La ‘pelea’ de los Nule con la Justicia

En todo un dolor de cabeza se han convertido los polémicos excontratistas Nule para la justicia. Los antiguos empresarios y hoy acusados son el centro de discusión en las audiencias en las cuales se trata de avanzar en el proceso que se les adelanta actualmente por cuenta del ‘carrusel’ de contratos en Bogotá.

Miguel, Manuel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre dejaron de acudir a las diligencias, de las cuales 19 han sido aplazadas por diferentes razones que son consideradas por algunos de quienes participan en el proceso “dilaciones injustificadas”.

Pareciera que los Nule y Galofre se empeñan en armar una pelea con el juez 36 de conocimiento -que adelanta el proceso-, la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas. Aunque han manifestado que no irán a las diligencias, ahora se empeñan en pedir tiempo y salir de la cárcel para reunirse con sus abogados y poder conocer las pruebas en su contra.

Una muestra de lo que viene sucediendo es lo ocurrido este martes en otra de las audiencias, que debió ser aplazada por varias horas porque no llegaron todos los abogados defensores. Motivos por los cuales el juez una vez más les llamó la atención e incluso señaló que de ser necesario compulsará copias para que se investigue.

“Seguimos con el mismo trajín diario de hacer una mofa o unas dilaciones con la administración de Justicia, vemos que solo está el doctor Diego Suárez Moncada, que viene en representación de tres personas. Tiene poder como suplente, pero frente al doctor Andrés Garzón no hemos recibido todavía ninguna comunicación de por qué no ha comparecido”, indicó el juez Álvaro Weiss.

Según dijo Suárez durante la diligencia, Garzón estaría enfermo, por lo que no ha podido asistir a las audiencias.

¿Hay dilación?

El motivo en que se ha centrado la discusión es si el proceso se está dilatando o no por parte de los Nule, Galofre y sus abogados. Para la Fiscalía es claro que argumentos en los que se plantea la necesidad de tener tiempo para conocer el material probatorio no son valederos.

Asegura el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Juan Vicente Valbuena que la defensa ha tendido tiempo suficiente para conocer la evidencia y que pese a que se les ha insistido en que recojan el material, no han atendido los llamados que se les ha hecho, por lo que considera que "se ha querido dilatar el proceso”.

"La Fiscalía considera que ha cumplido su deber legal", dijo el fiscal, al tiempo que manifestó que seguramente lo que buscan es que prescriban los delitos por los que son investigados.

El ente acusador, en la búsqueda de conseguir superar las supuestas “dilaciones”, le ha pedido al juez que se tomen medidas que permitan avanzar hacia un juicio porque los hechos que se están investigando ocurrieron desde el 2007 y es la fecha y no han sido juzgados.

La postura del Fiscalía es compartida por la Procuraduría, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Contraloría Distrital. Los dos últimos reconocidos como víctimas en el proceso y a quienes les preocupa que los delitos empezarían a prescribir a partir del 2015.

Otro de los dolores de cabeza para el juez ha sido el traslado de los procesados a la audiencia; pese a que han manifestado no querer comparecer, su deber es justificar su ausencia, razón por la cual llamó la atención al INPEC para conocer las explicaciones del caso.

Luego de la discusión planteada en la audiencia, el Instituto, mediante un comunicado de prensa, reiteró que el deseo de los asegurados es no ir al proceso y que en su representación lo harán sus abogados.

“En un oficio dirigido al juez 36 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, los internos Guido Alberto Nule, Manuel Nule, Miguel Nule y Mauricio Galofre manifiestan renunciar a su derecho de asistir a las audiencias preparatorias programadas en el mes de abril (…) para la celebración y validez de la audiencia preparatoria no es indispensable la comparecencia física de los internos ante el juzgado”, indicó la comunicación.

Los acusados son procesados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado. Ya fueron condenados por peculado.

Este martes también se conoció que la defensa solicitó ante un juez el beneficio de detención domiciliaria para sus representados, petición que estaría lejos de ser concedida porque que no la pidieron en una audiencia pública como lo manda la ley.