La paz y la fuerza pública… ¡arrr!

La fuerza pública ha tenido un papel protagónico en las últimas décadas y en particular en el conflicto. La Operación Jaque, por ejemplo, puso a los militares colombianos a la altura de los mejores estrategas de la historia y provocó una emoción colectiva como pocas veces se recuerda en Colombia. Los golpes a las figuras más prominentes de la guerrilla, por dar otro ejemplo, convencieron al país, al fin, que la guerra se podía ganar. Y en la otra cara de la moneda, también, ciertos sectores escribieron capítulos terribles que aún hoy el país no acaba de entender, como el de los falsos positivos o las perversas alianzas con grupos paramilitares.

Por todo eso, y a menos de dos semanas de que el gobierno de Colombia abra oficialmente los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc en Oslo, muchos se preguntan cuál va a ser el verdadero papel de la fuerza pública en este proceso. Y sobre todo, qué impacto puede tener el resultado de esta negociación sobre la tropa y sus comandantes.

Algunos alertan que los diálogos eventualmente harían mella en la moral de los combatientes. El expresidente Álvaro Uribe, que desde su twitter trata de boicotear el proceso, ha dicho que le preocupa que haya militares en la mesa "negociando con terroristas" y que los uniformados entienden "que el gobierno prefiere la negociación con el terrorismo que la seguridad y la protección con las Fuerzas Armadas".

Cómo será de extremo su planteamiento que otra de las voces más radicales del país, la del presidente de Acore (la asociación de los oficiales en retiro de las Fuerzas Militares), el general retirado Jaime Ruiz Barrera, le replicó a Uribe para defender la presencia en la mesa de dos destacados generales ya retirados del servicio. Sin embargo, Ruiz sí expresó la preocupación de que en Colombia no se repita la historia de El Salvador, donde "al término de ese proceso acabaron con la Fuerza Armada, con la justicia penal militar, con el fuero y con la Policía. Es decir, fue nefasto".

Y hasta en la reunión que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos el jueves con miembros de la Comisión de Paz del Congreso, uno de los parlamentarios le preguntó al respecto.

Todas esas advertencias pueden ser válidas. Pero al contrario de lo que muchos creen, la fuerza pública puede terminar siendo la gran beneficiada (y si los diálogos no llegan a buen puerto, la única beneficiada) del proceso de paz que va a comenzar en dos semanas. Así como los negociadores del gobierno mantuvieron en secreto las conversaciones en La Habana, el gobierno también ha ido construyendo, con gran discreción, una estrategia paralela para la fuerza pública y una nueva estructura legal para que los uniformados se sientan cómodos con el proceso.

Comenzando por la estrategia de comunicación. Al presidente Santos se le ha visto muy activo con la tropa en estos días. Se tomó fotos trotando con soldados en Tolemaida y en Larandia. Y no fue coincidencia que el mismo día en que las Farc tuvieron más de una hora en directo desde La Habana por televisión, Santos se reunió con la cúpula militar y de Policía y les dio un parte de victoria: "El papel de nuestras fuerzas ha sido determinante para llegar a este punto y será determinante para llegar, ojalá, al acuerdo final".

En segundo lugar, en una jugada maestra, Santos involucró en la mesa a las dos más reconocidas cabezas de la fuerza pública en la historia reciente del país: el general del Ejército Jorge Enrique Mora y el general de la Policía Óscar Naranjo. Así, aunque en teoría, los más de 500.000 efectivos están al margen de esta negociación, porque su tarea, mientras no se fume la pipa de la paz, es seguir en la guerra, Mora y Naranjo son voceros de los que aún siguen con el traje de fatiga.

Y el tercer frente, y tal vez el más crucial, es el de la estrategia jurídica. La atención a las tropas por parte del gobierno ha estado milimétricamente calculada en esta etapa del proceso. Los militares hace tiempo están molestos porque un convenio firmado en 2006 privilegió la justicia ordinaria sobre la justicia penal militar. En otras palabras, ese convenio acabó con el fuero que tenían.

A eso se llegó en plena negociación del TLC con Estados Unidos, que tuvo como uno de sus mayores obstáculos la situación de derechos humanos en el país. El expresidente Álvaro Uribe reconoció el error hace unos meses al decir en un twitter que decisiones de su administración "de buena fe (…) pudieron debilitar el fuero militar".

