Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2015/09/18 09:11

La ponencia que busca revivir la prisión perpetua

Trece congresistas de La U proponen levantar esa prohibición para castigar los delitos atroces.

La ponencia que busca revivir la prisión perpetua

Desde la Constitución del 91, y atendiendo a los principios de dignidad humana y proporcionalidad, Colombia pasó a ser parte del grupo de países que han prohibido la pena de muerte o la cadena perpetua.

Esa decisión de los constituyentes, que se ha respetado desde entonces, está a punto de ser modificada por el Congreso colombiano. En lo que no deja de ser un hecho sin antecedentes, 13 representantes a la Cámara del Partido de la U, propusieron levantar esa prohibición para que la prisión perpetua pueda formar parte de los instrumentos de sanción para las personas que trasgredan la ley.

La motivación para levantar esa prohibición no es otra que responder al reclamo de la sociedad, aseguran los parlamentarios, para imponer penas ejemplares a los autores de los "crímenes más atroces” y las "conductas más reprochables”. El proyecto está inspirado en los cientos de casos de agresión a menores de edad que aún se registran en el país, y fue presentado tras la masacre de cuatro menores de la familia Vanegas-Grimaldo, en zona rural de Florencia, hecho que causó escozor nacional a comienzos del presente año.

Esta semana, en la comisión Primera de la Cámara, el representante Óscar Fernando Bravo presentó ponencia favorable para levantar la prohibición de la cadena perpetua.

En la ponencia, el congresista Bravo asegura que lo que más indigna a la población es que muchos de los agresores de menores habían estado condenados, pagando unos pocos años de prisión intramural, y posteriormente dejados en libertad sin lograr una efectiva resocialización, lo que permitió posteriormente la comisión de gran cantidad de delitos, al mencionar el caso de Luis Alfredo Garavito.

También considera que el derecho, como objeto cultural que es, debe responder a las necesidades sociales, por lo que las normas deben estar a tenor con las realidades sociales: “Es evidente que actualmente la sociedad reclama con ahínco una mayor severidad en el trato a los delincuentes de nuestro país, lo que justifica la eliminación de la prohibición de la pena de prisión perpetua”.

El principal escollo de la iniciativa es que se trate de una sustitución de la Carta Política. En la ponencia se advierte que ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, “en ningún evento establece la prohibición de imponer penas de prisión perpetua”. Así mismo, el Estatuto de Roma permite la prisión perpetua cuando lo justifique la extrema gravedad del crimen. “Salta a la vista cómo este tipo de medida coercitiva es aceptada a nivel internaciona, y no puede ser considerada una medida que afecte o vaya en contra de la dignidad de las personas”.

La pena de prisión perpetua es aceptada por gran cantidad de Estados como Argentina, Canadá, España, Holanda, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Suiza, Austria, Bélgica, Dinamarca, Perú y Chile, por mencionar algunos.

El proyecto sólo pretende borrar dos palabras del artículo 34 de la Constitución “prisión perpetua”, pero de ser aprobado, no significa que se establezca de forma inmediata, sino que está habilitando al Congreso para que de manera excepcional (no aplicará para todos los casos) haga uso de esta herramienta y defina para qué delitos se puede aplicar. La ponencia será discutida la próxima semana en primer debate.

El antecedente

A diferencia de este proyecto, en el año 2009 se presentó en el Congreso un proyecto de referendo, respaldado por 1,8 millones de firmas, para que se le consultara a los colombianos si se establecía la prisión perpetua a los responsables de homicidio doloso, violación, explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de edad. La iniciativa fue aprobada, pero la Corte Constitucional la tumbó por vicios en el trámite legislativo.

Posteriormente, la senadora Gilma Jiménez, quien llegó al Congreso con el respaldo 211.000 votos, en buena parte por su propuesta de la cadena perpetua, promovió un proyecto, pero no fue acompañado por el Gobierno.

Un concepto del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria consideró que se trataba de una iniciativa “inviable”, que representaba una forma de “populismo” o “demagogia punitiva” y que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales”.

De aquel concepto hizo parte Yesid Reyes, en calidad de experto. Hoy, en su condición de ministro de Justicia, deberá sentar la posición del Ejecutivo. El presidente Juan Manuel Santos anunció recientemente su respaldo a la iniciativa, como un homenaje a la fallecida Gilma Jiménez. 

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