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| 10/29/2001 12:00:00 AM

La papa caliente

El acuerdo logrado entre el gobierno y el alcalde de Cali para levantar la intervención de Emcali, está lejos de solucionar la crisis financiera de la empresa.

La crisis de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) en las últimas semanas llegó a un punto tan crítico que la ciudadanía llegó a temer no sólo por la prestación de sus servicios básicos sino también porque se viera alterado el orden público. En su oposición a las políticas que proponía el gobierno nacional el sindicato ocupó la sede de la empresa el 25 de diciembre pasado. El alcalde, Jhon Maro Rodríguez, también resistía las soluciones de Bogotá y por más de 20 días nadie parecía saber cómo salir de un descalabro financiero que amenazaba incluso con abrirle un boquete no despreciable a las arcas de la Nación.

El pasado lunes 14 de enero, sin embargo, muchos respiraron aliviados después de que se anunciara un acuerdo entre el alcalde Rodríguez y el superintendente de servicios públicos, Diego Caicedo, para levantar la sanción que pesa sobre la empresa desde abril de 2000, cuando fue intervenida por el gobierno. Muchos creyeron, al enterarse de este convenio, que se había encontrado por fin una salida definitiva a la crisis. Pero la verdad es que la solución de fondo todavía está lejos.

La situación financiera de la empresa sigue siendo dramática. Tiene deudas financieras por un billón 90.000 millones de pesos. También un pasivo pensional cuyo valor no se conoce con exactitud pero que podría acercarse al billón de pesos. Y a esto se suman las deudas acumuladas con proveedores y con otros acreedores en el exterior.

Si la empresa decidiera vender los negocios que tiene en energía, telecomunicaciones y agua difícilmente le darían los tres billones que debe. Esto quiere decir que, contablemente, tiene un patrimonio negativo. Y mientras más tiempo pase sin que se adopten soluciones estructurales más se acumulan las deudas pues la operación de Emcali es deficitaria. En 2001 la diferencia entre sus ingresos y sus gastos superó los 300.000 millones de pesos.

Quizá lo más desconcertante de esta quiebra es que hace tan sólo seis años Emcali era una empresa viable. Su situación financiera era estable a pesar de que hacía dos décadas se había convertido en el principal fortín burocrático de la clase política local. Pero las cosas empezaron a empeorar a fines de los 90, cuando los directivos la metieron en dos negocios que se veían muy bien en el papel pero que resultaron desastrosos en la práctica: un contrato de compra de energía a largo plazo con una termoeléctrica y una planta de descontaminación de aguas residuales (ver recuadro).

A esto se sumó el endeudamiento desbordado que contrajo la empresa con el sistema financiero. Fueron dineros que muchas veces se gastaron en clientelismo, en obras que no tenían nada que ver con su función. De otro lado, los pagos laborales que Emcali debió hacer en virtud de una convención colectiva generosa en prebendas tampoco ayudaron a mantener la entidad a flote.

La plata es lo de menos

Pero el problema más grave que tiene no es financiero sino político. Emcali entró en una crisis de gobernabilidad desde mediados de 1999, cuando el sindicato se tomó la sede por primera vez. Los trabajadores entonces exigieron que se reunificara la empresa, que años antes se había dividido en tres sociedades (telecomunicaciones, energía y agua). Pidieron también que no se privatizara, ni siquiera parcialmente. La toma duró varias semanas, hasta que el alcalde de entonces, Ricardo Cobo, terminó por ceder. El sindicato ganó la pelea, lo cual incrementó su poder dentro de la organización.

Después vino la intervención de la empresa por parte del gobierno en abril de 2000, cuando los proveedores de energía estaban a punto de cortarle el suministro por falta de pago. La empresa dejó de pertenecer legalmente al municipio y pasó a manos del gobierno nacional.

Pero una empresa como Emcali, en la que el gerente interventor que nombraba la Superintendencia de Servicios Públicos no parecía tener la última palabra, y en la que cualquier operación de salvamento financiero que involucrara capital privado encontraba una fuerte oposición política, terminó por convertirse en una verdadera papa caliente para la Nación.

Algo que se hizo evidente a partir de enero de 2001, cuando se posesionó el periodista Jhon Maro Rodríguez como alcalde de Cali. El mandatario es independiente de la clase política pero, al parecer, no lo es tanto del sindicato de Emcali. O por lo menos ha tenido una posición muy próxima a la de los dirigentes sindicales frente al espinoso tema de la capitalización de la empresa.

El superintendente de servicios públicos, Diego Caicedo, siempre ha sostenido que para sacar Emcali adelante, además de renegociar con los acreedores, hay que inyectarle capital fresco, sea público o privado. Pero el alcalde se ha opuesto a las soluciones planteadas por Caicedo. Ha rechazado la vinculación del sector privado a la empresa y se ha enfrentado públicamente con el gobierno.

