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| 6/13/2004 12:00:00 AM

La paz coja de Urabá

Durante cinco años la región bananera vivió una relativa calma que está a punto de romperse. ¿Qué pasó con este experimento de convivencia?

A unque el fuerte control militar de los últimos cinco años facilitó que Urabá superara la crisis económica y la violencia desbordada de los grupos armados ilegales, el reciente terrorismo contra civiles y el conflicto laboral evidencian que esa calma tiene muchas fisuras y que está en riesgo de romperse.

Los factores objetivos e inmediatos de violencia persisten: las autodefensas tienen presencia permanente en cascos urbanos y áreas rurales del Urabá antioqueño, cordobés y chocoano; la guerrilla, aunque replegada a zonas selváticas, no se ha ido y el narcotráfico crece en proporciones alarmantes en las costas de la región: hace apenas un mes las autoridades decomisaron tonelada y media de cocaína.

Una bomba de las Farc en una taberna, 1.500 desplazados indígenas y negros en un área aledaña del río Atrato y un paro de trabajadores bananeros que duró casi 20 días son algunas alteraciones que obligan a preguntarse ¿qué pasa con una región mostrada como ejemplo de tranquilidad en el país durante el último lustro y qué ocurre con el modelo de seguridad y convivencia implantado allí?

Los problemas obedecen también a causas estructurales que corren como aguas subterráneas bajo las alteraciones del orden público. "La paz aquí es una paz vigilada, y vigilada por fusiles. Es, por supuesto, una paz frágil, expuesta a acabarse en cualquier momento", dice un líder religioso de la zona.

En la llamada "mejor esquina de América", gran parte de los espacios civiles están militarizados, controlados por los organismos de seguridad del Estado, pero también son asediados por las pistolas y los radios de comunicaciones de los paramilitares, y son infiltrados por los silenciosos espías de la guerrilla. Todo el tiempo, en todo lugar.

El régimen que impusieron las autodefensas y que replegó a las Farc constituyó el primer capítulo de la 'pacificación'. Luego la reacción militar oficial permitió que las instituciones recuperaran gobernabilidad y que la agroindustria de la zona se reactivara. La tasa de homicidios, masacres y ataques a poblaciones de los actores armados ilegales cayó, vertiginosa, desde 1998. "Comparada con la del país es alta, pero frente al promedio histórico de la región va en descenso", asegura un funcionario que maneja esas estadísticas.

Pero las cifras tienen su contraste. Un defensor de derechos humanos sostiene que, por ejemplo, Apartadó, el municipio más poblado y de mayor actividad comercial y social en el área, "se encuentra en un alto riesgo debido a los problemas crecientes de criminalidad, asociados con la marginalidad y también con la presencia de los actores del conflicto armado".

Urabá no ha cambiado mucho en ciertos aspectos: en las periferias urbanas crecen sus barrios de tablas, sin acueducto, sin alcantarillado, sin vías de acceso. El deterioro social y familiar es impresionante y la criminalidad juvenil está disparada, advierte un funcionario del Estado.

Los jóvenes, según con sacerdotes de la zona, sufren fuertes desequilibrios emocionales y es el pan de cada día que sean engañados por los actores armados ilegales para incorporarlos a sus filas. "Los reclutan para irse al grupo de Martín Llanos, al Centauros de Arroyave, a las Farc".

Momentos de tensión

Ante la postración económica y las cifras aterradoras de homicidios en períodos como el 90-97, confluyó el interés de trabajadores, empresarios e instituciones estatales por acabar una violencia y un desempleo que resultaban desastrosos. "Rodeamos a la fuerza pública y se recuperó la calma, pero no se conciliaron la inversión social del Estado y de la empresa privada", recuerda un vocero de Sintrainagro.

Para los trabajadores el paro bananero que mantuvieron 17 días, y se resolvió el viernes de la semana pasada, no respondió sólo a reivindicaciones laborales sino que expresó su descontento, porque han sentido que falta mucho para que se retribuya su cuota de esfuerzo, tras facilitar la recuperación económica de la agroindustria y de sus propietarios.

