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| 5/16/2015 10:00:00 PM

La pelea entre el Ejecutivo y el Judicial por la reforma de equilibrio de poderes

Estos son los principales puntos por los que las altas cortes y el fiscal le declararon la guerra a la reforma de equilibrio de poderes.

La lucha de la Justicia contra la reforma bandera del gobierno Santos tuvo su batalla más dura la semana pasada. Los presidentes de las altas cortes y el fiscal general han desplegado toda su artillería para lograr que el Congreso archive el acto legislativo. Han dicho que es la segunda toma del Palacio de Justicia y que saldrán a marchar a las calles, han pedido constituyente, y hasta han advertido que si esta se aprueba no podrá haber paz verdadera.

Sin embargo, la cruzada que han librado ha generado el efecto contrario del que buscaban. Nunca antes el Congreso había estado más unido para sacar adelante una reforma. La semana pasada los jefes de todos los partidos salieron a respaldarla: desde Claudia López hasta José Obdulio Gaviria. En sus toldas no les fue mejor. Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado hicieron evidente la profunda división que hay al interior del Palacio de Justicia y desautorizaron a sus presidentes. Estos son los puntos que tanto les molestan:

La innombrable

El punto de honor para la cúpula de la Justicia es la Comisión de Aforados. Hoy, tanto los magistrados como el fiscal son juzgados por la Comisión de Acusaciones, un organismo inoperante que se ha ganado el mote de ‘Comisión de Absoluciones’. La reforma la elimina y la cambia por un organismo que puede enviar directamente los casos a juzgamiento en la Corte Suprema, que sí ha mandado presos a decenas de congresistas y ministros.

¿Quién juzga a quién?

Los magistrados no aceptan que la sala penal de la Corte Suprema termine con el poder de juzgar a sus colegas. Creen que esto los pondría por encima de toda la Justicia y podrían darse retaliaciones por los choques de trenes entre las altas cortes. En el Consejo de Estado argumentan que un fallo como el que tumbó a los expresidentes de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y Pedro Munar no habría podido darse con ese sistema.

¡Inviolables!


El mico que denunció la senadora Viviane Morales que establecía que los magistrados eran “inviolables” hacía que no pudieran ser investigados por sus fallos, salvo que se probara la corrupción. Como esta se ha sofisticado tanto, en la práctica blindaba a los magistrados de procesos judiciales. En la ponencia de séptimo debate el texto quedó así: “Serán responsables por cualquier infracción a la ley… En todo caso, no podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por los votos y opiniones de sus providencias judiciales”.

¿Qué pasa con lo que hay?

La suerte de más de 2.000 procesos de la Comisión de Acusaciones también preocupa. Unos creen que su eliminación favorecería la impunidad pues habrá una especie de borrón y cuenta nueva. Otros advierten que trasladarle ese número de asuntos al nuevo organismo lo haría inoperante. Por eso, se creó un régimen transicional de un año en el que la antigua comisión podrá archivar o reenviar el proceso a la nueva comisión de aforados.

¡No es ‘lobby’!


En el Congreso sostienen que lo que llevó al fiscal a enarbolar la constituyente tiene nombre propio: Olga Claros. La funcionaria de la entidad que dirige Eduardo Montealegre supuestamente les pidió a los congresistas no votar la inhabilidad de cinco años para litigar pues iban a dejar a su jefe ‘sin mercado’. El senador Luis Fernando Velasco denunció su presencia en el Congreso y el fiscal tuvo que salir a aclarar que ella no estaba haciendo ningún lobby.

¡No somos todos!

Los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado redactaron conjuntamente duros documentos para aclarar que no apoyaban a sus presidentes en la propuesta de una constituyente. En la primera, hubo una votación en la que Leonidas Bustos perdió 17-1. Inmediatamente después sacaron un comunicado de prensa en el que registraron su malestar. En el Consejo de Estado la situación fue mucho más cordial y los togados enviaron una carta privada para aclararle a Luis Rafael Vergara que ninguno de esos temas había sido consultado con ellos.

¿Amenaza o advertencia?


El documento de 18 páginas que envió la cúpula de la Justicia contenía afirmaciones que muchos consideraron pasadas de tono. Por ejemplo, se aseguraba que el proyecto de equilibrio de poderes “no solo presenta vicios en su procedimiento, sino que también es inconveniente… Adicionalmente, tampoco está diseñado para un escenario de posconflicto”. Como la reforma tiene que pasar a estudio de las altas cortes y, además, estas serán las que implementarán la justicia cuando se firme la paz en La Habana, esas frases sonaron a mucho más que una simple reflexión jurídica.

Corbatas nuevas


Cayó muy mal la propuesta del Consejo Superior de la Judicatura de crear cerca de 600 nuevos puestos justo en medio del debate de equilibrio de poderes. Los presidentes de las altas cortes no aprobaron el presupuesto para esos cargos y la movida fue interpretada como un intento de esa corte por tener qué ofrecerle a los congresistas a cambio de que no eliminen esa entidad. En febrero el presidente Santos ya había denunciado el cortejo de la Judicatura a los parlamentarios.

No es tan bueno

En la cúpula de la Justicia muchos no están de acuerdo con que los magistrados sean elegidos por concurso. Aunque suena muy democrático, lo cierto es que tiene algo de demagogia pues hoy es muy poco probable que los grandes juristas del país se presenten a una prueba para competir por un puesto. En la ponencia quedó que serán elegidos “tras una convocatoria pública”, es decir, un sistema más abierto que evalúa las hojas de vida y las aptitudes del candidato y no solo las respuestas a un cuestionario.

¡No se metan!

Las cortes han criticado cada vez que la Rama Ejecutiva intenta tomar una función que no tenía antes pues consideran que esto afecta su independencia. Primero rechazaron la propuesta de que el presidente nombrara el primer tribunal de aforados que los juzgaría a ellos. El nuevo texto señala que la comisión estará conformada por tres miembros, elegidos por el Congreso de listas elaboradas mediante convocatoria pública. También rechazaron que el ministro de Justicia tenga asiento en el Consejo de Gobierno Judicial que asumiría algunas funciones de la Judicatura. El gobierno retiró esa participación.

No son todos los que están

También generó molestia incluir entre los aforados al contralor, al procurador y al defensor del pueblo. En el documento de la cúpula de la Justicia se sostiene que esto “equivale a equiparar el poder judicial a un poder meramente administrativo”. En la nueva ponencia estos funcionarios ya no gozarían de fuero ante la nueva comisión.

“Yo te elijo, tú me eliges”

Las cortes pierden casi todo su poder político. La reforma establece que los magistrados y jefes de organismos de control “no podrán nombrar ni postular, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación”. También prohíbe la reelección en sus altos cargos, y le pone un límite a la puerta giratoria al establecer que no pueden postularse a otros cargos como fiscal y procurador sino un año después de abandonar su puesto.
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