La paradoja del Urabá

A casi un año de la desmovilización del Bloque Bananeros, parece claro que las armas quedaron atrás. Pero delante subsiste el inmenso desafío de la reinserción, para el cual el gobierno claramente no estaba preparado.

La buena noticia es que la gente del Urabá siente que los paramilitares desaparecieron como fuerza armada. Ya no patrullan las calles, no imparten 'justicia', no matan a los ladrones, no andan armados, no intimidan. Aunque lanchas cargadas con coca salen a diario del puerto en Turbo, los homicidios han bajado y un ambiente festivo se siente en el golfo.

La mala noticia es que la reinserción económica tanto en el Urabá como en el resto del país camina a paso de tortuga y con preocupantes problemas de fondo.

El modelo inicial de reinserción económica del gobierno tiene dos patas y dos cabezas: oferta de empleo en empresas bajo la coordinación de Juan David Ángel, encargado de la reinserción en el Ministerio del Interior, y, por otro lado, la posibilidad de asociarse con empresarios exitosos en proyectos agroindustriales bajo la batuta de Juan B. Pérez en la oficina del Alto Comisionado de Paz.

El esquema del empleo, aunque con lentitud, va por buen camino. Hay convenios con la Asociación de Ganaderos de Córdoba para capacitar y contratar desmovilizados como mayordomos y con la Superintendencia de Vigilancia hay un acuerdo para contratarlos como guardias cívicos no armados. El gobierno también ha comenzado a entregarles subsidios a las ciudades que contraten desmovilizados en su nómina oficial. A Medellín, por ejemplo, acaba de entregarle 1.080 millones de pesos, y próximamente hará un desembolso a Norte de Santander.

En cambio, el modelo empresarial tuvo que ser ajustado porque inicialmente no contemplaba un acompañamiento a los proyectos productivos. Una de las empresas propuestas como socias para un gran sembrado de palma de aceite en Bajirá, en el Urabá chocoano, fue denunciada por los nativos y colonos del Chocó y por la Defensoría del Pueblo por ocupar las tierras de donde habían sido desplazados por los paramilitares. Ello señaló la necesidad de que el rol del gobierno no se limitara a ser un intermediario o broker entre desmovilizados y empresarios.

Pero aun después de ese incidente, el gobierno sigue siendo demasiado sigiloso para revelar los nombres de los socios de los proyectos con los desmovilizados, lo cual genera suspicacias. Más aun cuando se conoce que muchos de los jefes paramilitares, como Salvatore Mancuso y Vicente Castaño, vienen de tiempo atrás liderando proyectos agrícolas en tierras cuya procedencia es dudosa. Mancuso, por ejemplo, tiene en Córdoba cultivos de maderables, según un estudio de la Corporación Universitaria del Sinú. Y justo allí está planeado un proyecto de 2.000 hectáreas para siembra de acacia con los desmovilizados. Estas coincidencias hacen más necesario aun que el gobierno informe con transparencia con qué capitales privados se están haciendo estos proyectos. Y se blinde de la posibilidad de que tierras mal habidas terminen siendo escenario de estos cultivos.

En Urabá es donde mejor ha funcionado el modelo de empresas asociativas que está impulsando el gobierno en todo el país (con algunas variaciones) y que es el siguiente: los desmovilizados son dueños del 50 por ciento del proyecto; los desplazados certificados por la Red, del 25 por ciento, y los dueños de la tierra, del otro 25 por ciento. Los desmovilizados aportan su trabajo y 3.750.000 pesos y los desplazados, 1.750.000 pesos del subsidio de seis meses que les da el gobierno, y luego se reparten las utilidades. En otros proyectos, como el de acacia en Córdoba, un empresario es dueño del 50 por ciento, y desmovilizados, desplazados y comunidad, del otro 50.

"La idea es que no sólo se beneficien los desmovilizados, sino que toda la comunidad y las víctimas reciban un beneficio", explicó Elkin Granada, coordinador del Centro de Referencia en Turbo, a cargo de la desmovilización.

Aunque sigue siendo una buena idea, en la realidad es un proyecto menos idílico de reunificación de víctimas y victimarios. Los desplazados que forman parte de ese proyecto son en una absoluta mayoría víctimas de la guerrilla que se asentaron en el Urabá hace varios años y que desde entonces forman parte de la base social de las AUC.

En uno de los proyectos productivos visitados por SEMANA, uno de los jóvenes presentado como desplazado, en efecto había huido con su familia de los ataques de la guerrilla en San Pedro de Urabá hacía unos años. Pero su padre es un desmovilizado del Bloque Bananeros, beneficiario del mismo proyecto de cacao. Los productores o dueños de la tierra también son campesinos de la zona de influencia del bloque desmovilizado.

Por ejemplo, dos de los proyectos piloto de cacao -que está en la fase de capacitación- y de yuca -que se encuentra parado hace 15 días porque se dañó la bomba de agua- se adelantan en el Dos, entre Turbo y Apartadó, donde el comandante del Bloque Bananeros, 'Hernán Hernández', vive y donde seguramente pagará la pena que se le imponga una vez sea juzgado por la Ley de Justicia y Paz.

Lo otro preocupante es que todo el mundo, incluido el coordinador Granada, reconoce que el liderazgo del ex comandante Hernández -ahora en su calidad de presidente de la Asociación de Desmovilizados del Urabá (Asdesur)- ha sido fundamental para la formulación y la ejecución de los proyectos productivos piloto. "Don Hernán nos visita con frecuencia, no nos ha abandonado", dice, agradecido, Ángel Martínez, desmovilizado del Bloque Calima y uno de los eventuales beneficiarios del proyecto de yuca.

Por iniciativa propia, 'Hernández' o el 'Mono Veloza', como también se le conoce en la región, convenció a los alcaldes locales para que les dieran un subsidio de vivienda a los desmovilizados; habló con los evangélicos, para que les prestaran ayuda sicológica, pues Reinserción sólo cuenta con una sicóloga para atender a los 768 ex patrulleros de su bloque; formuló los proyectos productivos; apoyó a los muchachos para que se afiliaran al Sisben, formó un grupo de teatro, y hasta organizó campeonatos de fútbol con la Policía comunitaria para distensionar a sus cada vez más inconformes subalternos. "Si tuvimos la capacidad para que nos siguieran a la guerra, tenemos la responsabilidad de devolverlos a la vida civil", afirma Veloza, con una energía desbordante.

Que el grupo desmovilizado se mantenga cohesionado alrededor de su líder es un aspecto positivo. También la elaboración de proyectos productivos con las comunidades que han estado tradicionalmente bajo influencia paramilitar, pues esto protege a los desmovilizados y blinda la zona frente a eventuales incursiones de la guerrilla, ya que todos son cooperantes en potencia de la Fuerza Pública. Además, envía el sano mensaje de que no hay que portar un fusil para recibir un premio del Estado.

Lo negativo, sin embargo, es que si el Estado cede el verdadero liderazgo de la reinserción a los comandantes paramilitares -que en unos meses supuestamente serán juzgados y recluidos por delitos atroces bajo la Ley de Justicia y Paz, - este esquema corre el riesgo de prolongar la relación patronal y clientelista entre los combatientes y sus bases sociales, de tal forma que siguen siendo ellos la verdadera autoridad y no el Estado. Se pierde así, entonces, la ventana de oportunidad que abre la desmovilización para fortalecer la presencia del Estado entre las comunidades rurales y acabar así de una vez por todas con una de las causas más profundas de esta guerra.