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| 7/24/2014 12:00:00 AM

Nariño: la paz que quiere el sur

El alto comisionado para la Paz se sentó a hablar con los nariñenses sobre cómo verían su territorio después del fin del conflicto armado.

Las regiones de Colombia que más han sufrido por el conflicto armado son las que más pueden aportarle al posconflicto y la construcción de paz después de la firma de un acuerdo con las guerrillas. Así lo demostró el foro ‘Construyendo paz en las regiones’, organizado por SEMANA, el Diario del Sur y la Oficina del alto comisionado para la Paz, el pasado jueves en la capital de Nariño.

“¿Cómo crear un modelo de construcción de paz regional?”, les preguntó a los cerca de 300 asistentes el alto comisionado Sergio Jaramillo, afirmando que “la estrategia debe ser nacional, pero la concepción y la ejecución es descentralizada”. Es decir, los acuerdos se firman en La Habana entre la cúpula del Estado y la de la guerrilla, pero su implementación es territorial y debe atender las particularidades de cada región.

Cómo preparar las regiones y organizar las instituciones del Estado central y local para la paz; cómo lograr que una vez firmados los acuerdos, los efectos del fin del conflicto se sientan rápida y contundentemente en los territorios más afectados por el mismo; cómo movilizar a la gente en respaldo al proceso, fueron algunos de los desafíos sobre los que el alto comisionado llamó a la audiencia a pronunciarse.

En estos temas se sintió rápidamente una sintonía de parte de los asistentes, todos los cuales reclaman, no de ahora sino de mucho tiempo atrás, que el a menudo lejano y burocrático gobierno central en Bogotá acepte que las regiones tienen un papel protagónico en la definición de temas que son cruciales para la vida local. El fin del conflicto y la construcción de paz es el primero de ellos.

Raúl Delgado, el gobernador de Nariño, quien, como el alto comisionado, participó durante todo el día en el evento, expuso los retos que su departamento enfrenta tanto inmediatamente después de la firma de los acuerdos como a mediano y a largo plazo. Dijo que hay que hacer énfasis en la participación de la gente, en el fortalecimiento de la región y sus instituciones y en un cambio de modelo, como condiciones para la paz. Y afirmó, respondiendo a uno de los grandes problemas que enfrenta su región: “Si no encontramos una salida a los cultivos ilícitos y el narcotráfico, incluso se puede agudizar la violencia después de la firma de un acuerdo”. 

Nariño tiene 330.000 víctimas del conflicto armado, padece de manera cotidiana toda suerte de atentados y bombazos y es uno de los principales teatros de cultivo de coca y narcotráfico en el país. Sin embargo, lo que el resto de Colombia a menudo no sabe es que el departamento es, a la vez, quizás el ejemplo más destacado del país en iniciativas de paz. 

Nariño viene promoviendo hace varios meses una Agenda de Paz, un verdadero programa estratégico de gobierno con el que planea, mediante la discusión con los 64 municipios del departamento y sus comunidades, construir una visión de cómo será el territorio 20 años en el futuro. Tiene desde el 2008 un programa de sustitución de cultivos ilícitos que se llama 'Sí se Puede', cuya metodología y cuya efectividad pueden ser un ejemplo para lo que se ha pactado en La Habana en el punto de drogas ilícitas. Y, desde los tiempos en que Antonio Navarro era gobernador, ha desarollado procesos de participación de las comunidades en las decisiones de política pública que también pueden marcar caminos para otras regiones a partir del fin del conflicto armado.

El foro reunió las autoridades locales, desde el gobernador hasta numerosos alcaldes y otros funcionarios, con organizaciones de las víctimas y de la sociedad civil, la Iglesia católica y empresarios y representantes del gremio agropecuario. Asistieron miembros de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y delegados de la Unidad de Víctimas, de Planeación Nacional y otras dependencias oficiales.

Muchos de ellos hablaron en dos paneles en la mañana y cuatro mesas de trabajo en la tarde, en los que se discutió cómo Nariño, una de las regiones más golpeadas por la guerra, se está preparando para la paz y que lecciones y prácticas puede aportar al resto del país.

Monseñor Arturo Correa, obispo de Ipiales, y la vicerrectora académica de la Universidad de Nariño, Aura Mireya Uscátegui, coincideron en la importancia de la educación como mecanismo para formar ciudadanos que vivan en una sociedad en paz y con reglas de juego aceptadas por todos. Fabio Trujillo expresó el apoyo del gremio ganadero de Nariño al proceso de paz. “En lugar de partir de los problemas actuales, debemos partir de cómo imaginamos el territorio en el 2040 o el 2050”, dijo el investigador Harvey Criollo.

Otros, como Eugenio Estupiñán, de la Oficina de Gestión de Desarrollo Integral de Tumaco, hablaron de las necesidades de programas de largo aliento, quejándose de que el programa que más ha durado en el departamento es el de fumigación aérea de los campos de coca, que lleva 12 años. Borja Paladini, de PNUD, dijo que la consolidación de la paz en el territorio demanda, además del fortalecimiento de las organizaciones locales o campañas de comunicación, “acciones de impacto rápido que muestren que el fin del conflicto trae efectos”. Representantes de las víctimas hablaron del papel clave que estas tienen en un proceso de reconciliación.

Además del foro, el alto comisionado tuvo una cena con periodistas, un desayuno con alcaldes y autoridades locales y un almuerzo con empresarios. Para casi todos ellos era la primera vez que podían escuchar, de primera mano, la visión del Gobierno sobre la negociación de La Habana y cómo este ve el ‘aterrizaje’ de un eventual acuerdo en las regiones. 

Uno y otros coincidieron en un punto central. La negociación del fin del conflicto armado tiene lugar entre la cúpula del Estado y la de la guerrilla. Sin embargo, la implementación de los acuerdos; el inicio del posconflicto; los procesos de desmovilización, dejación de armas y reintegración de los combatientes a la vida civil; el papel central de las víctimas en el proceso, y el “largo camino” de construcción de una sociedad en paz, como lo llamó el gobernador, deberán ser definidos y asumidos por las regiones mismas, atendiendo a las especificidades de cada territorio.

Esto se tradujo en varias propuestas prácticas hechas por los participantes sobre cómo el gobierno central debe escuchar a las regiones para emprender ese camino. 

El de Pasto es el primero de una serie de cinco foros, cuatro regionales y uno nacional, en los que otros territorios que han padecido el conflicto armado van, también, a hablar con el alto gobierno de cómo se ven en una situación de posconflicto y cómo piensan emprender la construcción de una sociedad local en paz.
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