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| 1/27/2015 10:45:00 AM

¿Quienes hayan sido guerrilleros pueden ser policías?

Ariel Ávila analiza las respuestas a esta pregunta que hoy es tema de discusión en Colombia.

El presidente de la república ha anunciado lo que, al menos, para expertos y analistas, era algo obvio; la creación de una Policía rural que deberá ponerse en funcionamiento una vez firmados los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las guerrillas del ELN y las FARC.

Una vez firmados los acuerdos de paz, el país tendrá, como mínimo, cuatro grandes temas que resolver en lo que a seguridad rural se refiere. Por un lado, el asunto de las economías ilegales. Las guerrillas, además de sacarles renta a estas economías, como la siembra de hoja de coca y la minería ilegal, ejercen una función de regulación del mercado, es decir, verifican que las deudas se cancelen, regulan el precio de la pasta base o de la onza de oro, e incluso controlan la convivencia en los caseríos donde la mercancía se comercializa. En últimas, ejercen un papel e administración de justicia que mantiene estos territorios en cierta calma. La pregunta, en este punto, es quién va a evitar una guerra entre criminales una vez las guerrillas dejen las armas. 

El segundo asunto a resolver se refiere directamente al futuro de los combatientes. Si bien los miembros de las guerrillas, a diferencia de los paramilitares, son mucho más rurales y con aspiraciones de una vida campesina, lo cierto es que algunos de ellos van a querer continuar en la vida militar o al menos van a tener aspiraciones de continuar con una alternativa de vida en lo militar. Algunos de ellos pasarán a las estructuras de seguridad que se creen luego de los acuerdos y cuyo objetivo es preservar las vidas de los comandantes guerrilleros. Muy similar a los esquemas de seguridad que se montaron bajo la coordinación del DAS para proteger las vidas de los jefes del M-19. Otros, por el contrario, podrían pasar a formar parte de una estructura militar más estable.

Un tercer asunto se refiere a la protección de las zonas donde los guerrilleros y sus familias  realizarán el proceso de incorporación a la vida legal y civil. Zonas que en su mayoría, y a diferencia del proceso de desmovilización paramilitar, son rurales. Además esta incorporación se realizará en municipios de categoría 6, en zonas del interior del país, donde la capacidad institucional es bastante baja. Incluso, se podría afirmar que los guerrilleros que salgan del conflicto y sus familias difícilmente dejarían que su seguridad esté en manos de quienes días antes eran sus enemigos a muerte. Este asunto no es menor, ya que los procesos de construcción de lazos sociales y de confianza son lentos y complicados entre sectores que durante años estuvieron en disputa. 

El cuarto asunto es un tema institucional. Se refiere a que la reforma a las Fuerzas Militares y  de la Policía no fue un punto en la agenda de negociación, lo cual tiene sus argumentos positivos y negativos. Es positivo: se evitaría que se produjera una situación como la de El Salvador, donde se desmanteló el aparato militar y el posconflicto, algunos años después, tuvo repercusiones negativas, el mejor ejemplo es lo que sucede hoy en día con las pandillas. Pero lo negativo es que al no discutirse la reforma, la paquidermia institucional evitará que rápidamente la fuerza pública cambie de paradigma de seguridad y por tanto no se inscribiría en una lógica de posconflicto, con lo cual algunos temas como marchas campesinas y protestas se seguirán manejando bajo la lógica de orden público. En todo caso, ni reforma, ni reestructuración, es la realidad bajo la cual se negoció en La Habana. 

Los anteriores retos descritos traen consigo la necesidad de pensar alternativas viables que permitan mitigar factores violentos. De ahí surge la idea de crear una Gendarmería o Policía Rural. Para el caso colombiano hay dos ejemplos importantes a seguir.

Por un lado, se encuentra el modelo de Guardia Nacional  de Estados Unidos. Este es un cuerpo militar de reserva que no opera de forma permanente, sino cuando este es convocado ante alguna amenaza militar o desastre natural. Este aparato fue reforzado en la época de la posguerra, ya que permitía al gobierno de Estados Unidos mantener controlados a los jóvenes que llegaban de la guerra y evitaban con eso que se produjeran actos de violencia. También mediante el control y seguimiento se evitaba que se crearan estructuras criminales locales. Este modelo, al no ser permanente, se podría desarrollar para pequeños municipios y algunas zonas pobladas.

 El otro modelo es el francés, básicamente desde el siglo XVI se creó un cuerpo policial  permanente con capacidad militar. Esta combinación de ser cuerpo policial y a su vez con capacidad militar sería ideal para el tema de control de las economías ilegales y protección de las zonas donde se producirá la dejación de armas, ya que puede cumplir función de patrullajes y vigilancia. Algo interesante de la Gendarmería francesa es que está en cabeza del Ministerio de Defensa, quien es el encargado de organizar su funcionamiento. Pero también está en cabeza del Ministerio del Interior y Justicia, quien se encarga de las atribuciones y misiones, es decir, la doctrina.

Así las cosas, en Colombia se despliegan dos alternativas: o bien se crea una tercera fuerza compuesta por miembros del Ejército y exguerrilleros que cumplirían funciones importantes durante la aplicación de los acuerdos, o bien se reestructuran parcialmente la Policía y las Fuerzas Militares, como por ejemplo, independizando y cambiando la doctrina y atribuciones de la  Dirección de Carabineros y  seguridad rural, convirtiéndola en una fuerza integral de seguridad rural. Pero la discusión no es fácil, actualmente Colombia tiene cerca de 500.000 hombres y mujeres en la fuerza pública y crear una nueva fuerza fácilmente significa aumentar en por lo menos 50.000 miembros los aparatos de seguridad, lo cual no es el mejor mensaje en épocas de posconflicto y menos con un fisco tan apretado. 

Ariel Ávila
Fundación Paz y reconciliación.

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