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La para-política

En una nueva ofensiva estratégica, las Autodefensas quieren asumir un papel más político para dejar de ser vistos en la opinión como los ‘verdugos de la guerra’

24 de abril de 2000

Como estaba previsto en el guión original, a medida que avanza el proceso de paz y se van dejando atrás las imágenes de los abrazos protocolarios, los vasos de whisky, las palmadas en la espalda y el cinematográfico mise-en-scène para iniciar la negociación entre el gobierno y las Farc, van apareciendo sobre la mesa los temas que de verdad preocupan a los colombianos.

El primero que ha salido a flote es, ni más ni menos, el de los paramilitares. Estos, en las últimas semanas, le han hecho saber al país que son un actor central del conflicto armado y que un eventual acuerdo de paz tiene que pasar necesariamente a través de ellos. Dos hechos recientes así lo confirman: la entrevista en televisión de Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la que asegura que tienen 11.000 hombres en armas, y el comunicado que le enviaron al presidente Andrés Pastrana la semana pasada, en el que ofrecían retirar sus tropas del municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, para que el gobierno se pueda sentar a dialogar con el ELN.

Que los paramilitares están ahí, en las fauces de la guerra, con un inmenso poder de intimidación y presencia en la mitad del territorio nacional, ya nadie lo cuestiona. Las 550 masacres que, según la Policía Nacional, han perpetrado entre 1997 y 1999 y que han dejado casi 600 personas muertas son una prueba macabra pero suficiente de su capacidad para implantar su régimen del terror. Pero sus recientes apariciones no tienen la intención de mostrarle al país sus dientes rabiosos. Todo lo contrario. Sus últimas salidas públicas revelan una nueva estrategia en la cual se pretende combinar por igual el frente político con el militar, lo estratégico con lo táctico.



Munición política

La entrevista de Carlos Castaño en horario triple A fue el primer gran golpe de opinión del año. Que, de paso, vino acompañado de un explosivo mensaje político: Castaño tomó la vocería de una clase media desamparada —insinuando que el pueblo tiene a la guerrilla y el establecimiento al Ejército— en un país donde todo el mundo cree ser de clase media y todos se sienten desamparados por el Estado. El resultado no pudo ser más elocuente: a los pocos días el 38 por ciento de la opinión mejoró la imagen del jefe de las Autodefensas, según lo mostró una encuesta realizada por El Tiempo y La FM.

Pese a lo volátil que pueda ser la opinión pública colombiana, el objetivo de Castaño de no ser considerado como el verdugo de la guerra sino como una víctima se empezó a abrir camino. Y dentro de su nueva estrategia fue, sin duda, un buen primer paso: politizar su lucha armada humanizando las desgracias de la guerra. Por eso, si para el general Clausevitz la guerra era la continuación de la política, para Castaño la ecuación es al revés: la política es una extensión de la guerra. Algunos analistas, como la senadora liberal Piedad Córdoba, ven esta situación con mucha preocupación. “Lo que sucedió en televisión le ha abierto a Castaño un espacio impresionante en el país. Hay mucha gente que está de acuerdo con él y eso borra de tajo lo que se ha hecho en materia de derechos humanos y justifica en plano simbólico el atropello que cometen los paras”, dijo Córdoba.

Por otro lado la carta al Presidente, en la que ofrece despejar el municipio de Tiquisio, también está llena de mensajes políticos y su tono reconciliatorio pareciera querer antagonizar la posición inflexible que han adoptado las Farc en el Caguán. El ofrecimiento de desmilitarizar la zona es, dicen los paras, “un gesto de buena voluntad, y como aporte sustancial al ambiente de concertación que debe rodear este proceso”. En el mismo comunicado las Autodefensas anuncian una “disminución en la intensidad de nuestras acciones ofensivas contra la subversión” y rematan diciendo que es muy difícil que se abra un proceso de concertación nacional mientras “un actor determinante del conflicto continúe excluido del proceso de negociación política, como es nuestro caso”.

El movimiento estratégico de Castaño es que quiere una agenda más amplia: ya no sólo ser un adversario militar contra la guerrilla sino el de ser una contraparte del Estado en lo político. Esto, sin embargo, no quiere decir que los paras estén buscando necesariamente un estatus político sino que se están enfrentando a una encrucijada tanto nacional como internacional que los obliga a buscar salidas.

En el frente interno se viene consolidando un proceso de paz con las Farc que les ha dado a estos últimos una legitimidad que ha ido en detrimento de los paras. Y en el frente externo la ayuda militar estadounidense viene amarrada a una lucha contra la violación de derechos humanos que los afecta concretamente. Dentro de este contexto los paramilitares “están buscando no ser considerados los malos del paseo y entrar en un proceso de paz pactando beneficios de orden jurídico”, según señaló Ernesto Borda, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Javeriana. Paralelamente, el senador Juan Manuel Ospina dijo que “Carlos Castaño está viendo que se configura una situación en la que él es el gran chivo expiatorio en el cual todos van a descargar la responsabilidad”. En este sentido Castaño y sus hombres estarían desarrollando un plan claro y consistente que busca un posicionamiento favorable frente a los nuevos escenarios que se abren y en el cual lo que suceda en el Caguán y en Washington juega un papel fundamental.



¿Hacia una negociación?

Frente a estos nuevos hechos son varias las preguntas que se hacen hoy los colombianos. ¿Es posible sentarse a negociar con los paramilitares? ¿Pueden ser cobijados por un indulto y una amnistía o deben ser objeto de una política de sometimiento a la justicia similar a la que se utiliza con narcotraficantes? El procurador, Jaime Bernal Cuéllar, ya lanzó la primera piedra y dijo, en una controvertida declaración al periódico El Tiempo, que “se deben buscar fórmulas para allanar el diálogo con los grupos de autodefensa. El país no puede seguir soportando la guerra bajo pretextos de no dialogar con determinados grupos”. Sus declaraciones levantaron polvareda por ser el representante del Ministerio Público pero abrieron un debate que promete calentarse a lo largo de este año. Para el senador Ospina, si bien no se le puede dar el mismo trato a la guerrilla que a los paramilitares, “hay que ser realistas y en este conflicto no se pueden dejar los alacranes sueltos”. Para casi todos los analistas consultados por SEMANA el gobierno, tarde o temprano, tendrá que sentarse a dialogar con los paramilitares. El problema entonces no es tanto el cómo sino el cuándo. En efecto, para el Ejecutivo es un dilema de tiempo puesto que no puede poner en peligro el proceso con las Farc. Como dijo Ernesto Borda: “Sólo cuando haya una certidumbre de que el proceso con las Farc vaya bien se puede abrir la otra mesa. Pedirle que lo haga antes es bombardear el proceso del Caguán”.