Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1997/05/12 00:00

LA PAPA CALIENTE

Más que tomar la decisión de extraditar, Samper lo que hizo fue pasársela al Congreso, el cual probablemente no le jalará.

LA PAPA CALIENTE

Cuando el presidente Ernesto Samper anunció el martes pasado que presentaría al Congreso un proyecto de acto legislativo para eliminar de la Constitución la prohibición de extraditar colombianos, para muchos la sorpresa fue grande. Hacía menos de tres semanas el mismo Presidente había asegurado con tono enérgico ante los miembros del Parlamento Andino reunidos en Cartagena que "Colombia jamás aceptará la extradición como el resultado de lapresión internacional". Es por eso que la carta enviada por Samper al Consejo de Política Criminal la semana pasada fue recibida como un inexplicable viraje del Presidente respecto del tema; sobre todo teniendo en cuenta que ni la presión internacional ni el mal ambiente en el Congreso, que eran los motivos que Samper había argumentado para aplazar el debate, han cambiado significativamente.A primera vista el hecho de que el gobierno retome el tema y lo someta a consideración del Congreso por su propia iniciativa parecería indicar que dentro de las distintas posiciones que se debatían al interior del gabinete finalmente resultó triunfante la del Ministro de Justicia, quien en muchas oportunidades había dicho "sí y mil veces sí" a la extradición. Sin embargo, aunque Samper haya dicho en varias ocasiones que bajo presión no hay extradición, es un hecho que la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos sigue pendiendo como una espada de Damocles sobre el gobierno y que éste sabe que si quiere evitarlas tiene que demostrar que está dispuesto a caminarle a la extradición. Un largo caminoLa presentación del proyecto de acto legislativo por parte del gobierno, sin embargo, no significa necesariamente que el presidente Samper haya tomado la decisión de extraditar a alguien durante lo que queda de su administración. Lo que indica es que, frente al escenario de las sanciones, Samper se dio cuenta de que el tiempo corría en contra suya y por eso decidió jugársela políticamente acogiendo la iniciativa del ministro Medellín de abrir el debate sobre la extradición y botándole la papa caliente primero al Consejo de Política Criminal y luego al Congreso.La idea del gobierno es presentar primero un proyecto de acto legislativo para eliminar el artículo 35 de la Constitución que prohíbe la extradición de colombianos . Después de esto se presentará un proyecto de ley para reglamentar la extradición, dentro del cual se debatiría el tema de la retroactividad. Esto significa que la decisión anunciada por el gobierno la semana pasada es apenas el comienzo de un largo camino cuyo final es aún muy incierto. La sola aprobación del proyecto de reforma constitucional requiere dos vueltas en legislaturas ordinarias distintas, es decir de ocho debates. A estos se suman los cuatro más que requeriría la aprobación de ley reglamentaria, lo cual quiere decir que para que haya una decisión final sobre extradición el país tendrá que ver 12 debates en el Congreso. Aun suponiendo que el proyecto de reforma constitucional pasara su primera prueba en la actual legislatura ordinaria que se acaba el 20 de junio, y fuera aprobado en segunda vuelta en la que se inicia el 20 de julio, las posibilidades de que algún colombiano sea extraditado durante este gobierno son muy remotas. La retroactividadAun suponiendo que se lograra la aprobación del proyecto para eliminar de la Constitución la extradición, asunto en el cual el gobierno y algunos congresistas son optimistas, resulta muy poco probable que suceda lo mismo con el de la retroactividad. En primer lugar, por las grandes divergencias jurídicas que existen entre quienes creen que la extradición no puede aplicarse para delitos cometidos antes de la eliminación de la prohibición constitucional y quienes piensan que sí puede hacerse. Esta discusión, que ya ha copado decenas de páginas de los periódicos y llenado horas de noticieros de radio y televisión, promete ser interminable en el momento en que llegue al Congreso. El debate jurídico sobre el tema se centra en que para unos la extradición no es una pena en sí sino que hace parte de los procedimientos penales, y por tanto en el momento en que se apruebe tiene lo que se conoce en derecho como 'aplicación inmediata', es decir puede aplicarse incluso para delitos cometidos con anterioridad. Para otros, lo que debe primar es el principio de favorabilidad de la ley penal y por tanto no se le puede aplicar retroactivamente a alguien una ley desfavorable. En este tema, a pesar de que el Ministro de Justicia se ha mostrado partidario de la tesis de que la extradición podría aplicarse con retroactividad y prácticamente así lo sugiere