"La política es un medio eficiente para infiltrar el Estado"

E l economista e investigador Luis Jorge Garay coordinó para la Fundación Método un estudio sobre lo que, en términos atrevidamente sencillos, se podría etiquetar como la infiltración del crimen organizado en el Estado. La Corte Suprema de Justicia es protagonista positiva de algunas de sus conclusiones aunque, paradójicamente, Garay se refiere a ese proceso con el nombre de un mecanismo que la propia Corte empleaba para suplir vacantes: la cooptación.

Gustavo Gómez: ¿En qué consiste la cooptación del Estado?

Luis Jorge Garay: Es el ejercicio mediante el cual una persona o grupo, legal o ilegal, en provecho de su poder de influencia, intermedia ante el Estado para favorecer sus propios intereses. Dentro de la ley, un gremio por ejemplo está cooptando cuando, en el ejercicio de su poder de influencia, logra del Estado políticas sectoriales que le favorezcan en contra incluso del interés colectivo. A diferencia, en el caso de la ilegalidad se está frente al poder de grupos criminales organizados, en ocasiones en alianza con sectores legales, que buscan reconfigurar instituciones de un Estado para su provecho, a través del Estado mismo.

G.G.: Inevitable pensar en Pablo Escobar y su paso por el Congreso…

L.J.G.: Desde Carlos Lehder la mafia entendió que la política es un medio eficiente para infiltrar el Estado y la sociedad. Escobar logró asiento en el Congreso, pero se encontró con el contrapeso del liderazgo de Luis Carlos Galán, que se le interpuso en su estrategia política de cooptación.

G.G.: ¿Aprendió la mafia de ese error cuando penetró la campaña de Ernesto Samper?

L.J.G.: Mucho, tanto así que se planteó que participar abierta y visiblemente en política implicaba riesgos de exposición penal y social, y decidió avanzar en la financiación de partidos y campañas, y llegó al punto de intentar cooptar la agenda presidencial.

G.G.: ¿Quién fue el contrapeso en ese entonces?

L.J.G.: Hubo indignación en algunos sectores, pero la reacción determinante no provino de la sociedad ni tampoco hubo un liderazgo político definitivo como en el caso de Galán. El actor determinante fue extranjero: el gobierno de Estados Unidos.

G.G.: ¿Qué adelanto tuvieron en materia de infiltración los paramilitares frente a esas experiencias anteriores?

L.J.G.: El escenario era una agudización de la lucha contra la guerrilla, al punto de que con la participación activa de sectores de la legalidad y con la intervención de grupos ilegales, se establecieron ejércitos al margen de la ley. Entendieron que mafia sin dominio de territorio no alcanza el poder y mafia sin Estado no tiene razón de ser. A esos ejércitos los atravesó en su núcleo central el narcotráfico en su intención de cooptar al Estado, llegando incluso al Congreso, de manera que es posible hablar del fenómeno narcopara-político.

G.G.: ¿El objetivo era refundar el Estado?

L.J.G.: Su avance frente a Lehder, Escobar y el Cartel de Cali fue la consolidación de nuevos movimientos políticos con asiento regional, a través de alianzas fruto de intimidación pero, sobre todo, de intereses compartidos entre criminales y políticos para acceder al Legislativo y avanzar en la reconfiguración cooptada del Estado.

G.G.: ¿Qué papel juega la Corte Suprema de Justicia en este panorama?

L.J.G.: Es el poder de contrapeso por excelencia, primero en el escenario del concierto para delinquir del que se acusa a los narcopara-políticos, y, más tarde, constatando que al participar en pactos de reconfiguración del Estado coadyuvaron al uso de la fuerza que les costó la vida a unas 25.000 personas. Recientemente la Corte se arrogó la facultad de juzgarlos como autores de crímenes de lesa humanidad.

G.G.: ¿Lo hizo para evitar la impunidad?

L.J.G.: Es que estamos frente al paradójico escenario de que Estados Unidos, que fue contrapeso en épocas de Samper, ahora busca privilegiar sus intereses domésticos juzgando a los líderes paramilitares por narcotráfico, y subordinando a esos intereses crímenes de mayor categoría cometidos en Colombia. El riesgo de impunidad para los crímenes de lesa humanidad se disminuye con la posición actual de la Corte que, de paso, va sentando nueva jurisprudencia frente a la extradición.

G.G.: ¿No se excede en su tarea la Corte?

L.J.G.: En el caso del juicio a la narcopara-política, actúa absolutamente en derecho y no hay posibilidad de discutir su fuero para hacer estos juzgamientos.

G.G.: ¿Qué piensa de la dilación de la Corte para elegir fiscal?

L.J.G.: En la medida en que ha habido reelección, se ha ido perdiendo la sincronía de los pesos y los contrapesos de la Constitución. Una cosa es que el Presidente mande la terna y escoja la Corte cuando no ha habido reelección, y otra muy distinta en el caso actual. La Corte pretende nombrar la persona idónea, dada la alteración de pesos y contrapesos, para garantizar el equilibrio de poderes. Además, los procesos de cooptación todavía están latentes y se requiere una Fiscalía idónea y muy eficaz.

G.G.: El gobierno sostiene que estranguló al paramilitarismo. ¿Equivale a vendernos la idea de que vivimos una época de posconflicto?

L.J.G.: No la vivimos, porque, como le digo, la cooptación continúa.

G.G.: ¿Hay que desconfiar de los éxitos de la Seguridad Democrática?

L.J.G.: Hay avances evidentes, como el debilitamiento de las Farc, y efectividad en el desmonte de las cúpulas del narco-paramilitarismo. Pero en el nivel regional siguen los acuerdos con algunos sectores de la clase política y la delincuencia organizada se reagrupa como bandas emergentes. Todavía hay grupos armados que han creado "un nuevo orden social" en algunas regiones para provecho de ciertos actores legales.

G.G.: ¿Han sido un contrapeso efectivo los medios de comunicación?

L.J.G.: Hemos analizado los últimos 12 años y encontramos un permanente escrutinio de los hechos que se iban develando respecto al narco-paramilitarismo. Informaron, pero se quedaron cortos en la tarea de concitar amplios consensos en rechazo a procesos de esta naturaleza.

G.G.: ¿Qué consecuencias tendría otra reelección?

L.J.G.: Si se diera, se debería hacer simultáneamente un cambio integral para garantizar el adecuado sistema de pesos y contrapesos en la Constitución.

G.G.: ¿Cuál será el próximo escenario de cooptación?

L.J.G.: En la medida en que no se eliminen de raíz los elementos germinantes de esta etapa de cooptación, se transitará a otra con bases similares pero con procesos más sofisticados y nuevos actores en la búsqueda de un cambio de régimen. Los actores son accidentales, temporales y sustituibles.

G.G.: ¿Usted prefiere prohibirse el optimismo cuando piensa en el futuro de Colombia?

L.J.G.: Veo con realismo los profundos problemas que tenemos para desarrollarnos como verdadera democracia, pero soy optimista en que podamos reaccionar como sociedad. Falta mucho, eso sí, para llegar a la convicción de lo que es una verdadera justicia social y democrática.