Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1985/04/29 00:00

LA PASION SEGUN EL F.M.I.

Las negociaciones con el Fondo parecen depararle al país un negro futuro social en virtud de los ajustes a la economía.

LA PASION SEGUN EL F.M.I.

"El FMI apuñaló al Niño Dios" asegura un graffiti en una pared de Bogotá. Esta fue quizá la primera reacción que se dejo sentir en el país a raíz de las largas, confusas y en ocasiones casi secretas negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, reveladas por la publicación del memorando del jefe de la misión de esa entidad, que visitó a Colombia hace un par de semanas. El documento, dirigido a Jacques De Larosiere, director del FMI, resumía en algunos puntos básicos las medidas que debe tomar el gobierno para que ese alto organismo aconseje a la banca privada internacional conceder a Colombia los créditos que necesita. Según el memorando, el gobierno nacional y el Fondo están de acuerdo en la necesidad de reducir el déficit fiscal, corregir el desequilibrio del sector externo mediante una más rápida devaluación del peso, reducir subsidios y aumentar tarifas de los servicios públicos y el precio de la gasolina, y desmontar el control de importaciones y los incentivos a las exportaciones (ver recuadro). Estas medidas, sumadas a las que se adoptaron recientemente (aumento del 10% en los salarios estatales, creación de nuevos impuestos, limitación del gasto público, etc.) deberian, según expresa De Larosiere en carta al presidente Belisario Betancur, "ayudar a crear las condiciones para un crecimiento sostenido".
Esta opinión sin embargo, dista de ser compartida por gremios, sindicatos y observadores. Aunque todos se muestran de acuerdo en la necesidad de adoptar ciertas medidas de ajuste de la economía, la polémica gira en torno a la intensidad de esas medidas y el costo social de aplicarlas abrupta e indiscriminadamente. Como lo señaló el ex canciller Alfredo Vasquez Carrizosa, en su columna del martes 26: "Para salvarnos de una crisis fiscal, el FMI nos coloca ante una crisis social". Otras voces destempladas se dejaron oír desde el lado de los gremios. La Andi, por boca de su desabrochado presidente Fabio Echeverri Correa, vaticinó un freno al proceso de reactivación. "Abrir tas importaciones, por ejemplo, sería una locura que nos conduciría a la catástrofe", dijo Echeverri a SEMANA. La no menos beligerante Fenalco, en un documento entregado el sábado 30 a la prensa, señaló que "hay cambios de 180 grados en varios frentes de la política económica" y advirtió sobre "los altos costos sociales que se derivarían de la aplicación del recetario del FMI". Los sindicatos, que preparan un paro cívico nacional para antes de mitad del año como respuesta a la política social del gobierno, fueron también enfáticos: "al compás de las imposiciones del FMI, el gobierno de Belisario Betancur impone alzas escandalosas en el costo de la vida, en los impuestos, en las tarifas de los servicios públicos, de transportes y combustibles, suspende subsidios y prepara un nuevo paquete de medidas alcistas". Observadores económicos como Fedesarrollo coincidieron con Fenalco y Andi en la falta de claridad de los objetivos económicos del gobierno. José Antonio Ocampo, su director ejecutivo, manifestó en tono vehemente que "el gobierno no tiene claro qué quiere y qué no quiere y está entregándolo todo para conseguir los créditos".

