Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2010/09/09 00:00

"La persecución a San José de Apartadó es una política de Estado": padre Javier Giraldo

El investigador del Cinep lanzó "Fusil o Toga - Toga y Fusil", un libro que recoge la historia de la comunidad de San José de Apartadó en los últimos 13 años.

El Javier Giraldo S.J., es el autor del libro que compila trece años de historia de la Comunidad de Paz de San José de Aprtadó. Foto: Cortesía: Lasillavacia.com

Nadie como el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno para contar la historia de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Este investigador del programa para la paz Cinep, recopiló en casi 500 páginas la historia de esta comunidad, al noroccidente de Antioquia, que quiso marginarse de la violencia al rechazar la presencia de actores armados del conflicto, razón por la que han vivido en los últimos 13 años una historia de sangre y dolor que ha dejado niños asesinados, mujeres abusadas, hombres desterrados y un sinnúmero de injusticias de las que no se han podido recuperar.

El libro "Fusil o Toga - Toga y Fusil" que acaba de lanzar el padre Giraldo, recuerda episodios tan amargos como el asesinato de ocho personas de la Comunidad entre el 21 y 22 de febrero de 2005 a manos de paramilitares del Bloque Héroes de Tolová. Entre los masacrados había tres niños de 5 y 10 años, y un bebé de 18 meses. También lleva una cronología de las violaciones cometidas desde los 80 hasta hoy, e incluye un capítulo que explica el origen del título: “Es lo que los militares repiten por ahí como un estribillo: o los judicializamos o los matamos”.

Durante todo este tiempo, esta comunidad ha sido acusada por autoridades de colaborar con las Farc y el ELN. Gobernantes, fiscales, oficiales del Ejército y otras autoridades los han señalado de ser ilegales. Los han persuadido de mil formas para que permitan la presencia del Estado y les han pedido que se vinculen a los programas del gobierno como Acción Social. Sin embargo, dicen, prefieren seguir honrando a los muertos que les tocó poner por su causa y no volver a quedar en medio del fuego cruzado del paramilitarismo, el narcotráfico y los guerrilleros.

El padre Giraldo habló con Semana.com del estado actual de la comunidad, de un episodio que tiene que ver con las chuzadas del DAS y de sus expectativas frente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Semana.com: ¿Qué van a encontrar los lectores en "Fusil o Toga - Toga y Fusil"?

Padre Javier Giraldo: Allí va a encontrar una historia de 13 años de una comunidad perseguida. Es un relato de barbarie. La primera parte del libro son crímenes y crímenes. Cuando un mismo libreto se repite durante tanto tiempo, y durante varios gobiernos, y durante períodos que involucran a tantos comandantes de la Brigada 17, eso tiene que responder a una política de Estado. La segunda parte del libro es “Togas al servicio del fusil” que habla sobre los montajes contra la Comunidad, sobre la impunidad. Y la última es una crónica titulada “¿Qué es un miliciano?” que habla sobre la cacería a los supuestos ayudantes de la guerrilla que hay en la Comunidad de San José de Apartadó y que ha dejado una estela de muerte.

S:¿Cómo es la relación que hoy tiene la Comunidad de San José de Apartadó con los militares que están en la zona?

PJG:
La Brigada 17 nunca ha cambiado de actitud. La sentencia 317 de la Corte Constitucional los obligaba a redactar un manual con políticas claras del tratamiento que se le debía dar a la comunidad. Aunque se demoraron en hacerlo, lo hicieron. Sin embargo, existe sólo en el papel. Por ejemplo, el coronel Germán Rojas Díaz, del Batallón Voltígeros (de esa unidad militar) llamó a uno de los que había sido dirigente de la comunidad, Ricardo Areiza, y le dijo que si no le ayudaba a exterminar la comunidad lo iba a empapelar como financista del frente 58 de las Farc y como traficante de droga. Él se vino para Bogotá, fue al Ministerio de Defensa, denunció los hechos en la Fiscalía, lo escuchó el director de Fiscalías de Antioquia, pero no pasó nada.

S: ¿Cómo esperaría usted que se hiciera justicia en casos como este?

PJG: Los militares que han tenido que ver con estas violaciones nunca han sido tocados por la justicia. Hace pocos días, el paramilitar Raúl Hasbún (alias ‘Pedro Bonito’, de los paramilitares de Antioquia) dijo que todos los generales, desde Rito Alejo del Río hasta ahora, colaboraron con el paramilitarismo. ¿No hay allí una política de Estado? A pesar de que se elevaron tantas peticiones ante la Presidencia, ante la Fiscalía, y ante todos los órganos de control posibles, no ha pasado nada.

S: ¿Y usted no ha denunciado estos hechos ante las autoridades?

PJG: La denuncia se la hicimos al ex presidente (Álvaro) Uribe.

S: ¿Y ante autoridades judiciales?

PJG: No, porque hace varios años renuncié a denunciar formalmente. La impunidad me obligó a hacerlo. Cuando uno ve que presenta denuncias por centenares y no hay investigaciones, ni resultados, es muy triste. Lo único que se logra es que maten a los testigos, o los desplacen. Uno se pregunta ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me estaba haciendo casi responsable de la muerte de los testigos, y por eso dije “no más”.

S: Dentro del escándalo de las chuzadas se conoció que Martha Leal, ex subdirectora de Operaciones del DAS, dijo que en la entidad se fraguó un montaje en contra suya. ¿Qué sabe usted de esto?

PJG: Yo he intentado tener acceso a esa información para hacerme una idea sustentada en pruebas documentadas, pero ha sido imposible. Por otras fuentes comprobamos que había un video en el que nos señalaban de ser miembros del Frente Internacional de las Farc. Ese video lo repartieron soldados en Bogotá en el 2006, y tiempo después, de boca del ex director del DAS Andrés Peñate, conocimos que José Miguel de Narváez, ex subdirector del organismo, había sido el autor de ese video.

S: ¿Con la llegada del presidente Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño, ustedes tienen esperanza que las cosas cambien para la Comunidad de San José?

PJG: No. El ocupó el cargo de Ministro de Defensa en el anterior gobierno y fue destinatario de muchos derechos de petición en los que se pedía intervenir la Brigada 17 y nunca respondió de una manera efectiva. Siempre fueron evasivas.

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