La película de Emanuel

En manos de un juez del Tribunal de Bogotá está una de las decisiones jurídicas más complejas de los últimos tiempos: abrir la puerta a la censura previa —en un país en que está prohibida— de la película Operación E o proteger los derechos de Emanuel, un niño que encarna la crueldad del secuestro.  El filme, dirigido por Miguel Courtois, cuenta “la historia de una mujer secuestrada por las Farc que da a luz a un niño en medio de la selva colombiana. En el momento del parto, la guerrilla le arrebata el bebé a su madre y se lo entrega a Crisanto… (El  hombre) y toda su familia se vuelca para salvarle la vida, que es también la suya”, reza la sinopsis de los productores. Aunque la publicidad no menciona el nombre de Emanuel y asegura que es un relato de ficción “basado en hechos reales”, a todas luces se refiere a la conmovedora historia del hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio. 

Rojas, quien hoy es directora de la Fundación País Libre, interpuso una tutela que en sus palabras “simplemente busca defender a su hijo como lo haría cualquier madre”. Agrega que Operación E más que ofenderla, le produjo un dolor profundo y que no quiere exponer la intimidad de Emanuel. Teme se afecte el derecho de su hijo al libre desarrollo de la personalidad y considera que quienes cuidaron a Emanuel, antes que ser heroicos, fueron cómplices de un delito de lesa humanidad como es el secuestro.

Sin embargo, los productores de Operación E piensan que el problema es otro. Con base en los emails revelados por La W radio alegan que la diferencia no es tanto de principios, sino económica. En uno de ellos Rojas dice: “Me parece que ya tenemos los términos generales para un acuerdo… Me gustaría que en todo caso reconsidere que el pago incluya no solo Colombia, sino todos los sitios donde transmitan la película”. La directora de País Libre reconoció que estaba en conversaciones para sacar su propia película por otro lado. “No me cabe en la cabeza que alguien negocie y luego demande”, dice el productor de la película, Farruco Castroman. Se queja además de que como cuatro jueces se inhibieron de conocer el caso, el fallo se ha demorado dándole tiempo a la piratería de que la reproduzca. La revelación de esas conversaciones le ha quitado algo de legitimidad a las pretensiones de Rojas, pero también ha alejado a la opinión del debate de fondo. En conflicto están dos derechos valiosos para la sociedad: la protección de los niños y la libertad de expresión. 

Ambas partes tienen algo de razón. Nadie duda que la vida de Emanuel sea cinematográfica, pero esto no significa que esta pueda publicarse sin restricciones. Y de otro lado, los niños tienen derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, y a que no se revele su identidad si son víctimas del conflicto armado. Las garantías en favor de los menores están en la Constitución que consagra que sus derechos “prevalecen sobre todos los demás”. 

La polémica no debería girar en torno a quién es el dueño de la historia de Emanuel pues como dijo Héctor Abad en una columna “una gran paradoja de los ‘derechos de autor’ es que uno es dueño de sus obras, pero no de sus actos ni de su vida”. Rojas evidentemente no tiene el monopolio de contar lo que le pasó a su hijo, pero sí tiene todo el derecho, e incluso el deber, de protegerlo para que no vuelva a ser víctima de la tragedia que vivió si esta se publica de nuevo. 

Hace algunos años, la Corte Constitucional tuvo que definir un caso similar. Shani y Maya, dos menores de edad, pusieron una tutela contra su madre, Sandra Fei Olvi para impedir la divulgación de un libro en el que ella contaba el drama de su divorcio. Las niñas sostuvieron que la difusión de ese problema las ponía muy nerviosas y afectaba sus estudios. Aunque los nombres de las niñas habían sido cambiados, el libro, ya publicado en Italia, fue prohibido en Colombia. 

El ex vice fiscal Juan Carlos Forero lo explica así: “Por más atractiva y cinematográfica que sea la vida de Emanuel, un cineasta no tiene inmunidad para contarla”. La diferencia con muchas películas –como las de la Segunda Guerra Mundial– es que tratan de personas que dejaron de ser niños, mientras Operación E es la historia de un pequeño que sigue siéndolo. Para Forero, la legislación busca proteger la infancia por encima de todo, incluso de sus propios padres. 

Quienes están en contra de la censura también tienen argumentos de peso. Y es que la libertad de expresión es el mejor termómetro para medir la democracia en un país. Por eso prohibir presentar una película sienta un precedente muy complejo. Para el escritor Santiago Gamboa las pretensiones de Rojas “le niegan la libertad a miles de espectadores adultos de ver un filme inspirado en un hecho histórico reciente… que se convirtió en uno de los símbolos de la ignominia de las Farc”. Martina García, protagonista de la película, considera que lo que irrespeta a los niños en Colombia es la propia realidad. “Ocultar el pasado no hace que este desaparezca. Es imposible eliminar los referentes del secuestro”. 

No solo la Constitución sino también tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben la censura previa. La Corte Interamericana condenó a Chile por haber prohibido la difusión de la película La última tentación del Cristo de Martin Scorsese, aun cuando ese país tenía una ley que lo permitía.

Los productores de Operación E  tenían previsto el estreno de la película en Colombia para el próximo mes. Abad resume en una historia personal el dilema que está a punto de resolverse.“Alguna vez me encontré ante una situación parecida: quise escribir la biografía del pintor Fernando Botero y al averiguar todo lo que pude sobre su vida me di cuenta de que si escribía ese libro estaría ante una disyuntiva insoluble: o ser mal biógrafo (al no contar todo lo que sabía sobre él) o ser mala persona (al revelar secretos de su vida íntima). Opté por no ser ni lo uno ni lo otro”. El juez que decida si le da la razón a Rojas o a los productores no tiene la misma posibilidad de hacerle el quite a esa decisión.