Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2003/08/31 00:00

La paradoja de Uribe

El proyecto de ley que evitaría que guerrilleros y paramilitares condenados por delitos atroces vayan a la cárcel podría convertirse en el Caguán de este gobierno.

Los colombianos, acostumbrados a la mano firme del presidente Alvaro Uribe Vélez, están ahora desconcertados con la grandeza de su corazón. La semana pasada hubo revuelo por la benevolencia que demostró el gobierno en su proyecto de ley para suspenderles la pena de prisión a los guerrilleros y paramilitares que habiendo cometido crímenes atroces abandonen las armas, confiesen sus delitos y "contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz".

La propuesta elaborada por la oficina del comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, indignó por igual a congresistas cercanos y lejanos del gobierno, provocó graves reparos por parte de las Naciones Unidas y ofendió a víctimas de ambos grupos armados. Un mal comienzo para el proyecto que fue presentado como una herramienta fundamental para la reconciliación nacional.

Restrepo dice que el gobierno necesita una fórmula jurídica como esta para estimular la deserción colectiva e individual de miembros de alto rango de las Farc, del ELN y de los grupos paramilitares. Explica que hoy uno de los grandes obstáculos para que jefes guerrilleros y paramilitares abandonen las armas es su temor a pasar el resto de sus días en la cárcel, pagando por los crímenes atroces que han cometido, que según las leyes nacionales e internacionales son imperdonables y no prescriben.

Para salvar este escollo el gobierno les ofrece sustituir la prisión por penas alternativas a la cárcel. Entre ellas el juez puede escoger una de las siguientes: inhabilitarlos para el ejercicio de funciones públicas o para acceder a cargos de elección popular por un tiempo determinado, prohibirles portar armas, obligarlos a no salir de una zona determinada o prohibirles acercarse a sus víctimas.

Además de cumplir la pena alternativa el beneficiario debe reparar el daño que les causó a las víctimas realizando trabajo social en su favor, aportando bienes o recursos a instituciones que trabajen con ellas, arrepintiéndose públicamente, colaborando efectivamente en la desmovilización de organizaciones armadas al margen de la ley o aportando información que permita su desmantelamiento.

Este beneficio se concedería sólo en aquellos casos en los cuales ya existe una condena o en los que el beneficiario confiesa sus crímenes y se acoge a una sentencia anticipada. Y en principio sólo cobijaría a miembros de grupos que hayan declarado un cese de hostilidades y que participen en un proceso de paz.

Entonces, si esta ley fuera aprobada hoy se podría utilizar para lograr la reinserción de jefes paramilitares que, como Carlos Castaño, están en la mesa de negociación con el gobierno y han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Pero el proyecto también extiende estos beneficios a individuos de otros grupos armados ilegales que sin estar participando en una negociación y sin haber suspendido las hostilidades abandonen voluntariamente las armas y demuestren su voluntad de aportar a la paz de Colombia. Es decir, que en el caso hipotético de que el 'Mono Jojoy' abandonara la lucha armada bastaría con que confesara sus delitos, hiciera un acto de contrición y un gesto de reparación a sus víctimas para que un juez le suspendiera la pena de prisión con la condición de que en adelante no porte armas y colabore con una campaña de desminado, por ejemplo. El que las Farc sigan teniendo en cautiverio a las personas que él secuestró no sería un obstáculo si el Presidente de la República -que es el único que tiene este poder discrecional- se lo pide personalmente al juez porque considera que su desmovilización contribuye a la paz.

Los reparos

Aunque el gobierno insiste en que el proyecto satisface los estándares internacionales, que buscan garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes atroces, lo cierto es que la propuesta es difícil de digerir. El proyecto tal como está contradice principios internacionales y constitucionales. Plantea serios dilemas políticos, abre una puerta grande para la impunidad y puede tener un efecto bumerán para la futura paz de Colombia.

Es improbable que la comunidad internacional acepte que el gobierno colombiano hizo justicia cuando la pena que le impone al autor de múltiples secuestros o de sucesivas masacres sea la sanción irrisoria de no portar armas o de no acceder a cargos de elección popular, que en todo caso ya son derechos que todo ciudadano pierde automáticamente al ser condenado por cualquier delito.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó el jueves pasado en un comunicado que el proyecto de ley, entre otras cosas, "abre la puerta a la impunidad" porque permite que los responsables no se sometan ni a un solo día de cárcel, vulnera el principio de proporcionalidad pues las penas alternativas que imponen son "excesivamente suaves" y no "retribuye adecuadamente a las víctimas". Y además llama la atención sobre el peligro de que el proyecto no necesariamente contribuya al logro de la reconciliación nacional en la medida en que beneficia a miembros de grupos que no están en una negociación de paz.

Hace unos años la impunidad de crímenes de lesa humanidad a lo sumo motivaban comunicados o campañas internacionales de ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Pero con la globalización de la justicia penal internacional ya no es tan fácil pasar agachado.

El comisionado Restrepo dice que en la medida en que habrá un juicio y una condena la Corte Penal Internacional no podrá juzgar en el futuro a quienes se acojan a esta ley. Pero lo cierto es que el juez Baltasar Garzón, alegando la llamada "jurisdicción universal" para delitos graves, podría pedir la extradición de 'Raúl Reyes' así haya sido cobijado por esta ley. Lo hizo hace poco cuando pidió con éxito a Ricardo Miguel Cavallo, el ex militar argentino acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de 20 años.

La misma Corte Penal Internacional podría alegar que dado que las penas alternativas son desproporcionadas frente a la magnitud de los crímenes lo que hubo fue una parodia de juicio, con lo cual podría asumir el caso directamente.

