Lunes, 1 de septiembre de 2014

De ser halladas culpables, las cementeras podrían ser multadas hasta por 58.950 millones de pesos. Archivo particular

| 2013/08/22 16:10

La polémica del cemento: hablan Argos y Cemex

Las firmas hacen parte del grupo de investigados por, supuestamente, manipular el precio del material.

Hace tres semanas, la W Radio fue el escenario en el que se hicieron fuertes denuncias que señalaban a las principales productoras de cemento del país de haber creado y de mantener un oligopolio cementero. La polémica por el alto precio del cemento en Colombia y por la presunta forma inadecuada como este es regulado y regido aún no cesa y hoy enfrenta a las compañías líderes del sector ante un lío jurídico.   

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió este miércoles una investigación y formuló pliego de cargos contra cinco empresas productoras de cemento y 14 directivos de las compañías investigadas: Cementos Argos S.A., Cemex Colombia S.A., Holcim S.A., Cementos Tequendama S.A.S. y Cementos San Marcos S.A. Se les señala por la presunta infracción a las normas de libre competencia, realizada a partir de un probable acuerdo de fijación de precios y reparto de mercados entre dichos productores de cemento gris en Colombia.

Semana.com habló con Daniel Suarez Mejía, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cemex Colombia, quien dijo que la SIC no le ha notificado aún a la empresa sobre el pliego de cargos formulados en su contra, por lo que esta se abstiene de dar declaraciones a la prensa hasta el momento.

Suarez Mejía agregó que la compañía responderá con transparencia absoluta una vez sean bien informados y oficialmente notificados acerca de la situación. Por ahora, lo único que se atreve a decir el funcionario es que “no ha habido ningún tipo de acuerdo para fijar el precio del cemento; nos regimos bajo el libre comercio de oferta y demanda”.

Por su parte, Cementos Argos dice que no ha sido notificado respecto a la apertura de una investigación en su contra y que, por lo tanto, la empresa no puede pronunciarse sobre el caso. La cementera se limita a decir que no ha participado y no participa en ningún tipo de acuerdo de repartición de mercado ni definición de precios, ni en Colombia, ni en los demás mercados en los que compite.

Argos expresó que en el momento en que sea requerida información por parte de las autoridades competentes, la compañía defenderá sus derechos y actuaciones con todas las herramientas y la contundencia que la ley le permite.

Sandra Forero Ramírez, presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), dijo a Semana.com que el precio del cemento no se puede establecer por una o un grupo de compañías en particular. En palabras de la presidente gremial, en la actualidad el precio del cemento se forma bajo dos criterios básicos: la estructura de costos de su cadena productiva y la competencia entre las firmas que actúan en el mercado –independientemente de su participación, tamaño o región-.

Por otra parte, Forero Ramírez añadió que no se puede atribuir el crecimiento del déficit de vivienda al precio de un insumo específico. Y argumentó que, por el contrario, hay que tener presentes factores como la oferta y la demanda, los cuales inciden de forma directa sobre dicho déficit.

Como soluciones viables para los constructores colombianos, en vista del alto precio que registra el cemento –cuyo valor por tonelada en Colombia supera los 250 dólares-, Forero propone que el gremio apoye los avances que se han dado desde el Gobierno y la agenda industrial en lo referente a costos de transporte y energéticos, que afectan la mayoría de líneas fabricantes del país.

Aunque la presidente de Camacol sostuvo que en Colombia sí hay condiciones de libre mercado, señaló que es importante reconocer que la estructura del mercado de la construcción impone unas barreras naturales a la entrada de nuevos competidores, puesto que se requieren grandes inversiones de capital en plantas de producción, logística de distribución, manejo ambiental; entre otros aspectos.

Dado el caso que el proceso administrativo abierto por la SIC declare que sí existió violación a las normas de libre competencia por parte de las cementeras investigadas, este ente encargado de la protección al consumidor y de la libre y sana competencia, además de adoptar medidas para que cesen las presuntas conductas ilegales, podría imponer multas a dichas compañías hasta por cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que supone un total de 58.950 millones de pesos.

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