Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 10/4/2014 10:00:00 PM

La pelea por la reforma del equilibrio de poderes

Un ‘articulito’ que la senadora Claudia López le agregó a la reforma del equilibrio de poderes desembocó en una espectacular pelea entre las cortes, el gobierno y el Congreso.

El fiscal Eduardo Montealegre logró en un día lo que la clase política no había podido hacer en dos meses: poner a hablar a todo el país de la reforma de equilibrio de poderes. Sus polémicas frases para acusar al Congreso de estar conjurando una “revancha” contra las altas cortes, su llamado a la rama judicial a ser “militantes” y salir a la calle a protestar y la fulminante acusación de que ese acto legislativo es “una segunda toma del Palacio de Justicia”, no solo ocuparon todos los titulares de los medios sino que trasnocharon a la cúpula de las tres grandes ramas del poder público esta semana. 

En esa arremetida, al fiscal se le fue la mano. Por un lado, no le quedó bien comparar la tragedia del Palacio de Justicia, que representó un verdadero holocausto para la rama judicial, con una reforma que, si bien es objeto de controversia, se tramita con todas las garantías de la legalidad.  A quien más le debió doler esa comparación fue al ministro de Justicia, Yesid Reyes (ver entrevista), quien perdió en ese dramático episodio a su padre, el entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía.
 
La mayor crítica al fiscal no fue por la desproporción de sus comentarios. Fue porque tratándose de una reforma que afectaba directamente a su cargo, muchos interpretaron que estaba actuando en causa propia. La molestia de Montealegre se debe a la propuesta de que un Tribunal de Aforados reemplace a la Comisión de Acusaciones. La idea del gobierno es crear otra alta corte que se encargue de las investigaciones que hoy tiene la comisión. Es decir, contra los magistrados y el fiscal. Sobre esa propuesta casi hay un consenso pues ese órgano nunca ha funcionado y por eso se ha ganado el nombre de ‘Comisión de Absoluciones’. 

La creadora de todo este enredo es una senadora primípara que se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y no tenerle miedo a nada: Claudia López. La congresista de la Alianza Verde introdujo una modificación en la propuesta del gobierno que a simple vista parecía intrascendente, pero que crea una diferencia abismal. El gobierno proponía que el Tribunal de Aforados investigue y acuse, pero que  el Senado juzgue. La senadora cambió un ‘articulito’ por medio del cual el juicio quedó también en manos del nuevo tribunal y no del Senado. En ese escenario el fiscal y los magistrados quedan a merced de ese tribunal. 

Esa modificación sacó de casillas a la cúpula de la Justicia y en ese sentido el fiscal actuó como un vocero no oficial de la rama. No es un tema menor. En el fondo lo que significa es que los procesos contra ellos dejarían de ser políticos como hoy (es decir en el Capitolio) para convertirse en jurídicos como los de los demás funcionarios y las personas del común (es decir en los juzgados y las cortes).  En plata blanca, la diferencia es ir a la cárcel o no. Mientras por cuenta de las cortes decenas de congresistas y ministros han acabado tras las rejas en los últimos 20 años, en el Capitolio nada ha logrado tumbar a un magistrado. 
La definición  de cuál debe ser el juez de la rama judicial nunca había sido un debate en Colombia. Como dice el jurista Hernando Yepes:  “como en el pasado entre los magistrados no era usual delinquir, tampoco lo era condenarlos”. Pero los recientes escándalos como el carrusel de pensiones, los botines del controvertido Giorgio Sale y las grabaciones del magistrado Henry Villarraga arreglando fallos con los militares hicieron evidente la necesidad de que las cortes dejarán de estar sin Dios ni ley.   

Por eso, la discusión alrededor del Tribunal de Aforados, un tema que suena complejo y hasta aburrido, conmocionó al país. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, contestó el lunes que “al fiscal nadie le tiene miedo”. Simultáneamente, el gobierno convocó a una reunión entre los ministros de Justicia e Interior, las cortes, los ponentes de la reforma en el Congreso y el fiscal. La cita tuvo lugar en el Palacio de Justicia el miércoles pasado y duró un poco más de cuatro horas. El resultado es que hubo consenso en casi todo, menos en el articulito otra vez de Claudia López. 

