Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2007/12/01 00:00

La piedra en el zapato

La presión política frente al tema de la revisión de carga en los puertos y aeropuertos del país llevaría al director de la Dian, Óscar Franco, a renunciar.

La piedra en el zapato

Más de un político, un empresario o un alto funcionario del gobierno estará feliz con la decisión de Óscar Franco de retirarse como director de la DIAN. Aunque su renuncia no ha sido oficializada, parece que no tiene reversa. El zar de los impuestos logró sobrellevar la difícil carga de recaudar nueve billones de pesos por encima de las metas que se había fijado y les dio un duro golpe a las finanzas de los acostumbrados evasores del país. Pero todo parece indicar que cuando estaba dispuesto a frenar de una vez por todas el contrabando, el comercio ilegal de armas, droga, divisas, productos tóxicos y dobles fondos, le pisó los talones a más de uno.

Hace tres años Franco decidió que la seguridad portuaria era una asunto crucial que la Aduana no podía ignorar. Para eso debía modernizar la revisión de la carga que entra y sale del país en contenedores. El año pasado se movilizaron 29 millones de toneladas, de las cuales, el 86 por ciento de esta carga se hizo a través de los puertos marítimos; el 11,4 por ciento por pasos de frontera, y sólo el 1,6 por ciento por aeropuertos internacionales.

Después de un arduo trabajo, la Dian concluyó que los equipos más adecuados para la inspección son los escáner de alta penetración que le toma una radiografía a la mercancía del contenedor, sin tener que abrirlo. El procedimiento dura unos tres minutos cuando actualmente cada revisión la hacen en cuatro horas.

Este tipo de escáner, hoy día, es obligatorio en la mayoría de los puertos del mundo después de los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Por eso, la Dian aspiraba a estar a la altura de la modernización internacional , más aun para afrontar la entrada en vigencia de tratados de libre comercio. La idea era adquirir los escáner por intermedio de una sola firma y que de manera integral y simultánea funcionara en todos los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. Las sociedades portuarias serían responsables de la instalación y la puesta en marcha de los equipos, que serían operados por la Policía antinarcóticos.

Además existía una gran preocupación.Hoy, sólo se está revisando el 3 por ciento de los contenedores que salen de puertos y un 18 por ciento de los que ingresan, y la idea de la Dian era lograr que este porcentaje subiera al 35 por ciento y se cobrara una tarifa por cada escaneo para garantizar la recuperación de la inversión. Y ahí fue Troya. Más de uno puso el grito en el cielo y la Dian se volvió un obstáculo para los intereses de políticos poderosos, para las sociedades portuarias y para algunos programas de competitividad del gobierno, que echó para atrás la licitación y el trabajo de la Dian se vino al piso.

Ahora, contrario a lo que quería Franco,el gobierno delegó la función de la Dian en las sociedades portuarias, algunas de ellas con intereses de políticos, que ya recibieron, el pasado viernes en Cartagena, las propuestas financieras y técnicas de siete empresas que ofrecen los escáner, entre ellas: L3 Communications, Rapiscan Systems, Smiths Detection y Nutech. El negocio está alrededor de los 30 millones de dólares para comprar nueve escáner para las sociedades portuarias: dos en Buenaventura, cuatro en Cartagena, dos en Santa Marta y uno en Barranquilla.."Yo tengo el 4 por ciento de una sociedad portuaria. Si sale el negocio, el valor de mi acción se multiplica por 20", le dijo a SEMANA un accionista que prefiere mantener su nombre en reserva.

Por eso la pugna por el negocio fue por lo alto. El 9 de octubre pasado el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, se declaró impedido por tener parientes en una sociedad portuaria. Cerca de 20 congresistas también tienen conflicto de intereses en los puertos privados pero, según el ministro de Hacienda ad-hoc, Juan Manuel Santos, con esta decisión se le reducen costos al Estado, se aumenta la agilidad en los procesos y se permite la competitividad. Por lo menos esos fueron los argumentos que les expuso a varios senadores que aspiran a realizarle un debate sobre el tema el próximo 2 de diciembre, fecha en que se sabrá quién dentro del gobierno nacional fue el que tomó la decisión de reversar el negocio de la Nación y dejarlo en manos de los particulares.

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