SIN ASES EN LA MANGA
Es precisamente en torno al punto señalado por Ocampo que gira buena parte del debate: hasta dónde el gobierno nacional está entregando más de la cuenta en las negociaciones con el Fondo. Según el documento de Fenalco "Colombia puede estar llegando a un acuerdo formal con el FMI, pero sin recibir el beneficio del crédito... Al parecer, Colombia se quedaría con el pecado y sin el género".
Para entender este punto, es necesario echar un vistazo a lo que ha sido el proceso de las negociaciones, que aún no han terminado ya que en Washington se encuentra buena parte del equipo económico del gobierno. En agosto del año pasado, cuando Roberto Junguito se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, el país pasaba por su peor momento frente a la banca y los organismos internacionales. Se había perdido la credibilidad y, en palabras de una alta fuente del equipo económico, "en aquellos días, el diálogo con el Banco Mundial, con el FMI y con la banca comercial estaba roto". Después de sus primeras consultas en Washington, Junguito redactó un memorando al presidente Betancur, en el cual señalaba la necesidad de llegar a un acuerdo formal con el Fondo, como única salida. Un acuerdo formal implicaba hacer justamente lo que Betancur se negaba a aceptar, por razones de costo social y de soberanía. El ministro de Hacienda tuvo entonces que buscar otro camino. Debió antes que nada romper el hielo. Llevando en su maletín las primeras medidas de ajuste, hacia finales de octubre logró hacerse escuchar por los funcionarios del Banco Mundial, quienes aceptaron enviar una misión para evaluar el estado de la economía colombiana. Pero este paso no era suficiente para conseguir el dinero que el país necesitaba. Había que convencer a la banca privada internacional de que las cosas se estaban haciendo en la forma adecuada para asegurar que la deuda externa se pagaría. Para mediados de diciembre, Junguito obtuvo una reunión con un grupo de bancos internacionales, acreedores de Colombia, y en ella les explicó lo que el equipo económico del gobierno estaba haciendo para poner las cosas en orden. Aunque el diálogo se reabrió, los bancos se mostraron duros y continuaron en esa posición hasta fines de enero, cuando en su mayoria declararon que la única via de entendimiento seria la del acuerdo formal con el Fondo.
La respuesta de Junguito en esta nueva reunión fue la más airada de las que el ministro ha tenido a lo largo de las negociaciones con los bancos. Los acusó de no haberse puesto a la altura del diálogo que se habia iniciado, de negarse a estudiar individualmente el caso colombiano y de buscar la salida fácil de exigir el acuerdo con el FMI. Para esos días, el alto gobierno y el equipo económico alcanzaron a contemplar seriamente la posibilidad de "ir a la guerra" contra el Fondo y los bancos. Surgió entonces la fórmula intermedia de la monitoria, que resultaba aparentemente más blanda y menos lesiva para los principios de soberanía. Mientras en un acuerdo formal, el Ministerio de Hacienda se convierte en la práctica en una "agencia" del FMI, en la monitoría se trazan previamente unas metas sobre ciertos aspectos de la economía, que el gobierno se compromete a alcanzar, conservando cierta autonomía de maniobra, pero sometiéndose cada tres meses a un examen del FMI.
Todo lo anterior tiende a demostrar que, en realidad, la posición del gobierno en las negociaciones ha sido más firme de lo que se cree. Observadores independientes consideran que "si se han cometido errores en el proceso de regateo, esto se debe más que nada al caos que existía en materia de información y de cifras en el ministerio de Hacienda, cuando Gutiérrez Castro abandonó la cartera y también a la precipitud inevitable con que han debido manejarse las cosas". Pero en lo que toca al resultado, que es lo que en verdad importa, muchos piensan que la diferencia entre el acuerdo formal y la monitoría es demasiado sutil para considerarla una conquista del gobierno en las negociaciones. Como dice el presidente de la Andi: "es la misma perra con distinto collar".
La critica de otros sectores está enfocada al manejo exclusivamente técnico que se le ha dado al proceso, ignorando sus implicaciones políticas. Fenalco, por ejemplo, señala que "la crisis de nuestro sector externo, de las finanzas públicas y de la economía en general, escapa al ámbito del ministro de Hacienda" y en consecuencia corresponde al presidente Betancur tomar directamente cartas en el asunto. Lo cierto es que, según ha podido establecer SEMANA, ya las ha tomado. Ha estado contmuamente informado de todo y ha sugerido algunos de los más importantes pasos de la estrategia de negociación, en permanente consulta con banqueros internacionales y con el presidente mexicano, Miguel De la Madrid, y su ministro de Hacienda, Jesús Silva Herzog, considerado el más hábil negociador frente a los organismos internacionales de crédito.

