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Entre los problemas más graves está también las deficiencias en la prestación de servicios de salud, de agua y saneamiento básico.

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La petición del Defensor del Pueblo a Santos

La entidad pide una intervención inmediata en las cárceles del país mientras se toman decisiones de fondo.

18 de marzo de 2013

El hacinamiento en las cárceles y la sistemática violación de los derechos humanos hizo que el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitara al Gobierno Nacional que se declare la emergencia social en los centros penitenciarios en el país.  

Según los datos recolectados por la Defensoría del Pueblo, en las instituciones penitenciarias y carcelarias el hacinamiento ronda el 52 % y en algunos casos, como la cárcel de Riohacha, asciende al 400 %.

Ya hay varios fallos que impiden el ingreso de presos en cárceles en Bogotá, Bucaramanga y Medellín, por lo que las URI de la Fiscalía se han convertido en centros de reclusión.

Según el defensor del Pueblo, el sistema carcelario está viviendo una crisis profunda en todo el país y así se lo dijo al presidente, Juan Manuel Santos. La declaración fue hecha en la instalación de las sesiones que adelantará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Medellín.

“Lo que se ha demandado del gobierno nacional es una política de choque o si es necesario acudir a la figura de la emergencia social consagrada en el artículo 215 de la Constitución Política para que disponga de las herramientas jurídicas que le permita enfrentar este problema que viene como un efecto dominó”.

Hoy el hacinamiento ronda el 52% en el país, sin embargo, la Defensoría ha constatado niveles hasta del 400%, como en el caso de Riohacha. Se han identificado graves problemas en el suministro de agua en Valledupar y La Dorada”.
 
Entre los problemas más graves que ha detectado la Defensoría está también las deficiencias en la prestación de servicios de salud, de agua y saneamiento básico.