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| 12/18/2003 12:00:00 AM

La papa caliente

Detrás de la sanción impuesta por Estados Unidos a la base aérea de Palanquero hay más preguntas que respuestas.

La decision del Departamento de Estado de suspender la ayuda de Estados Unidos a la base de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en Palanquero dejó un mal sabor en el país la semana pasada.

La posición de Estados Unidos levantó polvareda aunque la sanción estaba motivada en una noble defensa de los derechos humanos ante la falta de claridad y agilidad en las investigaciones de la justicia penal militar sobre los hechos que causaron la muerte de 17 personas, entre ellas seis niños, en Santo Domingo, un caserío de Tame (Arauca) hace cuatro años.

Primero, porque la sanción de Washington se hizo efectiva antes de que culminaran la investigaciones judiciales. Segundo, por la doble moral a la hora de sancionar a Colombia por ese tema cuando los ataques aéreos del Tío Sam en Irak y Afganistán han afectado también a la población civil. Pero sobre todo por la confusa participación de varios estadounidenses en los bombardeos de ese 13 de diciembre de 1998.

Aquel día, aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana, explotó un camión estacionado en la única calle de Santo Domingo, causando la muerte de los civiles e hiriendo de gravedad a más de 25 personas. Según algunas versiones la explosión fue provocada por una bomba lanzada por uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea contra guerrilleros de las Farc. Según los mandos militares la explosión fue ocasionada por una bomba colocada en el camión por guerrilleros que se escudaban en la población.

Hace cuatro años que la justicia colombiana trata de establecer quién tiene la razón. Un tiempo que Estados Unidos ha considerado exagerado y cuya demora habría propiciado la decisión. Sin embargo personas como el periodista Germán Castro Caycedo, que investigó el tema a fondo para su libro de crónicas sobre el conflicto Manos en alto, consideran que los gringos han sido más parte del problema que de la solución a este espinoso caso.

En su libro Castro Caycedo afirma que quienes coordinaron los ataques y señalaron el blanco de los lanzamientos de unas bombas tipo racimo o cluster, fueron tres estadounidenses a bordo de un avión de vigilancia de la compañía Air Scan (empresa privada estadounidense contratada por la FAC para vigilar el oleoducto en esa región) al servicio de la compañía Occidental Petroleum, en el que también viajaban oficiales de la FAC.

Este avión Sky Master habría ubicado en uno de sus sobrevuelos a una columna guerrillera y guiado a varios helicópteros artillados de la FAC hacia los subversivos.

Aunque la Occidental le comunicó en forma oficial a la juez de instrucción penal militar que llevaba el caso que esa compañía nada tenía que ver con el avión, el periódico estadounidense San Francisco Chronicle publicó un informe el 15 de junio del año 2001, en el cual señaló que un funcionario de Ecopetrol en Caño Limón dijo que la Occidental siempre ha tenido fondos para el avión Sky Master: "He confirmado que el avión es pagado a Air Scan por Occidental a través de un contrato que ha tenido varios pasos, ya sea, o por la sociedad Occidental-Ecopetrol o por el Ministerio de Defensa", dijo el funcionario. "El director de Air Scan, John Manser, hablando desde la casa matriz de la compañía, declaró que el avión Sky Master y la tripulación fueron originalmente contratados por Occidental y Ecopetrol en 1997".

Según los documentos oficiales de tres procesos abiertos por la justicia colombiana se trata de los estadounidenses Joe Orta, Charlie Denny y Dan McClintock, de Air Scan International. El primero de estos era miembro activo de la guardia costera de Estados Unidos y en sus períodos de vacaciones trabajaba para esta compañía privada.

Actualmente Orta, Denny y McClintock se hallan libres de cargos en algún lugar del mundo, mientras la tripulación del helicóptero militar colombiano, un UH-1H, podría afrontar condenas de hasta 15 años de prisión. El caso de Orta es bastante sensible ya que al ser miembro del ejército de Estados Unidos debe dar una versión de los hechos ocurridos ese día.

