 35 millones de pesos, que enviaba la Caja Agraria, pasó a manos de los del ELN, quienes en su ataque asesinaron al piloto de la nave, Edmundo Aurelio Caviedes -mayor (r) de la Fuerza Aérea- y al empleado de la Caja Agraria, Roberto Quintana. En el lugar donde aterrizó el helicóptero se encontraron, además de las víctimas, el aparato totalmente inutilizado y la bandera rojo y negro del ELN.
Después de esta acción, los guerrilleros continuaron disparando por esta zona. El miércoles 25 atacaron simultáneamente tres poblaciones nortesantandereanas: Sardinata, La Vega y Cáchira. En esta última los destrozos mayores los sufrieron la iglesia, que quedó semidestruída, y la casa cural. El alcalde de Cáchira narró que los hombres vestidos con prendas militares echaron abajo la puerta de la sacristía y exigían la presencia del párroco Maximiliano Cruces. En estas tomas murieron dos policías y cuatro guerrilleros. Pero ahí no paró la guerra. Un grupo de refuerzo, comandado por el capitán Elkin Cifuentes Gómez, de la III Compañía de Antinarcóticos, de Aguachica, al mando de 32 agentes, fue atacado con una bomba por los guerrilleros en la mitad del camino. La onda explosiva lanzó del vehículo al capitán, quien perdió la vida, así como el agente José Manuel Jeres.
Si en Norte de Santander el fuego estaba prendido, en la frontera colombo-venezolana se volvió a prender. Después de los ataques de mayo no se habían vuelto a presentar combates hasta el enfrentamiento del jueves 26, cuando una columna del ELN atacó a la Guardia Nacional venezolana. Los hechos se produjeron en Caño Esmeralda, estado de Apure, cuando una mina de dinamita explotó en la carretera que estaba siendo patrullada por los militares venezolanos. Cuatro suboficiales y un cabo murieron en forma instantánea.
Medellín volvió a ser escenario de la guerra. El atentado que hacía tres meses no se había llevado a cabo porque la bomba se desactivó a tiempo, esta vez no se pudo evitar. Normalmente un bus de la Policía Metropolitana de Medellín transita por la ciudad entre las 7 y 8 de la noche, recogiendo a los agentes que prestan servicios en los CAI y dejando a quienes van a hacer el turno de la noche. La ruta y la hora son generalmente iguales cada noche. Por eso, esta vez los criminales no fallaron.
Hacia las 7 y 30 de la noche, en la calle 69 con la carrera 80, en inmediaciones del Club de Oficiales de la Policía, el bus donde viajaban 36 agentes fue atacado con 20 kilos de dinamita. Cinco agentes murieron instantáneamente y 16 policías quedaron heridos. Las autoridades consideran que este ataque puede provenir de la mafia del narcotráfico. Pero estas no fueron las únicas víctimas de la Policía. El miércoles en la noche, en el centro de Medellín, dos agentes que prestaban servicio fueron acribillados desde un vehículo de servicio colectivo. Las víctimas, de apenas 28 y 25 años de edad, estaban custodiando el consulado ecuatoriano.
El terror en Medellín por esos asesinatos no alcanzó a durar 24 horas, cuando un nuevo asesinato conmovía a los paisas. El segundo vicepresidente de la Asamblea de Antioquia y Coordinador de la Unión Patriótica en en ese departamento, Gabriel Jaime Santamaría, fue asesinado en su escritorio, cuando sicarios llegaron hasta su oficina y vaciaron sus armas en él. Casi nadie se explicaba cómo pudieron llegar hasta allí los sicarios, ya que el edificio donde funciona la Asamblea Departamental, además de estar fuertemente custodiado, tiene una arquitectura de laberinto en donde cualquier extraño se pierde. Según los porteros del edificio y los guardias, unos hombres fuertemente armados llegaron diciendo que iban con un personaje a quien estaban escoltando y por esto lo dejaron entrar sin más ni más. Los que si actuaron con prontitud fueron los escoltas del ingeniero y economista Gabriel Jaime Santamaría, quienes dispararon de inmediato contra los sicarios, matando al asesino del diputado. La Policía detuvo a tres presuntos integrantes de la banda. De 43 años de edad, Santamaría había regresado al país hace un mes, porque por constantes amenazas y después de haber salido con vida de un atentado que le hicieron el 17 de diciembre de 1987, había decidido irse a vivir a Europa. Diego Montaña Cuéllar, presidente de la Unión Patriótica, dijo a SEMANA: "Los asesinos tienen más poder que el Estado. La gente común y corriente tiene grandes dificultades para entrar a las oficinas públicas y los únicos que se pueden movilizar con tranquilidad y por donde quieran son los integrantes de la industria del crimen. Cómo es posible que puedan actuar con tanta facilidad, que tengan tanta libertad de circulación. Ellos sí tienen garantías. Nosotros seguiremos luchando para que el gobierno, de una vez por todas, desmonte los grupos paramilitares".
Los asesinatos de policías, así como el de Santamaría, son una prueba irrefutable de que las medidas tomadas por las autoridades en Medellín han resultado totalmente inoperantes para detener la violencia en esa ciudad. Según el ministro de Defensa, el diputado Santamaría había dado orden de que no se requisara a ninguna de las personas que entrara a su oficina. Y por esto se explica que los sicarios hayan podido llegar tan fácilmente a su despacho.
La semana se cerró con la explosión de una bomba, el viernes por la noche, en las instalaciones de la base aérea de la Policía Nacional en Guaymaral, a una hora del centro de la capital de la República. La explosión causó la muerte de un suboficial de la Policía y produjo pérdidas millonarias.