La incertidumbre creció en 2009 cuando la justicia ordinaria comenzó a condenar a los militares. La primera sentencia fue la del general Jaime Uscátegui, a 40 años por la masacre de Mapiripán. Y luego vinieron la del coronel Plazas Vega, por el Palacio de Justicia, y el general Rito Alejo del Río, por la muerte de un campesino en Chocó, entre otras. El temor se fue acumulando y una encuesta hecha a los miembros de las Fuerzas Armadas en 2010, reveló que para el 85 por ciento de los 5.000 uniformados consultados, el principal temor era terminar en la cárcel por participar en combates contra la guerrilla.

Con estos antecedentes, no resulta extraña la insistencia del gobierno en buscar darles garantías jurídicas a los militares. Por una parte, logró incorporar en el Marco Jurídico para la Paz un artículo en la Constitución que obliga a darles un tratamiento diferenciado, poniéndolos en un nivel distinto de la guerrilla o de los paramilitares. Ese marco tendrá que ser reglamentado por una ley estatutaria. Y por otra parte, el gobierno hace unos días fijó como prioridad del Congreso para este semestre resolver un tema que tenían en ascuas a los militares desde hace seis años: el del fuero militar.

En el caso del fuero no ha habido tal vez momento político más apropiado para que sea debatido y aprobado. Con el anuncio de la negociación con las Farc todo cambió. La clase política y los opositores tradicionales estarán más dispuestos que nunca a darles beneficios a los militares. Tanto es así que esta semana se le introdujeron modificaciones al texto aprobado en primera vuelta, que era considerado restrictivo del fuero militar. Hace unos días en un foro sobre el tema, Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, decía: "Vamos a pasar de una situación en la que el Ejército no tiene fuero, a tener el fuero más recortado del mundo". Su petición, y la de un amplio sector de militares, fueron atendidas.

Como si fuera poco, la semana pasada en la Mesa de Unidad Nacional el ministro de Defensa anunció que también se radicará el proyecto de la ley estatutaria que desarrolla el fuero militar. Sin duda, este es el cuarto de hora para los militares en el Congreso y hay que aprovecharlo.

De cómo salga esa norma dependerá que casos como los falsos positivos e incluso apelaciones de militares condenados por la justicia ordinaria, podrán ser revisados.

La aprobación del fuero militar está casi garantizada. La pregunta ahora es qué pasará con otra ley estatutaria que queda pendiente, la que desarrolla el Marco Jurídico para la Paz. El fiscal Eduardo Montealegre ha dicho que de la manera como se reglamente, los guerrilleros podrían no tener que pagar un solo día de cárcel. Y él mismo también plantea que debe discutirse desde ya cómo será el tratamiento jurídico diferenciado para la fuerza pública. "Se tiene que abrir ese debate. Porque en este momento, a un militar que haya cometido en el contexto del conflicto armado un falso positivo se le condena a 30 años o más. Pero el paramilitar que está en proceso de Justicia y Paz, que hizo ejecuciones extrajudiciales, le dan de cinco a ocho años".

Así como hay unidad total entre los militares sobre la reforma del fuero, las opiniones frente a esta otra ley están divididas. Algunos no quieren llegar a tener que ponerla en práctica porque, en su criterio, por más diferenciada que sea los pone al mismo nivel de guerrilla y paramilitares. Pero por otro lado están los uniformados presos, que según la senadora Alexandra Moreno, que los visitó la semana pasada, pidieron estar representados en el proceso de paz. Son 1.900 militares que se encuentran privados de la libertad, de los cuales 200 son oficiales, 370 suboficiales y 1.300 soldados profesionales.

En este tema por ahora son más las preguntas que las respuestas. ¿El fuero militar permitirá llevar los casos que hoy tiene la justicia ordinaria a la justicia penal militar? ¿Los falsos positivos serán declarados o no, delitos de lesa humanidad? ¿Por cuál de las dos vías, el fuero militar o el Marco Jurídico para la Paz, se logrará que generales como Rito Alejo del Río, Uscátegui o el coronel Plazas se les suspenda la pena?

En principio las dos rutas jurídicas para los militares son distintas: el fuero militar es una plataforma legal permanente y el Marco Jurídico para la Paz es temporal, de justicia transicional. El uno, en teoría aplicaría para casos futuros, y el otro, para los del pasado. Pero en el fondo ambos tienen un mismo propósito: darles tranquilidad a los militares (sobre todo ahora que se negociará con la guerrilla) y en el mejor de los casos para ellos, perdonar las condenas y que no paguen un día de cárcel.