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| 12/19/2009 12:00:00 AM

La pelea de los 1.000 días

La Corte, en el pulso con el gobierno, pasó de la defensa al ataque. Este año se recrudeció la confrontación entre los dos colosos del poder público. ¿Qué se espera para el año entrante?

La pelea de la Corte Suprema y el gobierno ya está haciendo historia. Con éste se completan tres años de choque entre dos de los tres poderes que sostienen la arquitectura del Estado de derecho en Colombia. El país no había vivido algo igual, por lo menos en el último medio siglo.

A diferencia de lo ocurrido en 2007 y 2008, años en los que la Corte parecía ser más una víctima del gobierno que su contrincante, en el capítulo 2009, la Corte Suprema pasó de la defensa al ataque. La transformación se dio con el cambio de presidente en el alto tribunal. Francisco Ricaurte, magistrado de la sala laboral que trató siempre de ser conciliador con el gobierno, dejó el cargo, y ocupó la silla Augusto Ibáñez, de la penal, una sala que no sólo ha mostrado mayor beligerancia con la Casa de Nariño, sino que ha sido la gran protagonista de la contienda.

Este cambio de mando, para algunos, significó la toma del poder del ala radical de la Corte. Otros, por el contrario, lo entendieron como la llegada de una suerte de cruzados que quieren defender a toda costa la independencia judicial y la democracia. Lo cierto es que desde entonces, la más alta instancia de la justicia en el país comenzó a mostrar otra actitud y durante 2009, hizo por lo menos tres grandes movimientos tácticos que afectaron al gobierno o a sus aliados.

Primero, les puso 'tate quieto' a los congresistas investigados por el escándalo de la para-política, que hasta entonces renunciaban a su fuero para ser procesados por la Fiscalía. El Tribunal cambió su jurisprudencia, cerró el grifo por el que se habían fugado 45 legisladores, la mayoría uribistas, y buena parte de ellos ha tenido que regresar para ser juzgados por el equipo elite de magistrados auxiliares.

Segundo, abrió investigación contra 80 congresistas en el momento más complejo del trámite del referendo reeleccionista en el Congreso. Los representantes a la Cámara, al estar en la lupa de la Corte, se asustaron y así la ley que permite la reelección perdió tiempo valioso.

Y tercero, ha mostrado un interés especial en recurrir a la justicia internacional para blindarse frente al complejo ambiente interno. La Corte no sólo ha puesto sobre la mesa normas internacionales para justificar algunas posiciones difíciles (como la demora para elegir Fiscal), sino que ha logrado la solidaridad de pesos pesados de la justicia mundial (como el juez español Baltasar Garzón y el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo) y algunos magistrados, sobre todo los más vulnerables a los seguimientos o 'chuzadas' ilegales del DAS, se han resguardado bajo el paraguas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas especiales de protección.

El gobierno, por su parte, aunque se vio amilanado en el primer semestre por el escándalo de la 'chuzadas' del DAS (ver artículo anterior), no se ha quedado quieto. En primer lugar, mandó a algunos de sus alfiles, entre ellos a Luis Carlos Restrepo, a pedir públicamente que se reformara la forma de juzgar a los congresistas, y de esa manera buscaba quitarle a la Corte Suprema las investigaciones de la para-política. Y en segundo lugar, emitió un extraño comunicado de prensa en el que daba a conocer unas pesquisas de una agencia de investigación (la Uiaf) sobre los magistrados de la Corte. Si bien las sospechas recaían sobre uno o dos de ellos, la manera como la Casa de Nariño presentó el comunicado tendía un manto de duda sobre todos.

Pero esos rifirrafes, de uno y otro lado, al final terminaron por ser apenas los primeros tiros de salva de una confrontación que se recrudeció el segundo semestre con la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. El nombre debía estar definido el primero de agosto, pero han pasado ya cinco meses y la Corte sigue sin elegir uno de los tres nombres que le envió el presidente Álvaro Uribe.

No es claro cuál de los dos tiene la razón. El gobierno ha cumplido con las condiciones que la Constitución impone para conformar la terna. Y la Corte, por su parte, tiene también la razón al exigir candidatos de las mejores calidades, sobre todo si el presidente Uribe se llega a lanzar a un tercer período, lo cual derrumbaría el sistema de pesos y contrapesos fundamental en un Estado de derecho.

Se trata, sin duda, de la primera baja concreta de esta guerra. El máximo organismo investigador del país, el mismo que tiene a su cargo 20.000 funcionarios y tiene que ser protagonista de primera línea de la política criminal del país, ha estado en interinidad durante casi medio año. Un costo demasiado alto para una Nación con los niveles de delincuencia y corrupción que tiene Colombia.

Y eso ha desatado otra serie de escaramuzas. El gobierno, contrariado por la vacilación de los magistrados, trasladó la guerra a los medios. El primer mandatario, en una inusual alocución televisada, en horario triple A, puso de testigo a todo el país para pedirle cuentas a la Corte Suprema sobre la terna. Según el mandatario, estaba sorprendido porque el presidente y el vicepresidente de esa corporación le habían asegurado que si cambiaba uno de los miembros de la terna, ya podrían entrar a votar, pero en la práctica la elección seguía congelada. Luego, la Casa de Nariño arremetió con una andanada de comunicados con acusaciones de grueso calibre. "Si el presidente de la Corte Suprema de Justicia miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?", decía uno de ellos.

El magistrado Ibáñez no perdió el control y siempre dijo que no iba a responder a los agravios. Según él, sus declaraciones a la salida de la mencionada reunión con el presidente Uribe demostraban que para ellos la terna seguía siendo inviable. Esa estrategia de medios, en la cual el primer mandatario aplica la aplanadora de su popularidad sobre el blanco de turno, esta vez parece no haber producido mayor impacto, pues en las encuestas la imagen de la Corte no bajó (ver gráfico).

Y por lo pronto, con los dos relevos hechos por el Presidente -el consejero Marco Velilla por Juan Ángel, y la procuradora Margarita Cabello por Virginia Uribe-, parece haberse destrabado el proceso. En una votación secreta el pasado martes, la mayoría de los magistrados, a diferencia de lo sostenido en los meses anteriores, dijo que sí había terna. La elección de Fiscal, dicen en el Palacio de Justicia, se podría dar antes de marzo.

No es esta, sin duda, una época de oro para las instituciones colombianas. "Nunca había percibido un resentimiento igual de la rama (judicial) con el Ejecutivo", le dijo hace unos meses un alto magistrado a SEMANA. En los pasillos del gobierno la desconfianza cunde en dosis similares. Y tal vez lo más preocupante es que esa situación se da en momentos de debilitamiento, también histórico, del otro gran poder público, el Congreso. En este, por cuenta de los detenidos, sólo uno de cada tres senadores elegidos está ejerciendo como tal.

El terreno está abonado para que cale todo tipo de aventuras autoritarias. Como, por ejemplo, el llamado 'Estado de opinión', concepto que precisamente ha acuñado el alto gobierno y por el cual mostró gran simpatía durante 2009. "Colombia está en la fase superior del Estado de derecho, que es el Estado de opinión -ha dicho el presidente Uribe en uno de los más de 100 discursos en los que ha hecho referencia al polémico concepto-. El equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa ha logrado que la opinión pública, en creciente actividad, sea el factor determinante del producto legislativo. Es una democracia de opinión en la determinación del contenido de las leyes".

La incertidumbre de esta guerra seguirá hasta cuando se defina si el presidente Uribe se lanza o no a un tercer período presidencial. En ese momento, se definirá la suerte no sólo de la Corte Suprema, sino de 200 años de historia institucional del país.
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