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| 8/19/2015 8:44:00 PM

La polémica queja contra Rafael Pardo y el ministro Iragorri

Como la Constitución prohíbe desempeñar más de un empleo público, piden investigar al candidato por haber sido alcalde encargado de Bogotá mientras se desempeñaba como ministro de Trabajo.

El país está en plena campaña política y, mientras los candidatos recorren sus ciudades y departamentos en busca del apoyo popular, paralelamente se presenta un fenómeno particular. Los despachos disciplinarios y judiciales se empiezan a llenar de quejas y denuncias contra aspirantes a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas.

El pasado martes llegó al despacho del procurador general, Alejandro Ordóñez, una queja tan particular como insólita en contra del candidato a la Alcaldía de Bogotá Rafael Pardo.

El ciudadano William Marmolejo Ramírez pidió al procurador investigar a Pardo por, presuntamente, haber violado el Código Disciplinario, la Ley 4 de 1992 y la propia Constitución del 91, al haber asumido, en calidad de encargado, la Alcaldía de Bogotá.

Los hechos por los que se pide esta investigación se remontan un año atrás, al 20 de marzo del 2014, día en que el gobierno nacional expidió el Decreto 570, con el que nombró a Pardo luego de hacerse efectiva la destitución de Gustavo Petro tras la sanción de la Procuraduría por el controvertido cambio en el esquema de recolección de basuras en la capital.

Pardo fue alcalde de Bogotá un mes, hasta que los Progresistas presentaron la terna para reemplazar oficialmente a Petro. Tras ese proceso fue nombrada María Mercedes Maldonado, quien solo duró 24 horas en el cargo pues las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), ratificadas por el Tribunal de Bogotá, obligaron al presidente de la República a restituir a Petro en la Alcaldía.

Según la queja, Pardo estaba presuntamente inhabilitado para asumir en encargo la Alcaldía porque en ese momento se desempeñaba como ministro de Trabajo.

Este argumento se sustenta en el artículo 128 de la Constitución, que señala: “Nadie podrá desempeñar más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público…”. Esa norma también la recoge el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, la misma que fija el salario de los funcionarios del Estado.

La presunta conducta irregular se desprende del artículo 2 del mencionado decreto presidencial, pues establece que Pardo asumirá en calidad de encargado la Alcaldía sin separarse de sus funciones como ministro de Trabajo.

También a Iragorri

La queja también vincula al actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, por ser el funcionario que firmó el decreto. En ese entonces, Iragorri se desempeñaba como ministro del Interior.

En la queja, Pardo e Iragorri son señalados  de una “falta gravísima” contemplada en el código disciplinario (artículo 48, numeral 17): “Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”.

Esta queja es bastante polémica, pues si la Procuraduría le da la razón al demandante, se podrían ver afectados los demás nombramientos, en calidad de encargo, a ministros del despacho.

Por ejemplo, el propio Iragorri, cuando se desempeñó como viceministro del Interior y también como alto consejero de la Presidencia para asuntos políticos, fue encargado de la Gobernación del Valle (de marzo a mayo del 2011), tras la destitución de Héctor Fabio Useche; de la del Magdalena (diciembre del 2010 a enero del 2011), tras la sanción contra Omar Diazgranados, y de la de Casanare (febrero-abril del 2011), tras la destitución de Raúl Flórez Chávez. O el caso de la María Fernanda Campo, quien en el 2010 fue alcaldesa de Bogotá mientras oficiaba como ministra de Educación, o por qué no, el más reciente, en que se encargó de la Gobernación de Cundinamarca al alto consejero para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, tras la renuncia de Álvaro Cruz.

En los próximos días la Procuraduría decidirá si admite o no esta queja y si hay motivos suficientes para la apertura de una investigación disciplinaria. Seguramente supondrá un intenso debate jurídico, pues a la luz de la Constitución, la queja podría prosperar. Lo curioso es que a pesar de los numerosos casos similares, una queja de esta naturaleza aparece en plena campaña política, cuando Rafael Pardo tiene amplias posibilidades de convertirse en alcalde de Bogotá.

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