Existe el precedente de la masacre de Mapiripán, en donde pese a que la justicia colombiana condenó a los autores a 36 meses de prisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se declaró competente para estudiar el caso pues consideró que el Estado colombiano no había hecho realmente justicia.

En el ámbito nacional la cosa tampoco es fácil pues la ley parece contradecir toda la política de seguridad del presidente Uribe, basada en asegurar el imperio de la ley en todo el territorio. Mientras el estatuto antiterrorista que cursa actualmente en el Congreso endurece las penas para la comisión de delitos graves, este proyecto pretende suspender su ejecución. La aparente contradicción de estas normas lanza un mensaje ambiguo no sólo para la opinión pública sino también para sectores más conocedores como el Congreso. La confusión es tal que el jueves pasado la comisión primera del Senado citó a los ministros Marta Lucía Ramírez y Fernando Londoño a un gran debate el próximo 11 de septiembre para que el gobierno "se sincere en materia de política criminal".

Luis Carlos Restrepo dice que el proyecto "no es contradictorio pero sí encarna la paradoja de Uribe". Y lo demuestra con un ejemplo. En la entrevista televisada que le hizo Uribe a Rafael Rojas, alias 'Fidel Romero', ex jefe del frente 46 de las Farc, el Presidente le dijo: "Si hasta el viernes lo había tratado con mano dura ahora que desertó voluntariamente de las filas guerrilleras lo trataré con corazón grande".

Y si bien puede ser verdad que sea coherente con lo que ha dicho el presidente Uribe el proyecto de todos modos desconoce avances importantes de la doctrina elaborada por la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la igualdad ante la ley (¿qué pensará el raponero que pagará más cárcel que un secuestrador?), con los derechos de las víctimas y con la impunidad. La Corte ha dicho que las víctimas pueden constituirse en parte civil desde el principio de los procesos penales por violación de derechos humanos, algo que no contempla la ley del Comisionado. Por otro lado, el alto tribunal ratificó la constitucionalidad de una norma impulsada por el vicepresidente, Francisco Santos, antes de entrar al gobierno, que prohibía la amnistía para el secuestro. Y al aceptar la demanda del ex general Harold Bedoya contra una norma del Código Penal que subsumía dentro del delito de rebelión otros delitos como el homicidio, la Corte dijo que aun para los delitos políticos no podían existir mecanismos de impunidad.

Aunque todos estos reparos son serios y surgirán durante el trámite del proyecto en el Congreso, el mayor cuestionamiento es político. Es un hecho que todo proceso de paz implica cierto grado de impunidad o de sacrificio de la sociedad. En Suráfrica, la Comisión de Verdad y Reconciliación amnistió a quienes confesaron haber quemado vivos a otros, o haber practicado un programa de esterilización forzada de mujeres negras o haber asesinado a sangre fría a activistas de derechos humanos y en Chile, más allá de esclarecer la muerte o desaparición forzada de miles de personas a cargo del régimen militar, no hubo más castigo (ver recuadro).

El problema con este proyecto, como lo ha anotado el senador uribista Rafael Pardo, es que los beneficios que daría esta ley no son el resultado final de un proceso de paz, de una puja en la mesa de negociación. Ni siquiera se exige que el grupo al que pertenece el guerrillero o paramilitar que se acoja al beneficio haya declarado un cese de hostilidades. "El perdón es un premio de la sociedad que permite reintegrarlos pero después de que el grupo renuncie a la lucha armada", afirma Pardo, quien como consejero de Paz de Virgilio Barco negoció la reinserción del M-19, del Quintín Lame y de otras guerrillas.

Es decir, que los colombianos estarían dispuestos a renunciar a ver tras las rejas a los que cometieron la masacre de El Salado o de Machuca, el secuestro de miles de personas o la bomba de El Nogal si les garantizaran que esos hechos jamás volverán a ocurrir sencillamente porque esos grupos desaparecen de la vida nacional. Pero es más difícil que acepten ver tranquilos a jefes guerrilleros o paramilitares si sus aparatos armados siguen cometiendo las mismas atrocidades, así hayan manifestado públicamente su arrepentimiento o se vinculen a una ONG que ayude a sus antiguas víctimas.

La primera vez que Uribe habló hace unos meses de que pediría facultades para excarcelar responsables de crímenes atroces sorprendió a todos defendiendo la propuesta con el argumento de que esto era necesario para "estimular que finalmente se dividan los grupos violentos".

Crear estas fracturas internas en las Farc, el ELN y las AUC con el fin de debilitarlas parece ser el objetivo subyacente de esta ley. Es posible que en algunos casos funcione. Puede darse que un comandante de un frente de las Farc se pelee con el Secretariado, y a cambio de que el gobierno le garantice que se puede quedar en su finca con un dinero convenza a todos sus hombres que se desmovilicen y que además entregue información útil para capturar a un pez gordo cercano a 'Marulanda'. O que esto sirva para que los jefes paramilitares convenzan a las facciones que estén reacias a que entren a la vida civil.

De todos modos, con este proyecto, el gobierno corre grandes riesgos y puede no obtener la paz que persigue. Corre el riesgo de que se le acuse de haber diseñado la ley con la finalidad encubierta de crear un programa de jubilación anticipada a los jefes paramilitares. Lo que significaría echar por la borda todo el esfuerzo que Uribe ha empeñado en mostrarles a Europa, a Estados Unidos y a sectores colombianos que él es un verdadero demócrata. Corre el riesgo de volver a agredir a las víctimas y que no cierren sus heridas. O peor aún, que algunos busquen justicia por mano propia, reforzando el eterno círculo de violencia en Colombia. Y por último, corre el riesgo de que ni siquiera contribuya a sacar adelante la negociación con las AUC ya que el gobierno reveló su as antes de ganar la partida.

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