Domingo, 23 de noviembre de 2014

| 2013/03/19 00:00

La otra ‘muerte política’ por el ‘carrusel’

Ahora es Germán Olano quien pierde su investidura de congresista. Ya había sucedido con Iván Moreno.

Excongresista Germán Olano Foto: Archivo SEMANA

El ‘carrusel de la contratación’ está muy movido este martes. Mientras la Fiscalía le imputa cuatro cargos al exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano por su presunta participación en la entrega irregular de contratos para el servicio de ambulancias, el Consejo de Estado, por su parte, le otorgó la ‘muerte política’ al exsenador Germán Olano.

La sala plena del alto tribunal determinó que el excongresista participó en la repartición de dádivas por contratos entregados en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Según las pruebas, Olano hizo causa común con funcionarios de esa entidad para que los empresarios Guido, Manuel y Miguel Nule obtuvieran contratos de la tercera fase de Transmilenio, así como otros del programa de valorización.

Por ese caso, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a ocho años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. A juzgar por las evidencias fue Olano quien recibió cerca de 500 millones de pesos de los Nule para su campaña al Senado. Ese dinero habría sido el pago por los contratos recibidos por los empresarios.

Olano es recordado en una grabación en la él habla con uno de los Nule y le comenta sobre la molestia que tenía el entonces contralor Miguel Ángel Moralesrussi por el incumplimiento de los Nule en la entrega de algunas comisiones, a cambio de no abrir investigaciones por lo que ocurría en Bogotá.

Con esta decisión termina la novela de Germán Olano, un hombre que pasó de ser un senador influyente a uno de los tantos señalados de haber participado en el descalabro de las finanzas públicas de la capital.

Esta es una nueva batalla que gana el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablos Bustos, quien interpuso la demanda en el alto tribunal. Sin embargo, asegura estar inconforme porque, según él, el Consejo de Estado demoró más de lo normal en decretar la muerte política de Olano, cuyo proceso demoró dos años y siete meses.

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