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| 6/1/2011 12:00:00 AM

"La paz duradera y estable no es sólo militar, sino también seguridad social"

El jefe de la cartera de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explica los alcances de la Ley de Víctimas. Reconoce que la seguridad de los líderes de tierras es preocupante, pero argumenta que "no van a parar nuestro empeño".

La mayoría de los analistas del conflicto armado colombiano coincide en que su solución estriba en los problemas agrarios del país. El actual gobierno se comprometió con una causa que hace parte de ese intento por resolver “una deuda insoluta”. Por esta razón, impulsó en el Congreso la Ley de Víctimas, que está a punto de salir de su trámite legislativo.
 
Uno de los protagonistas de la ley ha sido el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Él también ha sido pieza clave en el diseño de una política de desarrollo para el campo que, además de resolver el problema de la propiedad de los predios, busque su reactivación.
 
Restrepo ha sido un duro crítico de su antecesor Andrés Felipe Arias y su programa Agro Ingreso Seguro, cuyo manejo tiene en problemas a la administración anterior de la cartera de Agricultura. El ministro habló con Semana.com sobre el balance de su gestión, el futuro que le espera al campo y los retos que se ciernen para su ministerio.
 
Semana.com: ¿Cómo ha sido la experiencia de casi un año en la cartera de Agricultura?

Juan Camilo Restrepo:
De mucha intensidad. Se han atendido tres frentes, cada uno muy retador. El primero, los esfuerzos para poner en marcha la locomotora de la agricultura, después de tres años que duró varada en una estación con crecimiento negativo. Poco a poco estamos poniéndola en marcha. En el último trimestre del año pasado creció 4,2 por ciento.

En segundo lugar, la ola invernal, que ha sido muy traumática para los sectores agrícola y ganadero. Tenemos más de un millón de hectáreas afectadas, 650.000 bajo espejos de agua y 350.000 de ladera gravemente afectadas con derrumbes y deslizamientos. Según estudios que hemos hecho con la CEPAL, se han estropeado cerca de 13 millones de metros cuadrados de infraestructura dedicada al agro —pesebreras establos cobertizos, casas, etc.—, sin contar las carreteras.

Y el tercer frente ha sido la puesta en marcha de una política de restitución de tierras, titulación y desarrollo de programas rurales, el cual ha tenido la primera conclusión muy favorable con la aprobación de la Ley de Víctimas.

Semana.com: ¿Cuál es la importancia de ese capítulo de restitución de tierras en la reactivación del campo?

J.C.R.:
Esta ley no es antagónica, ni pugnaz, ni genera molestia alguna a la agricultura empresarial honesta del país, que es la inmensa mayoría. Sobre la ley sólo deben abrigar temores los usurpadores de tierra, los que les quitaron a sangre y fuego no menos de dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias en Colombia.

La ley es armónica con los proyectos para impulsar la agricultura en todos los campos. No sólo busca el resarcimiento de las víctimas –que es muy importante para superar el conflicto—, sino la reincorporación a la productividad de la tierra que fue arrebatada a los campesinos, que está mal administrada o abandonada.

Semana.com: Hay estudios que hablan de más de seis millones de hectáreas de tierra abandonadas o usurpadas. ¿Por qué la disparidad?

J.C.R.:
Hay muchas investigaciones de universidades y centros de estudios sociales que durante las últimas décadas han medido la magnitud y el despojo de tierras. Las más recientes y confiables coinciden en que el número de familias despojadas de la tierra fluctúa, en el último cuatro de siglo, en 400.000. Las tierras que dejaron abandonadas, aproximadamente, son cuatro millones de hectáreas, y las que les fueron arrebatadas se estiman en dos millones de hectáreas.

Semana.com: ¿Cuál es el compromiso del Gobierno con la seguridad de las personas que defienden el derecho a la tierra?

J.C.R.:
El Gobierno no subestima los hechos de sangre que se han presentado dolorosamente en los últimos meses. Más aún, ha puesto en marcha dispositivos de seguridad en coordinación con todas las agencias del Estado. En ese consejo de seguridad periódicamente nos reunimos para analizar las amenazas contra quienes reivindican las tierras. Nos parece delicado. Pero también me parece útil poner las cosas en sus justas proporciones. Desde el 7 de agosto hasta la fecha ha habido ocho casos de asesinatos de líderes del reclamo de las tierras. En cuatro casos no está claro aún si los móviles fueron delitos comunes, los otros cuatro sí parecen asociados a la reivindicación de tierras. Claro, así sean cuatro, esto nos obliga a encender todas las alarmas. Pero no vamos a hacerles el juego a quienes buscan crear desazón con la violencia. No van a parar el empeño político, que ya está comprometido y en marcha, de esta política de restitución.

Semana.com: ¿Son suficientes los mecanismos de seguridad desplegados?