el estudio jurídico presentado por su despacho al Consejo de Política Criminal, la posición oficial del gobierno no es aún muy clara. En su carta del martes pasado, Samper se refiere específicamente a que dentro de la reglamentación de la extradición deben incluirse garantías a algunos principios y entre ellos menciona "la aplicación del principio de favorabilidad, la preexistencia del delito y el tiempo correcto de aplicación de las leyes y tratados correspondientes". Aunque no es muy evidente qué quiso decir el Presidente con esa precisión, hay quienes la han interpretado como una forma sutil de hacer explícita la intención del gobierno de no aplicar la extradición retroactivamente. Pero lo más difícil de este tema no es el aspecto jurídico sino el político. Aunque Samper en su carta insiste en que la aplicación de la retroactividad no es un problema de decisión política sino de interpretación jurídica, es un hecho que el debate sobre la retroactividad será político, pues la decisión está en manos del Congreso, que mayoritariamente se opone a la retroactividad. Es evidente que la reimplantación de la extradición tiene hoy más adeptos que antes. Pero también lo es que, a diferencia de otros temas en los cuales la llamada aplanadora samperista ha sido efectiva, en el de la extradición el Congreso será autónomo. No necesariamente por convicción sino porque en este caso la presión más importante no provendrá del gobierno, ni de Estados Unidos, sino de los narcotraficantes, muchos de los cuales no dudarán en pasarle la cuenta de cobro a los congresistas que han financiado. En esas condiciones es difícil pensar que los congresistas van a estudiar el tema atendiendo únicamente las razones jurídicas y sin pensar que de aprobarse la retroactividad seguramente los Rodríguez terminarán siendo extraditados. Aún con amenazas de sanciones comerciales es bastante probable que haya un buen número de congresistas que prefieran que las flores colombianas tengan que pagar en Estados Unidos un 8 por ciento más de arancel antes que correr riesgos de ser asesinados o de que sus nombres sean mencionados dentro de la lista de políticos financiados por el narcotráfico, si los Rodríguez la revelan.Ante esta disyuntiva es difícil apostar a la aprobación de la extradición sin que de alguna manera el Congreso trate de hacer explícita la prohibición de extraditar retroactivamente. Así lo demostró el debate alrededor del proyecto presentado el año pasado por el grupo de senadores encabezado por Luis Guillermo Giraldo, y el enviado al Senado la semana pasada por Piedad Córdoba, Amílkar Acosta, Alfonso Angarita y Juan Guillermo Angel, en el cual se propone derogar el artículo 35 de la Constitución pero se prohíbe la extradición para delitos cometidos antes de la vigencia de la ley. La reacción gringaEn lo concerniente a Estados Unidos, aunque el embajador Myles Frechette manifestó que la retroactividad era indispensable, un vocero de la administración Clinton dijo a SEMANA que preferían no pronunciarse sobre el tema. "Cualquier cosa que digamos puede terminar siendo interpretada como una interferencia nuestra y no queremos entorpecer el debate", aseguró. Sin embargo fuentes cercanas a la Casa Blanca estiman que si el gobierno logra que se derogue el artículo 35 de la Constitución las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se normalizarían, independientemente de si hay una ley reglamentaria o no, y las posibilidades de que se estudie una recertificación serían bastante altas. Según estas fuentes, lo que el gobierno norteamericano espera es, en primer término, que una vez derogada la prohibición constitucional alguna de las Cortes se vea obligada a pronunciarse sobre el tema de la retroactividad avalándolo. Y en segundo lugar, que el próximo presidente de Colombia sea una persona que sí tenga la decisión de extraditar. En cuanto a las solicitudes de extradición de los jefes del cartel de Cali a Estados Unidos y Canadá enviadas el viernes pasado por el Ministerio de Justicia a la Sala Penal de la Corte, lo más seguro es que sean negadas. Pues aunque en el caso de Canadá, a diferencia del de Estados Unidos, el tratado de extradición está vigente, ya la Corte sentenció hace un mes por cuatro votos contra tres que la Constitución debe primar sobre los tratados internacionales, con lo cual señaló el camino que muy seguramente tomarán estas solicitudes. Ante este panorama lo único que es claro es que, a pesar de los anuncios del gobierno, la posibilidad de que algún colombiano sea extraditado es todavía muy remota, y más ahora que se va del gobierno quien tenía la posición más sólida frente al tema: el ministro Carlos Medellín. Sin él empujando, es probable no sólo que el camino resulte más largo sino que todo ande más lento.

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