Un analista económico señala las nuevas y difíciles condiciones de los mercados internacionales en materia de competitividad y restricciones a la importación de fruta latinoamericana, en la Unión Europea, por ejemplo, pero acepta que el banano aún le deja poco progreso social a la región, en contraste con la prosperidad de los grandes capitales que genera.

Los sindicalistas observan que hasta 2000 era palpable la alianza obrero-patronal, en función de recuperar las fincas y el mercado, pero una vez se cumplieron los objetivos, las condiciones laborales se endurecieron mediante contratos que han buscado reducir costos, sin seguridad ni prestaciones sociales. "En un momento, por ejemplo, hubo 6.500 contratistas".

Los señores de la guerra

La impunidad y los desbalances en la administración de justicia y seguridad en la zona son otros detonantes del conflicto social. SEMANA, por ejemplo, presenció cómo un campesino de la región acudía a autoridades religiosas para denunciar que su tierra había sido vendida por otro ciudadano que se escudó en los paramilitares de un corregimiento de la región para transar el predio.

Comunidades desplazadas del río Opogadó, por presión de las autodefensas del Bloque Élmer Cárdenas, que combate con la guerrilla en el Medio Atrato, enviaron al gobierno una carta en la que denuncian y detallan la complicidad, por acción u omisión, de algunas unidades militares con el grupo armado ilegal.

"Las Farc roban a las comunidades y la han desplazado para beneficiar sus intereses, como ocurrió en el pasado en Pavarandó. Presionan en San José de Apartadó y han asesinado campesinos. Pero no es menos cierto que las autodefensas se les roban la plata y el cacao a los labriegos de ese corregimiento en un retén a escasos metros de posiciones de la Fuerza Pública", relata un defensor de derechos humanos.

Un religioso considera lógico que el presidente Álvaro Uribe se preocupe por las acciones que la guerrilla planea y perpetra desde la serranía de Abibe hacia Apartadó, pero lamenta que se señale de cómplice de tales agresiones a la comunidad de paz de San José y que además se culpe de entorpecer la acción de la justicia y de los organismos de seguridad a los observadores internacionales que acompañan a los campesinos.

"La guerrilla rodea a San José, a 40 minutos de Apartadó. ¿Pero alguien dice y hace algo porque en Nueva Antioquia, a 40 minutos de Currulao, sobre la vía a Turbo, hay una base de 250 paramilitares, con todo y escuela de entrenamiento? Allá, hoy llega el más desprevenido y los ve trotando con sus fusiles de palo", cuestiona un líder y autoridad moral de la región.

Hay, entre tanto, fenómenos de reocupación territorial que calientan más el polvorín. En las zonas donde al control paramilitar sobrevino la calma, retornan miles de familias desplazadas, años atrás, que ahora no tienen empleo ni vivienda ni mucho menos tierra. Numerosos y pequeños municipios y poblados sufren ese estrangulamiento: mucha gente y poco o nada que hacer.

"El progreso en Urabá -acepta un consejero político de la zona- ya no dependerá de la contención militar sino de la sensación de esperanza. Aquí la gente saca agua para beber de charcos donde no toman ni las bestias. Los ranchos entre las alambradas y las carreteras van en aumento". Lo peor es que se trata de una incertidumbre que pueden capitalizar la guerrilla y las autodefensas para sembrar el caos y que, de hecho, ya aprovechan.

La realidad está demostrando que el regreso de la gente a la región, carente de seguridad alimentaria y material, recarga una bomba ante la cual, sin soluciones sociales, los fusiles y los camuflados no garantizarán nada. Una sensación parecida tienen quienes permanecieron en Urabá en medio de la crisis, con la ilusión de gozar el porvenir de la zona y que hoy ven lejano su progreso material.

Esa mezcla de insatisfacciones sociales y económicas, impunidad y ejércitos ilegales le está devolviendo a Urabá un hervor peligroso, que pone en riesgo los intereses más personales y privados, pero también los más comunes y públicos de trabajadores y empresarios, de ciudadanos y gobierno, mientras que el sueño de una paz definitiva y duradera se aplaza.
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