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| 6/21/1999 12:00:00 AM

LA OTRA PESCA DEL ELN

Con el plagio de un funcionario del Banco de Bogotá en Carmen de Bolívar el ELN intenta <BR>una nueva técnica de cobro, ya no a la familia del secuestrado sino a la entidad en la que trabaja.

Cuando los guerrilleros del ELN liberaron a Antonio Rosales cerca de la población de
Montes de María el pasado 15 de mayo, éste nunca se imaginó que el drama y la angustia del
secuestro que vivió durante 19 días no terminaban ese día sino que apenas comenzaban. Al tiempo que
Rosales era liberado los subversivos del frente Jaime Bateman se llevaban a su esposa, Elvira Chimá,
luego de que ella se ofreciera a los insurgentes en cautiverio para salvar a su esposo, quien tenía
graves problemas de salud y no podía caminar por las múltiples heridas en los pies que le dejaron las
extenuantes jornadas descalzo y en cautiverio por las montañas del sur de Bolívar. Rosales, de 50
años, gerente del Banco de Bogotá en Carmen de Bolívar, fue entregado por los guerrilleros a miembros
de la Cruz Roja que lo trasladaron de urgencia a la clínica Santa María de Sincelejo. Su esposa,
profesora de la escuela Anexa a la Normal de esa ciudad y con quien Rosales se casó hace 30 años,
no sólo logró con su entrega la liberación de su marido sino que evitó al mismo tiempo que alguno de
sus cuatro hijos tuviera que irse con los plagiarios. "Esa es la mayor muestra de amor de Elvira", dijo
Rosales a SEMANA después de haber sido dado de alta y mientras se recupera cerca de sus hijos y
amigos en una sencilla vivienda del centro de la capital sucreña. La espera de noticias de su esposa se
ha convertido en un drama para el funcionario de la entidad bancaria. El grupo subversivo que la tiene
retenida no le ha hecho aún ninguna exigencia a Rosales para dejarla en libertad. Lo único que sabe
hasta el momento es que los dos funcionarios del CTI que fueron secuestrados junto a él en una pesca
milagrosa hace casi un mes fueron dejados en libertad la semana pasada. No obstante lo anterior, las
autoridades que conocen el caso señalaron a SEMANA que desde hace varios meses los guerrilleros
vienen utilizando una nueva modalidad para el cobro de los rescates. Ahora pretenden que las
empresas sean las que paguen. "En el caso de la familia Rosales todo apunta a que los guerrilleros
pretenden que el Banco de Bogotá pague el rescate de la señora", dijo a SEMANA un investigador del
caso que pidió no ser identificado. Sin embargo una funcionaria del Banco de Bogotá en Sincelejo
señaló a SEMANA que desconoce si esa entidad ha recibido alguna exigencia por parte del ELN para
que corra con el pago del rescate de la esposa de Rosales. Pero lo cierto es que Rosales no tiene
fortuna personal. Su familia vive apenas con el salario que devenga de su condición de empleado
bancario. Hasta el momento no son comunes los casos en que el secuestro es utilizado de manera
indiscriminada contra empleados de modestos recursos para extorsionar a las empresas donde éstos
trabajan. Y aunque generalmente tanto las familias como las propias entidades lo niegan _ante la
incapacidad de acceder a las demandas económicas y por el peligro que representa para los
plagiados_, este nuevo invento de la macabra industria del secuestro preocupa cada vez más a los
organismos de seguridad. El único antecedente conocido de este tipo de cobro de rescates es el
mecanismo utilizado sobre todo por el ELN para extorsionar a las multinacionales que operan en el
país, mediante el secuestro selectivo de altos ejecutivos y empleados extranjeros. Esto llevó en su
momento a que importantes compañías adquirieran seguros millonarios contra secuestro que cubren el
pago de un eventual plagio de sus principales directivos. Desde que en Colombia se inició la aberrante
práctica del secuestro las técnicas de la guerrilla y la delincuencia organizada han avanzado casi a la
par con los métodos de las autoridades para impedirla. Mientras que entre 1986 y 1992 la subversión
podía invertir hasta tres meses y 10 millones de pesos para planear y ejecutar un secuestro, hoy en día
se hacen al azar y sin importar la condición económica de sus víctimas. En algunos casos se realizan
retenciones relámpago para desocupar las cuentas bancarias de los afectados y en otros las familias
pueden pagar hasta tres veces el precio del rescate cuando la víctima ya ha sido asesinada por los
plagiarios. Rosales, quien ha trabajado en diferentes sucursales de esa entidad bancaria en la Costa
Atlántica desde hace 31 años, señaló que los plagiarios nunca le hicieron exigencias económicas
durante su cautiverio y desconoce las razones por las cuales, a pesar de que liberaron a sus
compañeros de retención, tienen aún a su esposa en su poder. Aunque por ahora se desconocen las
pretensiones de los guerrilleros, lo cierto es que el secuestro de Elvira Chimá despertó un gran rechazo
entre sus alumnos de cuarto de primaria y los habitantes de Sincelejo. El viernes pasado se realizó una
marcha por las calles de la ciudad para protestar por el plagio de la maestra y para pedir su pronta
liberación. "Que nos la devuelvan pronto, que cuiden de su salud y que se acuerden que es un ama de
casa con cuatro hijos", es la petición de Rosales a los captores que lo mantuvieron retenido durante 19
días. Mientras le devuelven a su esposa espera recuperarse pronto para volver a su trabajo. No sabe
cuándo lo hará, como tampoco sabe cuándo regresará Elvira. n Todo indica que el ELN pretende que el
Banco de Bogotá pague el rescate de Elvira Chimá Crimen endémico Cientos de personas y familias
colombianas continúan viviendo diariamente el drama y la angustia del secuestro. Los índices de ese
delito se dispararon por las pescas milagrosas y las modalidades de los delincuentes no parecen tener
límites. En los últimos cuatro años cerca de 5.000 personas han sido plagiadas y las autoridades han
rescatado a 898. En el mismo lapso más de 1.700 secuestradores han sido capturados pero los
índices parecen continuar en aumento. A manera de ejemplo, sólo en los primeros cinco meses de
1999 cerca de 600 civiles han sido secuestrados. En el momento más de 1.000 personas se
encuentran privadas de la libertad. Esto incluye, apenas, los casos denunciados a las autoridades.
Según cifras oficiales, 66,5 por ciento de los casos fueron ejecutados por la guerrilla, 19,6 por ciento
por la delincuencia común, 1,3 por ciento por los paramilitares, mientras que en 22,6 por ciento de los
casos no se conocen los autores.
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