La pelea entre Mindefensa y Apartadó

El pasado 8 de febrero, el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenó al Ejército ofrecer disculpas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por la masacre del 21 y el 22 de febrero del 2005. Allí murieron ocho pobladores a manos de un comando de 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, que estaban protegidos por miembros adscritos a la Brigada XVII del Ejército. 

Este fue el primer fallo en el que se responsabiliza al Estado colombiano por la masacre de esa población del Urabá antioqueño. Por este hecho fueron condenados cuatro militares y más de 15 paramilitares.

Pero los pobladores de San José, liderados por el padre Javier Giraldo, hicieron el esfuerzo mediante mecanismos legales para establecer cuáles eran los militares que estuvieron en el lugar. Ellos apelaron a la tutela que falló la Corte Constitucional.  En la sentencia T-1025, el Alto Tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa que informara sobre los códigos institucionales, las unidades a las cuales estaban adscritos y la línea de mando de los militares que se encontraban en la zona en el momento de la masacre.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa se negó a suministrar la información. Semana.com conoció que el 13 de diciembre pasado el coronel Juan Carlos Gómez, director de Derechos Humanos y DIH de Ministerio de Defensa, apeló a la misma providencia de la Corte para guardar silencio sobre la información solicitada.  

Según el concepto del oficial, lo que realmente sugiere la sentencia es “reemplazar el suministro de la información solicitada por otra medida que sea menos lesiva del derecho a la información”. Con ese argumento, el coronel asegura que se pueden entregar los nombres y los cargos de los militares a los organismos de control y no a la comunidad afectada, es decir, al padre Giraldo. 

La batalla de esta población no cesa. El sacerdote ha escrito cerca de 49 derechos de petición para obtener la información. El prelado ha enviado nueve de ellos durante el gobierno de Juan Manuel Santos para solicitar que se le dé cumplimiento al fallo de la Corte y que se observe la situación de seguridad de esa comunidad.

Sin embargo, todo ha sido en vano. En enero 16 pasado el Ministerio de Defensa reiteró que no entregará la información, así lo haya dispuesto la Corte. La razón que argumenta esta cartera es que no pueden detallar ningún operativo de la Fuerza Pública por tener componentes de inteligencia. 

En respuesta, Giraldo aseguró en su más reciente Derecho de Petición que “al revelar sus nombres en nada se afectan los contenidos de inteligencia que eventual o supuestamente estarían realizando”.

Por esta diferencia entre el Ejecutivo y el Judicial, el padre Giraldo afirma en derecho de petición diferente que “otras instituciones del Estado se empecinan en continuar la agresión criminal contra nuestra Comunidad de Paz, con desvergonzado cinismo y prepotencia, desafiando al “otro Yo” de su Estado”.

El caso sigue abierto y la comunidad de San José de Apartadó espera una respuesta del Gobierno. Mientras tanto, continúan con la denuncia de asesinatos y violaciones de Derechos Humanos en esa región por parte de grupos armados ilegales. Estas declaraciones ya no hacen mayor eco, pero demuestran que la comunidad sigue bajo el fuego, incluso siendo una zona de paz.