EL COSTO SOCIAL
Sin embargo, tanto esfuerzo, tantas trasnochadas del Presidente con su equipo económico y tanto "puente aéreo" del ministro de Hacienda con Washington y Nueva York, no han salvado al país de tener que aceptar las exigencias draconianas del FMI. Aun cuando se logren las mejores condiciones posibles en cuanto a los compromisos y metas a cumplir, las consecuencias sociales para Colombia van a ser muy graves.
El país deberá enfrentarse a un aumento considerable en el desempleo, un crecimiento desbordado de la inflación que de hecho ya se está dando (las cifras preliminares indican que el incremento de los precios en marzo se acercará al 3% con lo cual el acumulado para lo que va del año supera el 8%) y un frenazo brusco a la reactivación de la economía. Fedesarrollo sostiene que "cuando el Fondo habla de que habrá un crecimiento del producto del 2%, está pecando de optimista, pues con estas medidas es difícil que el crecimiento llegue al 1.5%".
Además, los recortes a la inversión pública se darán principalmente, como ya se éstá viendo, en los frentes de desarrollo social y de infraestructura. Como señala Fenalco "el presupuesto inicial de este año para el programa DRI, en relación con la apropiación inicial de 1984, disminuyó en 39%, el del programa de servicios públicos urbanos cayó en 99%, y el de la construcción de vivienda popular bajó en 87%". A esto hay que añadir los golpes que sufrirán las clases populares por cuenta de las alzas en servicios públicos y gasolina y la reducción de los subsidios al transporte. Todo lo cual en una situación de efervescencia social como la que se registra actualmente (preparación de paros cívicos, crisis del proceso de paz, pliegos y huelgas en las principales empresas del Estado) puede conducir a un estallido de impredecible violencia, que dé por tierra con la poca estabilidad institucional que todavía queda en el país. Un observador del acontecer político comentó a SEMANA que "dentro de poco, ya no va a importar quién sea el ministro de Hacienda, sino cómo se desenvuelva el ministro de Trabajo y, en fin de cuentas, qué haga el ministro de Defensa".

Los alcances de la crisis social que se pronostica sólo podrán ser mitigados mediante la utilización de todas las palancas políticas que aún le quedan al presidente Betancur. Palancas que tendrá que poner en juego durante la visita de esta semana a Washington, cuando se entreviste con "los dueños del balón". El Presidente tiene a su favor el hecho de que, gracias a las extradiciones y en general a la lucha contra el narcotráfico, Colombia vive hoy quizá su mejor momento en varios años en las relaciones con los Estados Unidos. Se sabe, por la reciente experiencia del gobierno ecuatoriano de León Febres Cordero, que Reagan tiene en sus manos los instrumentos de presión para inducir a los bancos internacionales a concederle crédito a Colombia, atendiendo a consideraciones más políticas que económicas. De cómo maneje Betancur todas estas cartas, depende en buena medida que, en este póker internacional, el país no se quede sin sus restos.