El Montealegre del miércoles era una persona totalmente diferente al que se despachó el viernes anterior. Pausado y sereno, el fiscal expuso largamente las razones de su desacuerdo. Argumentó, entre otras cosas, que el tribunal le parecía inconveniente porque podría servir de instrumento para perseguir a los jueces por sus fallos y planteó que la conformación política del tribunal, que se elegiría en el Congreso, sería una intromisión desafortunada de dos ramas del poder en la Justicia. En esto último, el fiscal puede tener razón pues precisamente por eso la Corte Constitucional le quitó en 1993 a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que también tiene un origen político, el poder de investigar a los magistrados.  

Al final de la reunión, la marea parecía estar bajando. Incluso la senadora Claudia López le llevó un ramo de rosas blancas al fiscal para limar las asperezas, pues según ella, la idea no era armar un tropel. Pero una cosa quedó clara. Al contrario de lo que dijo el ministro del Interior, al fiscal los congresistas sí le tienen miedo. Y  más aún si está en el mismo equipo de las altas cortes. Aunque hasta ahora han preferido el bajo perfil, los magistrados de las cortes han rechazado al igual que él, en forma categórica, la reforma al equilibrio de poderes. Tanto, que en la reunión el vicepresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, propuso fortalecer la actual comisión de acusaciones, pero no eliminarla. La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, respaldó el rechazo al Tribunal de Aforados y a otras propuestas de la reforma. Como la Corte Suprema de Justicia tiene el poder de enviar a la cárcel a los congresistas, y el Consejo de Estado, el de quitarles la investidura, el panorama político no es fácil. 

A eso se sumó que tanto el fiscal como los magistrados pidieron una ñapa. Montealegre dijo esta semana que no estaba de acuerdo con la propuesta del gobierno de extender el fuero del fiscal al contralor y al procurador, que hoy no lo tienen (por eso Sandra Morelli pudo ser investigada por la Fiscalía). Las cortes, por su parte, alegaron que no estaban de acuerdo en perder la función que tienen de participar en la elección de los organismos de control. 

Para el gobierno tampoco es fácil tener en contra a ese dúo dinámico. Por un lado, el fiscal es el aliado más importante que ha tenido el gobierno en el proceso de paz. Sobre todo en medio de la férrea oposición del uribismo y del procurador. Montealegre es un experto en justicia transicional y ha sido el encargado de explicar que no hay firma posible si los guerrilleros tienen que “pudrirse” en la cárcel como quieren muchos colombianos. El fiscal tiene la camiseta puesta al punto que ha asumido costos enormes en su popularidad. Para sus admiradores ha tenido el valor de actuar de acuerdo a sus convicciones, mientras para sus detractores lo que está haciendo es darle una mano al gobierno.   Un ejemplo de estas posiciones es el casi “perdón y olvido” que pidió el viernes pasado para los guerrilleros que firmen la paz. Pero las cortes también son clave en ese ajedrez. La Corte Constitucional al fin y al cabo aprobó el Marco Jurídico para la Paz y ahora tendrá que revisar también las leyes estatutarias que lo reglamenten. Pero la que jugará un papel central será la Corte Suprema que es a la que probablemente le corresponderá tomar las decisiones penales contra la cúpula de las Farc, lo cual ha sido hasta ahora el principal meollo del proceso de paz.  

En el fondo, en la discusión sobre el Tribunal de Aforados, además del claro pulso de poder real,  hay también una guerra de vanidades. A ningún poder le gusta ser sometido a otro y eso es lo que en este momento sienten tanto el fiscal como los magistrados. No es la primera vez que en Colombia ese miedo a ser juzgado paraliza el país. Un año antes de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el Congreso le abrió un juicio al presidente Mariano Ospina. Como él no tenía las mayorías para ganar, simplemente decidió cerrar el Congreso. Eso no va a pasar en esta oportunidad, pero sí puede llegar a suceder que la controversia alrededor del Tribunal de Aforados ponga en peligro la reforma de equilibrio de poderes del presidente Santos. En todo caso, la telenovela de esa reforma hasta ahora va en el primer round. Y faltan varios. 
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.