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| 12/21/2010 12:00:00 AM

La pelea jurídica por el cadáver del 'Mono Jojoy'

La familia del ex jefe militar de las Farc apeló una decisión judicial que impide enterrarlo en su pueblo natal para evitar que la guerrilla se robe el cuerpo.

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BBC
En medio de un pulso judicial, tres meses después de su muerte, el cuerpo del jefe guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, alias el ‘Mono Jojoy’, sigue sin ser enterrado.
La familia del jefe militar de las Farc apeló la decisión de este lunes de una juez, que condicionó la entrega del cadáver a que éste sea sepultado en Bogotá.
 
La juez alega que si el cuerpo de Suárez Rojas, abatido a fines de septiembre, es sepultado en su pueblo natal de Cabrera (Cundinamarca), hay riesgos de que la guerrilla lo desentierre y se lo robe.
 
Pero el abogado de la familia, Rodolfo Ríos, considera que eso es inaudito.
 
"Si la apelación confirma que habrá una entrega condicionada del cuerpo, nosotros apelaremos a una acción de tutela", le dijo Ríos a BBC Mundo.
 
Solo a mediados de enero próximo se sabrá cómo evoluciona la disputa y, mientras tanto, el cadáver del temido guerrillero seguirá insepulto y congelado en Bogotá.
 
Comienza la pugna
 
Luego de que fue abatido por tropas en un bombardeo en las selvas del país, el cadáver de Suárez Rojas fue llevado a Bogotá para ser sometido a la necropsia en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
 
Poco después se presentaron al sitio dos de los hermanos y una sobrina del guerrillero a reclamar el cadáver, pero primero tuvieron que demostrar su parentesco.
 
Una vez lo hicieron, a través de cotejos de ADN, los familiares pidieron el cadáver para sepultarlo. Y ahí comenzó el pulso judicial, que sigue sin resolverse.
 
La Fiscalía alega que el ‘Mono Jojoy’ debe ser enterrado en Bogotá y esgrime razones de seguridad.
 
Pero la familia, que vive en Cabrera, el mismo pueblo montañoso donde nació el ex jefe militar de las Farc en 1953 y donde muy joven se hizo guerrillero, alega que el lugar donde quieren enterrar al jefe guerrillero está custodiado por tres batallones del Ejército.
 
El abogado Ríos alega, además, que "no existe ninguna norma que autorice condicionar el entierro de los muertos, salvo que el cuerpo no sea cremado".
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