Viernes, 19 de diciembre de 2014

| 2013/03/29 16:00

La pelea por las antenas de celulares

Las concesiones de teléfonos celulares de Claro y Movistar están a punto de terminar. Y se abre una enorme polémica sobre si las antenas que han instalado en todo el país les pertenecen a ellos o al Estado. Uno de los operadores ya vendió 500 a un particular.

El ministro de las TIC, Diego Molano, le dijo al Congreso que las antenas de telefonía celular, si no se prorroga la concesión, deben volver al Estado. La pregunta es: ¿Qué puede pasar con uno de los operadores que negoció 500 antenas con otro privado? Foto: Juan Carlos Sierra / Semana

Hay una gran polémica jurídica en ciernes en lo que a los operadores de celular se refiere. El Senado ya hizo un debate sobre el tema. La contralora Sandra Morelli prendió las alarmas y un abogado asesor de la Contraloría, el exmagistrado Jorge Arango Mejía, ya interpuso una demanda.

El problema es simple: en los contratos que el Estado firmó en 1994 con las empresas que iban a comenzar a ofrecer en el país la telefonía celular (hoy Movistar y Claro) quedó escrito que al terminar la concesión deben devolver al Estado toda la infraestructura, incluidas las torres con las antenas, que hoy copan el país (ver facsímil).


Las concesiones se acaban el año entrante y en caso de que el Estado quisiera asignarle el espectro a otro operador, podría verse enfrentado a una controversia jurídica. Si bien en el contrato está claro, el Congreso aprobó tres años después (en 1997) una ley sobre telefonía móvil, en el cual se incluyó un artículo que provocó un escándalo y fue conocido como el ‘celumico’. Este texto dice que los operadores pueden quedarse con los bienes utilizados para prestar sus servicios al final de las concesiones y que solo tienen que revertir las frecuencias radioeléctricas que les asignaron.


¿Qué puede pasar si se cambian los operadores? ¿Entregarán los perdedores las antenas como dice el contrato que firmaron hace 20 años? ¿ O se llevarán las antenas aprovechando la puerta que les abrió la ley de 1997?


En un reciente debate, el senador Eugenio Prieto dijo que es necesario que estos operadores le entreguen al Estado la infraestructura. “Lo que buscamos es que, terminados los contratos, los servicios se continúen prestando sin afectar a los usuarios”. Pero todavía no hay certeza de qué va a pasar si la telefonía celular no se concesiona a los mismos operadores.


En su momento, el presidente de Comcel (hoy absorbido por Claro), Peter H. Burrowes, defendió la ley argumentando que ésta no pretendía cambiar las reglas, sino aclarar ambigüedades sobre la infraestructura. Según dijo, al no haber claridad, “al término de la concesión el Estado se podría quedar hasta con mi bolígrafo”.


Sin embargo, las cosas no quedaron tan claras y la Contraloría General ya anunció que estará vigilante de que la infraestructura sea entregada cuando se terminen las concesiones. A lo largo de todos estos años, según los contratos, Comcel debió hacer inversiones por 167.000 millones de pesos y movistar por 109.000 millones para ampliar la cobertura de su servicio. ¿Y por qué habrían de devolverlas? “Porque esos costos se los trasladan a los usuarios en las tarifas, de manera que quedan pagados completamente al final de la concesión”, explica el senador Prieto.


En el debate que se hizo sobre este tema, el Ministerio de las TIC respondió que regían los contratos y por tanto los operadores debían devolver las antenas: “Es claro que al momento de terminarse la respectiva concesión, los proveedores están en la obligación de dar cumplimiento a lo establecido en sus contratos de concesión en materia de reversión”.


Para Tigo, cuyo contrato se firmó en 2003, cuando ya estaba vigente la ley que le permite quedarse con su infraestructura, la condición fue invertir 32.000 millones de pesos y ya vendió 2.000 torres a la misma firma extranjera. “Lo más cuestionable es que estas empresas estaban amortizando estas inversiones en las tarifas de los usuarios. Y cuando ya estaban pagadas, las vendieron”, critica Prieto. El debate que sigue es álgido y ya la Contraloría habla de un posible detrimento patrimonial si esa infraestructura no pasa a manos del Estado.


Pero el problema está en que en el caso de Movistar, por ejemplo, vendieron ya 500 de esas antenas. Según reportaron diarios especializados, American Tower, una empresa que se dedica a comprar antenas en América Latina para luego alquilarlas, “acordó adquirir 500 torres que pertenecían a Telefónica Móviles Colombia SA por un valor total de US$ 72.725.000”. 


Un vocero de Telefónica le dijo a SEMANA que sí vendieron las antenas y que lo hicieron porque la legislación actual se los permite, pues, según ellos, solamente los obligaría a devolver el espectro y no las antenas. “La discusión sobre la reversión en los contratos de concesión para los servicios de telecomunicaciones se encuentra en este momento en la Corte Constitucional”, añadió el vocero. Y concluyó: “En todas las leyes se estableció de manera expresa que la reversión para este sector solo comprende las frecuencias radioeléctricas”. Ojalá la Corte Constitucional se pronuncie a tiempo para que no quede duda antes de que el Estado dé un nuevo paso. 

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