Las alternativas propuestas por el alcalde, a su vez, le han parecido poco realistas a los técnicos del gobierno. Por ejemplo, una vez planteó que Emcali se declarara patrimonio ecológico para “blindarla” de una eventual privatización. También ha propuesto una alianza estratégica con otra empresa pública, como EPM o la ETB. Pero esta solución tiene problemas. A la empresa bogotana, sin embargo, no tendría por qué interesarle el negocio de energía o agua sino únicamente los teléfonos. De manera que una eventual alianza con la ETB o con otra empresa pública muy probablemente exigiría la separación de los negocios de Emcali, algo con lo que el sindicato y el mismo alcalde no están de acuerdo.

El desenlace

La empresa estaba al borde de la liquidación, en medio de una absoluta desconfianza y un enfrentamiento abierto entre el alcalde y el superintendente Caicedo. Hasta que éste último optó por precipitar una solución en diciembre pasado. Decidió destituir al gerente interventor de Emcali, Juan Manuel Pulido, quien era muy cercano al alcalde, y designar a alguien que fuera independiente del mandatario local.

El superintendente temía que el sindicato, que apoyaba la gestión de Pulido, se opusiera en forma violenta a su destitución. Por eso el gobierno tomó precauciones y el 24 de diciembre pasado militarizó las plantas de Emcali en la ciudad. Horas después nombró a Oscar Halim Revéiz como nuevo gerente interventor. Pero en vano intentó el gobierno prevenir la toma de las instalaciones pues al día siguiente el sindicato invadió la sede principal de Emcali. En los días siguientes el superintendente acusó a Pulido de complicidad en la toma y hubo quienes afirmaron que el alcalde pecó por omisión, pues estaba en sus manos evitarla.

Pasaron 20 días de absoluta incertidumbre hasta que, el pasado 14 de enero, se firmó el acuerdo entre los gobiernos local y nacional, mediante el cual se levantará la intervención de la empresa. Es algo que se debe materializar en los próximos días, una vez Emcali reprograme las obligaciones vencidas con los generadores de energía y con los bancos, pues son estas deudas las que obligan al gobierno a intervenir la empresa de acuerdo con la ley.

“El alcalde ha dicho que él puede liderar el proceso de sacar Emcali adelante. Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo”, explicó el superintendente Caicedo, quien ya no tendrá esa tarea bajo su responsabilidad. “El gobierno, no obstante, acompañará al mandatario local en la gestión y en particular en las renegociaciones con los acreedores externos de la empresa”, añadió.

El acuerdo dejó contento al alcalde, quien ha hecho de la recuperación de Emcali la principal bandera de su gobierno. “Vamos a trabajar con eficiencia, con dedicación y, sobre todo, con honradez, para sacar la empresa adelante”, dijo a SEMANA. Anunció también que trabajará de la mano con la banca de inversión Taylor-DeJongh para renegociar los créditos externos y que antes de junio lo hará con la convención colectiva con el sindicato. Si después de esto sigue haciendo falta capitalizar la empresa él se compromete a conseguir los recursos, pero sin modificar el carácter de empresa industrial y comercial del Estado que tiene Emcali.

El sindicato también recibió con optimismo la noticia. Al cierre de esta edición era inminente el desalojo del edificio. “Seguimos esperando una respuesta concreta a las tres exigencias que hemos planteado. Que el gobierno nacional se comprometa explícitamente a no privatizar la empresa, que no se incrementen las tarifas de los servicios y que se conforme una comisión de la verdad para establecer quiénes fueron los culpables de la crisis de la empresa”, dijo a SEMANA Alexander López, presidente de Sintraemcali.

Otros sectores, en cambio, tomaron el anuncio del acuerdo con una alta dosis de escepticismo. El diario El País, en su editorial del miércoles, calificó el acuerdo como funesto al considerar que el gobierno nacional le estaba sacando el cuerpo a su responsabilidad. “Se abre paso una solución para los acreedores, mas no para la ciudad. Y se le da la razón al alcalde, quien nunca ha ocultado su afán de aplicar medidas populistas y continuar con su demagogia, en un todo de acuerdo con las pretensiones de Sintraemcali”, dice el editorial.

El asunto de Emcali seguirá sobre el tapete en los meses que vienen. El alcalde y otros sectores de la ciudadanía reclaman que el gobierno nacional se meta la mano al bolsillo y le ayude a pagar sus deudas. El gobierno, al parecer, estaría dispuesto a hacerlo, pero no a cambio de nada. El antecedente más inmediato es el del Seguro Social, al cual el Ministerio de Hacienda le metió 350.000 millones de pesos (prestados) a cambio de una demostración concreta de que la entidad se volvería viable, como fue la reforma a la convención colectiva.

Lo que queda claro es que el alcalde se está jugando el todo por el todo. Ahora tendrá que poner en práctica lo que ha predicado en el último año: que la empresa es salvable sin inyección de capital privado. Y esto significa sobre todo, desterrar el clientelismo y la corruptela que la quebraron. Si lo logra habrá silenciado definitivamente a todos sus críticos. Ojalá lo logre. Pero si Emcali se llega a colgar otra vez en los pagos a los proveedores de energía o a los bancos incurrirá nuevamente en la causal de intervención y Rodríguez habrá fracasado estrepitosamente en la principal iniciativa de su gobierno.
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