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| 7/25/2014 12:00:00 AM

La primera universidad de la Justicia en Colombia

La Fiscalía creó la primera institución universitaria para capacitar a sus investigadores y a personal externo.

La Fiscalía General de la Nación acaba de formalizar su apuesta más ambiciosa en los últimos años. El pasado 7 de julio y en presencia de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, se anunció oficialmente la creación de su propia universidad.

Con la instalación del Primer Consejo Directivo de la Universidad Conocimiento e Innovación para la Justicia de la Fiscalía General de la Nación, y la posesión de su rector, César Augusto Solanilla, se puso en marcha el proyecto de educación más grande en el que la Fiscalía haya trabajado.

“La creación de la universidad es la columna central de la modernización de la Fiscalía. Hace parte de una gran apuesta para tecnificar la Fiscalía General de la Nación, como iniciamos un gran proceso de capacitación en nuevas tecnologías. Hemos contado con el apoyo del presidente de la República, de la ministra de Educación y ya está el proceso de aprobación de todos los programas que tendrá”, afirmó el fiscal general, Eduardo Montealegre. El proyecto arranca con una inversión de alrededor de 20.000 millones de pesos.

La universidad es pública, lo que “facilitará el acceso y garantizará unas bajas tarifas y cómodos planes de financiación”, comentó Solanilla a SEMANA. Según la Fiscalía, se pretende beneficiar inicialmente a cerca de 16.000 integrantes de la entidad entre fiscales y funcionarios del CTI. Sin embargo, también estará abierta para otros servidores públicos y particulares.

La universidad se especializará en el área de criminalística y empieza con un pregrado, dos especializaciones y varios cursos y diplomados.

El pregrado es en Tecnología en Investigación Criminal y Criminalística, con lo que se busca desmitificar la idea de que un tecnólogo es un profesional de segundo nivel. Según Solanilla, en muchos países de Europa los programas tecnológicos fueron los que ayudaron a soportar la crisis económica. Las clases teóricas se darán en simultánea con prácticas dentro de la Fiscalía. Los posgrados son en Litigio Penal y Argumentación Jurídica.

Una de las preocupaciones de la Fiscalía ha sido la amplia oferta ‘subterránea’ de cursos y carreras en criminalística, a los que muchos ingresan debido a sus bajos costos y pensando que podrán trabajar en el CTI, pero luego de invertir dinero y tiempo en ello se dan cuenta de que su título no es certificado por el ministerio y que no es útil a la hora de presentarse a las convocatorias de la Fiscalía.

Uno de los objetivos de la universidad es subsanar este vacío. Más adelante habrá programas para formación de peritos, la cual en la actividad es empírica y se aprende a medida que se trabaja en Medicina Legal o el CTI.

El centro educativo funcionará en la antigua sede de Aquimindia del DAS. Se está diseñando una para la formación de peritos forenses en el municipio de Chía y se analiza un contrato con Supernotariado para una sede contigua al búnker donde funciona la Fiscalía. Habrá sedes en Ibagué y Barranquilla, y un campus en el municipio de Cajicá.

La universidad planea firmar alianzas con centros educativos en las regiones para su programa tecnológico en investigación criminal, y no está entre sus planes competir con los programas que se ofrecen en las universidades, por lo cual no ofrecerá un pregrado en Derecho, según han dicho tanto el rector como el fiscal.

“Tenemos dos grandes retos: poner al día la eficiencia del sistema penal y responder al proceso de paz con el desarrollo de la justicia transicional”, concluye Solanilla. Todo un desafío para la que es la primera ‘universidad de la Justicia’ no solo en Colombia, sino también en América Latina.
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