NEGOCIANDO LA RECETA
Al tiempo que los habitantes de Washington esperaban un florecimiento temprano de los cerezos, que hacen de esta época la más agradable de la primavera, los miembros de la misión colombiana en la capital norteamericana anhelaban tan solo contemplar el color verde de los dólares que necesita el país para dejar atrás sus dificultades externas. Como continuación de las "interminables" conversaciones que comenzaron a mediados de septiembre pasado entre los integrantes del equipo económico y los representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario y el gobierno de los Estados Unidos, los días finales de marzo se fueron en negociaciones sobre lo que el gobierno nacional pone sobre la mesa como compromiso de "autodisciplina" económica y lo que desean ver las entidades externas.
Aparentemente, buena parte de ese acuerdo informal -cuya estructura definitiva debe ser alcanzada en estos días- quedo reflejado en el memorando escrito el 13 de marzo por el jefe de la misión consultora del FMI que visitara Colombia a mediados de febrero, M.E. Bonangelino, y dirigido al director del organismo internacional, Jacques De Larosiere el 13 de marzo. El documento, cuyo contenido no era conocido por ningún colombiano al servicio del estado, fue publicado por el diario El Tiempo el 24 de marzo, y en él se reflejan las posiciones de los integrantes de la misión del FMI y del gobierno, con respecto a los correctivos hechos y por hacer en la economía colombiana. Si bien integrantes del equipo económico insistieron la semana anterior en que el memorando de Bonangelino da una idea distorsionada de la posición del gobierno al presentarlo como "totalmente arrodillado cuando no es así", otros sectores se apresuraron a destacar aspectos en los cuales existe una aparente identificación de objetivos entre la administración y el Fondo Monetario.
En primer lugar se criticó el planteamiento -defendido por el Fondo en cada país donde interviene- respecto a que el desequilibrio externo es consecuencia de la exagerada demanda del país y, por lo tanto, el remedio es empobrecerlo. A esta idea obedecen las decisiones sobre salarios y austeridad que han sido aplicadas en los últimos meses. "Una cosa es el manejo prudente de los salarios y otra es empeorar la calidad de vida de la población", señaló un investigador independiente.
Esa perspectiva se ve empeorada por los recientes aumentos en precios y las supuestas alzas en los servicios públicos. Según Bonangelino habrá "incrementos sustanciales en términos reales en las tarifas de teléfonos y electricidad", a las cuales se uniría el precio de la gasolina, el cual estaría atado a unos 75 centavos de dólar por galón. Por lo pronto, anota el miembro del FMI, "las autoridades expresaron su intención de introducir un ajuste de, por lo menos, el 10% antes del primer semestre".
Tal información fue descalificada por reportes hechos desde Washington la semana pasada, según los cuales esa fecha se habria logrado posponer hasta septiembre. "El precio de la gasolina ha sido una de las aristas con el FMI y hemos logrado que reduzcan sus peticiones", dijo un miembro del gobierno quien anotó que en un comienzo se exigió un alza miníma del 40% en el precio del combustible.
Sin embargo, la parte que mas estupor produjo en el texto de Bonangelino tuvo que ver con el manejo del comercio exterior, sector que el 7 de febrero anterior había sido declarado por el Compes como el prioritario en 1985 debido a los resultados logrados con las políticas implementadas. Como medida inicial se recibio la noticia del desmonte de los mecanismos de trueque, cuya aceptación había sido limitada y objeto de controversia. Apartándose del éxito relativo de la iniciativa, el FMI se había opuesto desde un principio a la idea por considerarla contraria a su filosofía sobre el comercio internacional.
Todavia mas sorpresiva fue la propuesta de lograr una liberación paulatina de las importaciones, hasta llegar a niveles superiores a los de la década pasada. Expertos consultados estuvieron de acuerdo en que una entrada masiva de productos del exterior no sólo podria acabar con las reservas internacionales en unos pocos meses, sino que daría al traste con el proceso de recuperación industrial de los últimos tiempos, creando mayores problemas con el empleo. "Una liberación total podría recibir el premio de la mayor estupidez de este gobierno" afirmó un empresario del sector metalmecánico.
Sin embargo, la noticia que bordeó el terreno de lo increíble tuvo que ver con el desmonte gradual del Cert para las exportaciones, a partir de julio próximo. "Después de que se han logrado vender más productos afuera, nos quedaríamos sin mercados nuevos". dijo un exportador de flores quien insistió en que el ritmo de devaluación actual no compensaría la situación. "Eso, sería cambiar las reglas de juego y así pocos se animan a exportar", agregó.
Además de lo anterior, la opinión siguió preocupada por la alta tasa de devaluación observada en marzo, la cual responde a la iniciativa de devolverle al peso su poder de compra en los mercados internacionales. Si bien se logro un repunte favorable debido a la devaluación del dólar en Europa, parece que el gobierno convirtió la devaluación gota a gota en devaluación a chorro, y ello ha presionado la especulación tanto en el mercado oficial como en el negro, al igual que la fuga de capitales al exterior. En opinión del gobierno tal medida se justifica debido a que se está respetando la estructura cambiaria y no hay alternativa diferente a devaluar rápido, pese a que ello apuntale el nivel de las tasas de interés internas.
Esta, junto a otras consideraciones, debieron ser expuestas la semana pasada por el ministro de Hacienda en Washington en su afán de convencer a los bancos comerciales de que le abran las compuertas del crédito a Colombia. Los informes preliminares hablan de una "mini cumbre" para mediados de abril y en ella se verá si hay dinero para el país o no. Obviamente, la decisión depende de los bancos, de la presión a favor del Fondo, y del desempeño reciente de la economía colombiana, no muy halagador en los últimos días debido a la inflación. Con todo, los miembros del gobierno están optimistas y confían en que Colombia se salga con la suya sin firmar un acuerdo formal con el Fondo Monetario, e inclusive irrespetar algunos de los "buenos propósitos" de los que hablaba el memorando del señor Bonangelino.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.