J.C.R.:
Se está ejecutando una estrategia de manera suplementaria, en materias de seguridad y de inteligencia. También hemos invitado a la comunidad internacional a que nos haga un acompañamiento, porque aunque es inerme, tiene la fortaleza de su autoridad moral. Si los violentos ven que la OEA, la ONU y organizaciones internacionales acompañan el proceso, van a sentirse cohibidos para ejercer la violencia. Con seguridad, inteligencia y acompañamiento, se puede judicializar a los asesinos, como en el caso de dos autores materiales de crímenes en Urabá contra líderes agrarios.

Semana.com: La ley contempla que jueces y magistrados especializados dirimirán los litigios por la tierra. ¿Cómo garantizar que no sean cooptados por las mafias locales, que han demostrado un enorme poder corruptor de las instituciones?

J.C.R.:
Los procesos de restitución de tierras se deben hacer mediante sentencias que restablezcan el título de propiedad. Así la propiedad se registra en los folios correspondientes de instrumentos públicos, porque así es como se transfiere la propiedad inmueble. Necesariamente, un litigio tiene que pasar por el conocimiento de un juez. Se trata de crear un cuerpo élite de jueces agrarios. Obviamente habrá que escogerlos, formarlos y apoyarlos con la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura. De esa manera, en lo posible se está precaviendo que haya un buen cuerpo de jueces que acompañe estos procesos de restitución.

Semana.com: Hay organizaciones que han advertido que la restitución de tierras no es suficiente para la reactivación económica del campesinado. ¿Qué hay que hacer, no sólo para que vuelva a su tierra, sino para que pueda insertarse en la actividad económica?

J.C.R.:
El Gobierno está trabajando en tres líneas muy importantes. La restitución de tierras no es todo, es una parte. El todo lo podemos graficar en un triángulo en el cual la restitución de tierras es uno de los ángulos, los otros dos son avanzar en la formalización de la propiedad agraria, que es muy informal, como en toda América Latina. Se calcula que el 40 por ciento de los predios de Colombia no tienen título de propiedad. No tener títulos sobre la tierra es estar atrapado en un círculo de pobreza porque no se puede solicitar un crédito, porque no se puede acceder a un subsidio... Este gobierno se ha comprometido con ese propósito. Desde el 7 de agosto hasta la fecha, hemos titulado 319.000 hectáreas en Colombia, lo que es un récord histórico.

Y el tercer eje de la política es intensificar el desarrollo rural, mediante mecanismos de asistencia técnica, crédito, semilla, estímulos para las mujeres, avance de la seguridad social en el campo, agua. Es decir, todos los elementos que hacen de la agricultura algo más que la tierra. El Gobierno tiene el propósito de que las tierras restituidas no se queden como ‘tierra pelada’, como se decía antiguamente, sino estén acompañadas de proyectos productivos, lo que implica un enorme esfuerzo presupuestal.

Semana.com: ¿Cuál es la meta?

J.C.R.:
Entre titulaciones y restituciones aspiramos formalizar tres millones de hectáreas.

Semana.com: La antropóloga Donny Meertens encontró en la costa caribe que en muchos casos la tierra ha pasado por las manos de varios poseedores, y puede que el último poseedor la haya adquirido legítimamente. ¿Qué pasa en esos casos?

J.C.R.:
La ley prevé indemnizaciones para los casos en que se demuestre que en las cadenas de transacciones de la tierra hay un tenedor exento de culpa, cuando la tierra se le devuelva al poseedor original. El tenedor de buena fe será indemnizado con la plenitud del valor comercial de esa tierra en el momento en que se expida la sentencia.

Semana.com: Esta es una ley histórica porque por primera vez las víctimas –y no los actores ilegales– están en el centro de la discusión. Pero otros gobiernos, salvo contadas excepciones, se han preocupado por el tema. ¿Usted qué le pediría a un gobierno venidero?

J.C.R.:
Esta ley es la opinión mayoritaria, casi unánime, del Congreso Nacional y de la opinión pública. El mandato se va a extender a 10 años, porque es de justicia transicional. De manera que este gobierno y cualquiera que venga tiene los derroteros que en materia de víctimas y restitución de tierras impone la ley. De ahí la importancia conceptual y política de la ley.

Semana.com: Finalmente, ¿cuáles son los retos de estos tres años que le quedan en el gobierno?

J.C.R.:
Lo que sigue es aterrizar en las prácticas administrativa y judicial esa ley. Hay que poner en pie un compendio de instituciones, como la Unidad de Registro y de Restitución de Tierras, los jueces agrarios, los acompañamientos en materia cartográfica y catastral. Los retos de la administración son inmensos para que la ley no se vaya a quedar en un texto, sino que se vuelva una realidad viviente.

Otro reto es acompañar esta política de restitución con las de fortalecimiento institucional, financiero y técnico de los proyectos de desarrollo rural. Son grandes retos, pero se pueden cumplir. Tenemos la convicción, como se ha dicho en Colombia, de que la paz duradera y estable no es sólo cuestión de paz militar. Detrás de la paz militar, que es importante, deben seguir la paz social y la solución de los conflictos agrarios. Esta ley no soluciona todos los problemas agrarios del país, pero sí uno de los más graves, que es el problema del despojo.
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