La pelea por el Valle

En las últimas dos semanas le han caído críticas de dos tipos al vicepresidente Angelino Garzón. Unas tienen que ver con sus funciones y con el hecho de que ha mojado bastante prensa y usurpado las funciones de varios ministros. Las otras se refieren a su intervención en la política de su departamento, el Valle del Cauca. Aunque esta última es indirecta y a distancia, porque la ley prohíbe la intervención en política de los funcionarios públicos, Garzón mantiene desde sus épocas de gobernador una innegable influencia en el departamento y, para muchos observadores locales, es el único que puede contener a la poderosa maquinaria del PIN. Se da por descontado que su recién bautizado movimiento Centro Independiente buscará elegir un gobernador de su cuerda y alcanzar cinco alcaldías, incluida la de Cali.

Los amigos del vicepresidente, de alguna manera, ya destaparon sus cartas. Para la Alcaldía de Cali le ofrecieron su apoyo al precandidato Argemiro Cortés, exasesor del actual mandatario Jorge Iván Ospina, y para la Gobernación se unirán a la causa del exsenador conservador Ubeimar Delgado. La estrategia es aliarse con todo aquel que esté contra el PIN.

En efecto, el Partido de Integración Nacional es su mayor enemigo, pese a que en 2003, cuando se llamaba Convergencia Ciudadana, recibió su apoyo en la campaña para la Gobernación del Valle. Es vox pópuli que el actual gobernador encargado fue impulsado por Garzón para evitar que el PIN enviara una terna -a la que según sus miembros tenía derecho- tras la destitución de Juan Carlos Abadía en mayo de 2010. También se asegura que Garzón fue el artífice de la decisión del gobierno nacional de suspender las elecciones atípicas, que habrían sido una oportunidad para que el PIN recuperara el botín. El argumento fue que por la emergencia invernal había problemas logísticos y presupuestales para realizarlas.

El pulso entre el vice y el PIN se ha calentado. Y como suele ocurrir en estos casos, ha disparado toda suerte de denuncias y acusaciones de lado y lado. En una esquina, Garzón y su pupilo, el gobernador encargado Francisco Lourido. En la otra, el exgobernador destituido Juan Carlos Abadía y el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, preso y a la espera de un juicio por parapolítica.

En menos de dos meses, en la medida en que se intensifican los vientos de la campaña electoral, han salido del clóset varios fantasmas de viejos pleitos en relación, por ejemplo, con obras públicas cruciales para el departamento, como la vía Cali-Candelaria, Termopacífico, vigencias futuras y la contratación pública, entre otras. Después de dormir durante meses, e incluso años, el sueño de los justos, de la noche a la mañana las investigaciones por parte de los organismos de control retomaron un ritmo sorprendente e inexplicable.

El round más reciente ocurrió el 22 de febrero pasado, cuando se iba a hacer efectivo el embargo de varios predios del gobernador Lourido dentro del millonario pleito por siete millones de dólares entre las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la sociedad Salento S.A., que es de Lourido. Esta última participó en el fallido proyecto conocido como Termopacífico.

El juzgado 12 administrativo de Cali había fijado el primero de marzo como fecha límite para la entrega de los bienes inmuebles de la Promotora Salento S.A. a Emcali. Pero días antes, el 16 de febrero, una comisión de alto nivel de la Fiscalía llegó al Valle del Cauca para "impulsar investigaciones por presuntas irregularidades cometidas contra la administración pública". SEMANA pudo establecer que ese escuadrón de investigadores encabezado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, apoyados por fiscales de la Unidad Anticorrupción, especialistas del CTI y de la Contraloría General de la República, tienen la misión de establecer si se cometieron anomalías durante la administración del entonces gobernador Abadía.

Semanas antes, el contralor del departamento, Carlos Hernán Rodríguez, cercano a Abadía (hizo parte de la terna que inscribió su candidatura a la Gobernación), puso contra la pared a Lourido: obligó a iniciar una acción de repetición contra el vicepresidente Angelino Garzón, por su presunta responsabilidad en el detrimento de 52.000 millones de pesos del departamento cuando fue gobernador entre 2004 y 2007.

El pleito está relacionado con la vía Cali-Candelaria, una carretera que no se terminó de construir porque la comunidad se opuso a la instalación de un peaje. Garzón heredó el problema, que venía desde 2000, e instauró toda clase de recursos jurídicos para no pagar la indemnización. Pero las autoridades le dieron la razón al contratista, y, entre intereses y capital, el valor del pleito se duplicó a 53.000 millones de pesos. Lo absurdo es que si se hubiera hecho la obra solo habría costado 29.000 millones de pesos.

Por otro lado, el contralor le respira en la nuca a Henry González, mano derecha de Lourido y considerado el poder detrás del trono en el departamento. A González le abrieron hace poco una investigación por violar el régimen de inhabilidades al ejercer como gerente de la Industria de Licores del Valle siendo miembro de la junta directiva de la misma. Además, el contralor descubrió que en su hoja de vida figura una especialización que al parecer jamás hizo. Por esa supuesta falsedad el caso fue remitido a la Fiscalía. González le dijo a SEMANA que solo hablará del tema ante las autoridades que lo requieran.

Otro fantasma que ronda a Garzón sobre su paso como gobernador del Valle es el aporte de cinco millones de pesos que Raúl Grajales hizo a su campaña en 2003. Grajales fue vinculado a la Lista Clinton en 2005 por pertenecer al cartel del Norte del Valle y procesado en Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El proceso contra el vicepresidente se archivó a comienzos de 2010, pero fue reabierto en noviembre y asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

Como era de esperarse, se ha suscitado una controversia sobre la actuación de los órganos de control. En el caso de la Contraloría del Valle, muchos se preguntan por qué los procesos contra Lourido y su equipo de gobierno -que aún no completan un año en el poder- avanzan con celeridad mientras que las denuncias formuladas contra la administración de Abadía no prosperan.

El contralor se defiende recordando que él lideró la denuncia contra el exgobernador en el caso "del excesivo gasto en publicidad y la inconveniencia de las vigencias futuras". Y hay que tener en cuenta que la contralora general, Sandra Morelli, hace poco relevó a las contralorías del Valle y de Cali de las investigaciones que adelantaban contra Lourido.

Se necesitará que las investigaciones avancen para determinar si lo que hay es una saludable revelación de irregularidades o una batalla politiquera para sacarse los cueros al sol entre dos fuerzas: la que sigue al vicepresidente Angelino Garzón y la del PIN. O si lo que hay entre manos es una judicialización de la pugna por el poder o una politización de los organismos de control. La campaña apenas comienza y los dos bloques, ambos poderosos, han demostrado que están dispuestos a ganar como sea.