Según Phill Chicola, jefe de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, la decisión de suspender la ayuda a la base militar colombiana se produjo por la falta de transparencia y de rapidez de la justicia penal militar de Colombia. Sin embargo el libro establece que "no obstante, la actitud de Estados Unidos en relación con los mercenarios ha hecho imposible y, además, lenta la investigación. La embajada en Bogotá se ha abstenido de dar información que conduzca a ellos, igual que la Occidental Petroleum Company y la compañía Air Scan. Cuando comenzaba el proceso, la embajada de Estados Unidos le respondió a la Fiscalía General que no tenía ninguna información de los mercenarios porque no eran empleados de su gobierno. Luego, Alexander Barreso, oficial para asuntos políticos y militares de esa legación, le comunicó a la Procuraduría General que 'Orta, Denny y McClintock no tienen nexos con la embajada y que, además, el gobierno de Estados Unidos no puede violar su derecho a la intimidad llevándolos a declarar en ese proceso".

Según el libro, el caso de Santo Domingo es similar al ocurrido sobre la Amazonia peruana en abril del año 2001, cuando fue derribada una pequeña nave sospechosa de narcotráfico en la que viajaban tres personas. Sin embargo, una vez en tierra, se comprobó que no eran narcos sino un pastor protestante estadounidense y su familia. Fallecieron la señora y la niña, y Estados Unidos culpó del descalabro a un avión de la Fuerza Aérea Peruana.

En ese momento el vocero del Departamento de Estado dijo en forma pública: "Los norteamericanos no derribamos narcoaviones. Quien disparó fue una nave de combate de la Fuerza Aérea del Perú". El mismo funcionario aceptó luego que el avión caza del Perú había actuado "en apoyo de una nave particular fletada por la CIA". Ese incidente llevó a Washington a suspender lo que califican como interdicción aérea contra el narcotráfico, una de las herramientas más eficaces en la guerra contra el tráfico de drogas.

Según el libro de Castro Caycedo, el proceso de investigación penal militar en Colombia no ha sido transparente ya que "la manipulación de piezas del proceso es singular". Por ejemplo, ha desaparecido la prueba reina que, como tal, hubiera aclarado los hechos. Se trata de un video grabado minuto a minuto por el avión Sky Master durante los combates entre el Ejército y la guerrilla en el lugar de los hechos. En él estaban registradas todas las comunicaciones de los estadounidenses, dándoles instrucciones a los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, y las imágenes del lanzamiento de las dos bombas cluster.

Según los pilotos militares colombianos acusados, cuya declaración ante la juez de instrucción militar se incluye en el libro, el video estaba en poder de la petrolera internacional. Por otro lado, la copia del video que llegó a la embajada de Estados Unidos en Bogotá se 'empapeló' durante varios meses.

Estos videos constituyen una prueba fundamental en el proceso para demostrar qué ocurrió ese día. Una copia de los videos apareció dos años después del combate en un juzgado diferente al que instruía el caso, fuera del juicio, fuera de tiempo, pero estaba alterada: habían borrado y silenciado todo lo sucedido el día del bombardeo. En ella no aparecían ni las imágenes, ni lo que se dijo en torno al lanzamiento de las bombas racimo o cluster en áreas despobladas.

El libro, apoyándose en piezas del proceso penal militar, señala que las bombas cluster del helicóptero hicieron explosión en dos matas de monte un kilómetro lejanas de las casuchas, pero los muertos aparecieron en la cabecera del poblado. Los 16 testigos que hablan en el libro cuentan que "cuando terminaron los combates, la guerrilla volvió por la noche, sacó los cadáveres de los guerrilleros que estaban en la mata de monte y los dejó en el pueblo. La noche siguiente trasladaron unos pocos pedazos de metal de la bomba y los mezclaron con los muertos".

Castro Caycedo presenta apartes de lo que las autoridades llaman en sus tres expedientes "levantamiento de cadáveres", según los cuales había varios de ellos desnudos. Luego se pregunta: "¿Se trata de guerrilleros caídos en la mata de monte a quienes les quitaron los uniformes antes de cambiarles de sitio, o acaso las 'cluster' desnudan a sus víctimas con delicadeza?".

Todos estos interrogantes hacen aún más urgente que la justicia colombiana produzca un fallo sobre lo que sucedió ese día. Aunque no es claro por qué el súbito interés de Estados Unidos en hechos que ocurrieron hace más de cuatro años (el secretario de Estado Colin Powell lo volvió incluso parte de su agenda cuando visitó Colombia recientemente) sí es importante que se aclare este asunto de una vez por todas. Las víctimas y el país tienen derecho a saber qué fue lo que pasó.
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