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| 10/23/2015 6:47:00 PM

El 'despelote' que denuncia la Procuraduría

Según la Procuraduría, muchos ciudadanos podrían quedarse sin votar por la forma como se han resuelto los casos de trashumancia. Preocupa la falta de información en la Registraduría.

La Procuraduría no se quedó callada ante la manera como las autoridades electorales han venido resolviendo los casos de presunta trashumancia.  A su juicio, podrían ser muchos los colombianos que se quedarán sin votar injustamente, debido a la manera como las autoridades electorales han actuado para combatir la trashumancia.
 
Para ella, si bien urgían medidas rápidas y efectivas para evitar el ya tradicional trasteo de votos, es evidente que se terminó castigando a personas que inscribieron sus cédulas en otros lugares de Colombia, no por ser trashumantes, sino porque cambiaron su lugar de residencias. De ahí la preocupación de la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales de la Procuraduría, María Eugenia Carreño, por la inminente violación del derecho al sufragio que padecerían muchos ciudadano de manera injusta.
 
Recordó que las registradurías y el Consejo Nacional Electoral fueron advertidos oportunamente sobre la necesidad de atender con urgencia las reposiciones, acciones de tutela y demás recursos que presentaron los ciudadanos afectados por su decisiones. La respuesta a este pedido, dice, es preocupante.
 
Según afirmó, en las registradurías locales existe una total desinformación alrededor de cuántos y qué tipo de recursos han presentado los votantes para ejercer su derecho al sufragio. Además, solo a última hora el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ha sido notificado de 773 tutelas frente a las cuales solo en 114 casos ha entregado una respuesta favorable, es decir, revocando la anulación de las inscripciones.
 
“Estamos de acuerdo con un combate a la trashumancia, pero bien hecho (…) Hay manera de corregirlo, pero hoy se nos siguen reportando situaciones de personas a las que no se les ha resuelto su situación”, explicó María Eugenia Carreño, invitando a las autoridades electorales a establecer el registro de cuántos recursos se han interpuesto y cuántos fueron resueltos realmente.
 
Para ella, si bien los trashumantes deben ser vistos como “piratas de la democracia”, los métodos para combatir su presencia no pueden generar efectos colaterales en contra de quienes sí han decidido acogerse a sus reglas. Para ella, estas equivocaciones fueron producto de una acción deficiente de cruces de información en la consulta de distintas bases de datos. “Pagaron justos por pecadores y, en esa medida, lo que hay que hacer es seguir reversando la invalidación de las cédulas de las personas que acrediten ser residentes en el municipio”.
 
A juicio de Carreño, no se puede aceptar que la tarea se cumpla solo hasta donde alcance; es necesario garantizar que todos los colombianos tengan la garantía de ejercer su derecho al voto. Hoy, dice, no existe la menor claridad ni exactitud respecto a esos recursos. "Ni más faltaba que una persona tenga una tutela a su favor y no pueda votar el día domingo", afirmó.
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